El Gobierno nacional presentó una propuesta para regularizar las diferencias de recaudación que reclaman las empresas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y anunció mejoras en el esquema de compensaciones que reciben las prestadoras.
La iniciativa contempla un plan de pago en tres cuotas, una actualización de los costos reconocidos desde octubre y cambios en los mecanismos de cálculo de los subsidios, en medio del conflicto que llevó a las compañías a reducir progresivamente las frecuencias de sus servicios.
La propuesta fue presentada por la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, durante una reunión con representantes de las cámaras empresarias del sector. El encuentro se realizó este martes después de que las compañías advirtieran que el desfasaje entre los ingresos previstos y la recaudación efectiva comprometía su capacidad para afrontar gastos operativos, entre ellos la compra de combustible.
Las empresas estiman que las diferencias acumuladas ascienden a unos $40.000 millones.
Uno de los principales puntos abordados durante la reunión fue el reclamo de las empresas por las diferencias entre la recaudación que el Estado había estimado para el sistema y los ingresos que efectivamente obtuvieron por la venta de boletos.
Frente a ese planteo, la Secretaría de Transporte presentó una propuesta de regularización mediante un esquema de pago en tres cuotas. Según el comunicado oficial, la alternativa busca dar una respuesta a los importes reclamados y, al mismo tiempo, compatibilizar las necesidades financieras de las compañías con una administración ordenada de los recursos públicos.
Las autoridades no detallaron en el comunicado el cronograma de desembolsos ni precisaron cuándo se abonaría cada cuota.
El Gobierno señaló que el plan se complementará con las mejoras en las compensaciones mensuales que comenzaron a contemplarse desde octubre. El objetivo es incrementar los ingresos reconocidos a las prestadoras y darles mayor previsibilidad para organizar sus gastos.

Durante la reunión, que se extendió durante una hora y media, los funcionarios presentaron una actualización de la estructura de costos reconocida para la prestación de los servicios, vigente desde octubre.
Ese mecanismo es central para el funcionamiento económico del transporte automotor de pasajeros, porque establece los valores que se toman como referencia para calcular los recursos que necesitan las empresas para operar y las compensaciones que reciben del Estado.
La Secretaría de Transporte informó que el esquema contempla actualizaciones progresivas destinadas a acompañar la evolución de los costos operativos. También anticipó una revisión de los parámetros utilizados para calcular los subsidios y modificaciones en los componentes vinculados con los costos laborales y de seguridad.
Otro de los puntos abordados fue la incorporación de previsiones salariales para los próximos meses, incluidos los compromisos correspondientes al cierre de 2026 y al comienzo de 2027.
Según el comunicado oficial, las medidas buscan corregir diferencias acumuladas y mejorar los procedimientos de pago. La intención es reducir la incertidumbre financiera que afecta a las empresas al momento de afrontar sus obligaciones corrientes.
No obstante, el Gobierno todavía deberá presentar el detalle de las actualizaciones previstas. La Secretaría anticipó que esa información será expuesta en una nueva reunión de trabajo durante la próxima semana, antes de la siguiente liquidación de compensaciones.

La negociación se desarrolla en medio de un conflicto que afecta a los colectivos de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del conurbano bonaerense.
Las cámaras empresarias habían advertido que el desfasaje de ingresos dificultaba sostener los niveles habituales de operación. Entre los problemas señalados por las compañías se encuentran las dificultades para comprar combustible, afrontar los salarios y cubrir los gastos de mantenimiento de las unidades.
De acuerdo al reclamo, las diferencias de recaudación acumuladas entre junio y septiembre rondan los $40.000 millones. Las empresas sostienen que los ingresos proyectados por el sistema fueron superiores a los que finalmente obtuvieron y que ese faltante no fue compensado oportunamente.
A raíz de esa situación, las compañías anunciaron una reducción progresiva de las frecuencias desde el lunes 19 de octubre, con un impacto inicial en los servicios nocturnos.
La reunión con el Gobierno busca encontrar una salida que permita atender el reclamo económico sin comprometer la continuidad del servicio.
El conflicto comprende servicios de jurisdicción nacional que operan en el AMBA y conectan la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires. La nómina difundida por el sector incluye más de un centenar de líneas, entre ellas la 8, 15, 21, 28, 37, 39, 45, 60, 86, 92, 100, 111, 126, 152, 168, 176 y 195.
Estar incluida en el listado significa que la línea está alcanzada por el reclamo empresarial, pero no implica necesariamente que todas sus unidades circulen con frecuencias reducidas durante toda la jornada.
Por ese motivo, los usuarios deben tener en cuenta que la disponibilidad puede variar según la empresa, el recorrido y la franja horaria. Mientras se desarrolla la negociación, las eventuales demoras y los cambios en los intervalos entre colectivos siguen siendo una posibilidad.
La cuestión es especialmente relevante para quienes utilizan los servicios nocturnos o necesitan combinar distintos recorridos para llegar al trabajo, estudiar o regresar a sus hogares.

El conflicto también vuelve a poner en discusión la relación entre las tarifas que pagan los pasajeros, los costos operativos de las empresas y los subsidios que aporta el Estado.
Según los datos incluidos en el comunicado de la Secretaría de Transporte, el boleto mínimo pasó de $52,96 en diciembre de 2023 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%.
A pesar de esa suba, el sistema continúa dependiendo de las compensaciones estatales para cubrir parte de los costos reconocidos de prestación. La tarifa abonada por los usuarios y los recursos públicos conforman así dos componentes centrales del financiamiento del transporte.
En ese contexto, el Gobierno sostuvo que busca mejorar las condiciones económicas del servicio sin que cada aumento de los costos se traduzca necesariamente en una nueva suba del boleto.
Del encuentro participaron el secretario de Transporte de la Nación, Mariano Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; y representantes de las cámaras empresarias CETUBA, CTPBA, CEAP y AAETA.