La Justicia de Florida emitió una orden de arresto contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas civiles estadounidenses en 1996, un ataque que dejó cuatro muertos y provocó una de las mayores crisis diplomáticas entre Washington y La Habana. El fiscal general estatal, James Uthmeier, anunció este lunes 19 de octubre la acusación por conspiración para cometer asesinato en primer grado. La decisión introduce una nueva vía judicial contra el antiguo gobernante cubano, que ya enfrenta cargos federales por el mismo episodio y cuya eventual detención dependerá de factores políticos, territoriales y jurídicos todavía sin resolver.
La orden fue firmada por la jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, y establece que Castro deberá permanecer detenido sin derecho a fianza si llega a ser arrestado bajo este procedimiento. La investigación atribuye al exmandatario, entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, un papel decisivo dentro de la estructura militar que autorizó el ataque. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida sostiene que agentes de inteligencia cubanos participaron en la preparación de la operación desde territorio estadounidense. Ese elemento permite comprender por qué Florida reclama competencia para investigar un crimen ejecutado sobre aguas internacionales.
El origen del expediente se encuentra en el 24 de febrero de 1996, cuando tres aeronaves Cessna de Hermanos al Rescate despegaron del aeropuerto de Opa-Locka para realizar una misión sobre el estrecho de Florida. La organización, fundada por exiliados cubanos, desarrollaba actividades de localización y asistencia a personas que abandonaban la isla en embarcaciones precarias. Dos aviones fueron destruidos por misiles disparados desde cazas MiG de la Fuerza Aérea cubana, mientras el tercero consiguió regresar. Murieron Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. La controversia internacional se concentró en la ubicación de las aeronaves y en la utilización de armamento militar contra aparatos civiles desarmados.
La dimensión internacional del ataque quedó documentada durante las investigaciones posteriores. Un informe presentado ante Naciones Unidas en 1997 examinó el derribo y recordó la intervención de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), encargada de investigar las circunstancias del incidente. La posición cubana se apoyó en denuncias sobre anteriores incursiones aéreas y presuntas violaciones de su soberanía, pero los antecedentes documentados muestran que esa controversia no resolvía la cuestión fundamental: si existía justificación legal para destruir aeronaves civiles sin recurrir a procedimientos de interceptación y advertencia. La ubicación del ataque fuera del espacio aéreo territorial cubano constituye una pieza central de la interpretación jurídica estadounidense.
Today, we announced that our office secured a state arrest warrant for communist dictator Raúl Castro, charging him with Conspiracy to Commit First-Degree Murder for the Feb 24, 1996, shootdown of two unarmed Brothers to the Rescue aircraft over international waters. Raúl Castro ordered the pre-meditated, state-sanctioned murder of four Floridians in cold blood. Florida will never stop pursuing accountability for Carlos Costa, Pablo Morales, Mariode la Peña, and Armando Alejandre Jr. https://t.co/Z9G8Zm39mI
— Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) October 19, 2026
La actual acusación de Florida incorpora una línea de investigación relacionada con la denominada Red Avispa, una estructura de espionaje cubana que operó en Estados Unidos durante la década de 1990. Según la declaración jurada utilizada por la fiscalía estatal, agentes de esa red se infiltraron en Hermanos al Rescate, recopilaron información sobre los vuelos y transmitieron datos que contribuyeron a preparar la llamada Operación Escorpión. La investigación sitúa algunas de esas actividades en los condados de Miami-Dade y Monroe. La hipótesis de los fiscales es que el derribo respondió a una conspiración organizada, con participación de responsables de inteligencia y autoridades militares, y no exclusivamente a una decisión tomada por los pilotos que ejecutaron el ataque.
