Tensión gremial
20/10/2026 - Edición Nº1351
Política
Reforma laboral
Indemnizaciones por despido: el cambio de Milei que vuelve a demorar todo
20/10/2026 | El Gobierno postergó hasta diciembre el Fondo de Asistencia Laboral y duplicó de seis a doce meses el plazo para utilizar los aportes.
El Gobierno modificó el calendario del Fondo de Asistencia Laboral, creado por la reforma laboral para financiar obligaciones vinculadas con los despidos.
por Redacción NewsDigitales
El Gobierno de Javier Milei volvió a postergar la puesta en marcha del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los mecanismos centrales de la reforma laboral. A través del Decreto 1228/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, fijó el inicio del régimen para el 1° de diciembre y extendió de seis a doce meses el período mínimo antes de que los fondos puedan utilizarse.
Es la segunda postergación del sistema, creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802. La implementación estaba prevista inicialmente para junio y luego había sido trasladada al 1° de noviembre. La nueva modificación cambia tanto el calendario de puesta en marcha como las condiciones para disponer de los recursos acumulados.
El decreto fue firmado por Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Caputo. La decisión apunta, según el Ejecutivo, a completar los procedimientos necesarios para que el mecanismo pueda comenzar a funcionar.
Por qué se volvió a postergar el fondo
El Gobierno justificó la demora en la necesidad de terminar los desarrollos informáticos, definir los procedimientos operativos y coordinar el funcionamiento entre los organismos públicos y las entidades privadas que administrarán los recursos.
El esquema funcionará mediante Fondos Comunes de Inversión abiertos y fideicomisos financieros, bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Su puesta en marcha requiere herramientas específicas para administrar los aportes y controlar el funcionamiento del sistema.
Según los considerandos del decreto, la ampliación de los plazos también respondió a pedidos de entidades del sector financiero. La Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), la Cámara Argentina de Fideicomisos y Fondos de Inversión Directa en Actividades Productivas (CAFIDAP) y la Cámara de Agentes de Bolsa (CADAB) solicitaron más tiempo para completar las adecuaciones necesarias.
Qué cambia con los doce meses de carencia
La modificación más importante está en el plazo durante el cual los recursos deberán permanecer acumulados antes de poder utilizarse. La reglamentación anterior establecía una carencia de seis aportes mensuales; ahora serán necesarios doce meses completos y consecutivos.
El plazo se contará desde el primer mes en que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) registre una contribución efectivamente integrada por el empleador.
El Ejecutivo argumentó que seis meses no permitían reunir un patrimonio inicial suficiente para garantizar la solvencia, la liquidez y la capacidad de pago de los fondos. Con la extensión, los aportes se acumularán durante el primer año, pero no podrán utilizarse para cubrir las obligaciones previstas por el régimen hasta que se cumpla el período de carencia.
El impacto en el Presupuesto 2027
La postergación también modifica el calendario considerado por el equipo económico al elaborar el Presupuesto 2027. Durante la presentación del proyecto en Diputados, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, había estimado que la puesta en marcha del FAL reduciría los recursos de la seguridad social en el equivalente a 0,23 puntos del PBI.
La estimación respondía a que los aportes destinados al fondo se descontarían de las contribuciones patronales que actualmente recibe la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). El cálculo inicial contemplaba que el régimen comenzaría a funcionar en noviembre, por lo que la nueva fecha obliga a revisar ese cronograma.
A quiénes alcanza el régimen
El FAL será obligatorio para los empleadores privados de todo el país, con las excepciones previstas en la ley. Quedarán excluidos los empleos públicos de los ámbitos nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En la implementación participarán el Ministerio de Economía, la Secretaría de Trabajo, la CNV y ARCA. Con el nuevo decreto, el Gobierno busca completar las condiciones operativas antes de habilitar el sistema, mientras la puesta en marcha vuelve a quedar sujeta a un calendario que ya sufrió dos modificaciones.
