Los reclutaban con falsas ofertas de trabajo y los amenazaban con armas: nueve detenidos por trata de personas

La promesa era conseguir un empleo en el campo, pero detrás de las ofertas laborales se escondía una presunta organización dedicada a la trata de personas. Los trabajadores eran reclutados en Santa Fe, trasladados hasta un establecimiento rural de Pilar y, una vez allí, les quitaban sus documentos y los sometían a extensas jornadas de trabajo bajo amenazas con armas de fuego.

La investigación de la Policía Federal Argentina (PFA) permitió rescatar a cuatro ciudadanos argentinos y detener a nueve sospechosos, entre ellos ocho personas de origen asiático. Los procedimientos se realizaron en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde los investigadores identificaron los distintos eslabones de la estructura.

El caso comenzó a partir de una denuncia presentada por el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) a través de la Línea 145, destinada a recibir información sobre posibles situaciones de trata de personas.

La presentación advertía sobre las condiciones en las que se encontraban trabajadores de un establecimiento dedicado a la producción de hortalizas en Pilar. A partir de esa información, el juez federal de Campana Adrián González Charvay, con intervención de la Secretaría N° 3, a cargo de Máximo Castrillo, ordenó una investigación que quedó en manos del Departamento Trata de Personas de la PFA.

Según la reconstrucción policial, la organización tenía una distribución de tareas definida. Uno de sus integrantes se ocupaba de conseguir trabajadores mediante propuestas laborales engañosas, mientras que otro organizaba los traslados desde Santa Fe hasta el predio bonaerense.

El engaño quedaba al descubierto cuando las víctimas llegaban a destino. Allí eran alojadas en viviendas de extrema precariedad y obligadas a realizar tareas físicas extenuantes vinculadas con la cosecha y producción de verduras.

Los investigadores también establecieron que los responsables del establecimiento retenían la documentación personal de los trabajadores y, de acuerdo con la hipótesis judicial, utilizaban armas de fuego para intimidarlos y evitar que abandonaran el lugar.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó allanar el predio ubicado sobre la calle El Pial, en Pilar. Durante el operativo, ocho sospechosos intentaron escapar por la parte posterior de la propiedad, pero fueron interceptados por los agentes federales.

Entre los detenidos había seis hombres —cinco ciudadanos chinos y un argentino— y dos mujeres de nacionalidad china. En el mismo procedimiento fueron rescatados los cuatro trabajadores, quienes recibieron asistencia de profesionales de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata.

En el establecimiento se encontraron una escopeta calibre 12/70, dos revólveres de calibres 32 y 22, un rifle de aire comprimido, municiones y vainas servidas. También fueron secuestrados 21.000 dólares, más de 20 millones de pesos, una máquina contadora de billetes, dispositivos electrónicos, teléfonos celulares y una camioneta que habría sido utilizada para trasladar a las víctimas.

La pista que condujo hasta Santa Fe

El procedimiento en Pilar permitió avanzar sobre otro integrante de la presunta organización. El análisis de la documentación secuestrada llevó a los investigadores hasta una vivienda ubicada sobre la calle 3, en la localidad santafesina de Antonio Obligado.

Según la pesquisa, desde ese domicilio operaba uno de los principales responsables de captar trabajadores mediante las falsas propuestas laborales.

Con esa información, el juzgado federal dispuso un allanamiento de emergencia y solicitó la colaboración de la División Unidad Operativa Federal Resistencia de la PFA.

El operativo terminó con la detención de un ciudadano taiwanés señalado como el encargado del reclutamiento. En la vivienda se incautaron dinero de Taiwán, un teléfono celular y documentación migratoria que será analizada en el marco de la causa.

De esta manera, la investigación permitió reconstruir el circuito que, según la acusación, comenzaba con la captación de trabajadores en Santa Fe y terminaba con su explotación en establecimientos rurales bonaerenses.

Los nueve detenidos, todos mayores de edad, quedaron a disposición del Juzgado Federal de Campana, imputados por el delito de trata de personas. La investigación continúa para determinar el alcance de las maniobras y las responsabilidades de cada uno de los involucrados.