El punto más delicado del procedimiento consiste en demostrar la participación individual de Castro dentro de esa cadena de mando. La fiscalía sostiene que el exministro impartió instrucciones que permitían derribar aeronaves consideradas hostiles sin consultar nuevamente a las autoridades superiores. Esas declaraciones forman parte de las pruebas que deberán ser sometidas a control judicial. El antecedente inmediato se produjo el 20 de mayo de 2026, cuando el Departamento de Justicia estadounidense anunció una acusación federal ampliada contra Castro y otros cinco implicados. Aquella presentación incluyó cargos relacionados con asesinato, destrucción de aeronaves y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses. La orden estatal de octubre no reemplaza ese expediente, sino que incorpora una actuación penal independiente.

La coexistencia de procedimientos federales y estatales introduce una diferencia relevante en el alcance político de la ofensiva judicial. Las autoridades de Florida consideran que mantener una causa propia puede preservar una vía de persecución penal independientemente de las decisiones futuras del Gobierno federal. Un eventual indulto presidencial, por ejemplo, no extinguiría automáticamente una condena o acusación bajo legislación estatal. Sin embargo, esa autonomía no significa que Florida disponga de mecanismos internacionales independientes para detener al acusado en cualquier territorio. La posibilidad de ejecutar una orden contra Castro dependerá de la cooperación entre autoridades estadounidenses y gobiernos extranjeros, además de los requisitos que establezca cada sistema judicial.
El principal obstáculo sigue siendo la permanencia del exgobernante en Cuba. Castro, quien presidió el país entre 2006 y 2018 y dejó la dirección del Partido Comunista en 2021, no se encuentra bajo custodia estadounidense. Mientras permanezca en territorio cubano, Florida carece de medios legales para ejecutar directamente la orden. Una eventual salida hacia otro país podría generar solicitudes de cooperación o extradición, pero la existencia de tratados con Estados Unidos no garantiza por sí sola su entrega. Las autoridades del Estado requerido deberían examinar la documentación, los delitos imputados y las condiciones jurídicas aplicables. En determinados escenarios también podrían plantearse controversias sobre inmunidades, doble incriminación y garantías procesales.
La respuesta del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, confirma que el expediente continúa siendo un punto de confrontación diplomática entre ambos países. El mandatario rechazó la orden de arresto y la presentó como una actuación de motivación política, vinculada con la presión que Washington ejerce sobre La Habana. La reacción se produce mientras Estados Unidos mantiene una política de restricciones económicas y financieras contra el régimen cubano. No obstante, la disputa política no sustituye el examen de las pruebas judiciales: los fiscales deberán demostrar la participación de Castro en los hechos, mientras la defensa tendría derecho a cuestionar los documentos, testimonios y fundamentos de competencia utilizados para sostener la acusación.

La nueva orden también debe interpretarse dentro de una ofensiva más amplia contra las estructuras del poder cubano. Durante 2026, Washington amplió distintas medidas destinadas a restringir las actividades financieras y comerciales de entidades vinculadas con el Estado. La persecución penal de Castro actúa en un plano diferente: busca determinar responsabilidades personales por un episodio concreto, ocurrido tres décadas antes de las sanciones actuales. Esa distinción importa porque los mecanismos económicos pueden modificarse por decisiones administrativas, mientras que una acusación penal requiere procedimientos específicos y control judicial. Ambos instrumentos aumentan la presión sobre La Habana, aunque sus objetivos, exigencias probatorias y posibilidades de ejecución no son equivalentes.
Treinta años después del derribo, el caso vuelve a plantear una pregunta sobre la capacidad de la Justicia estadounidense para alcanzar a antiguos dirigentes extranjeros acusados de ordenar operaciones militares contra civiles. Para las familias de los cuatro fallecidos, la nueva actuación mantiene abierta una posibilidad de responsabilidad penal que durante décadas pareció remota. Para Florida, el siguiente desafío será sostener jurídicamente la acusación y buscar mecanismos viables para ejecutar la orden. La investigación continúa activa y las autoridades no descartan nuevas imputaciones. La diferencia entre una orden de arresto y un juicio efectivo sigue siendo decisiva: mientras Castro permanezca fuera del alcance de los tribunales estadounidenses, el expediente avanzará sin garantizar una comparecencia, una sentencia ni una resolución definitiva.