por Redacción NewsDigitales
El abogado penalista Marcelo Biondi, con más de dos décadas de trayectoria y participación en causas de gran repercusión pública, fue entrevistado por Aldana San José para la sección Judiciales de El Living de NewsDigitales. Durante la conversación, realizó un diagnóstico crítico sobre el funcionamiento de la Justicia argentina, cuestionó la falta de recursos y advirtió sobre las diferencias de trato que pueden existir entre los ciudadanos según su situación económica.
“Yo creo que la Justicia tiene dos grandes problemas. Primero, la infraestructura, la falta de recursos”, sostuvo el especialista, quien aclaró que estas dificultades se arrastran desde hace años y atraviesan distintas administraciones. También señaló deficiencias en la formación y selección de funcionarios judiciales, además de cuestionar determinadas prácticas que, según su experiencia, se alejaron de los principios constitucionales.
Uno de los momentos centrales de la entrevista estuvo dedicado al principio de igualdad ante la ley. Biondi consideró que el artículo 16 de la Constitución Nacional no siempre se refleja en las decisiones judiciales y sostuvo que existen diferencias en las respuestas que reciben personas involucradas en situaciones similares.
“Si es alguien que no tiene recursos, va a tener una respuesta y si es una persona adinerada va a tener otro trato”, afirmó. Sin embargo, aclaró que también influyen el tipo de delito, la jurisdicción y los criterios de los funcionarios que intervienen en cada expediente.

El abogado también cuestionó el uso de la prisión preventiva cuando no existen elementos concretos que permitan acreditar riesgos procesales. “La mayoría de las prisiones preventivas que se dictan en la Argentina no están realmente fundamentadas como marca la ley”, aseguró, y advirtió que la gravedad del hecho investigado o la expectativa de una pena elevada no deberían ser, por sí solas, razones suficientes para mantener detenida a una persona antes de una condena.
Biondi analizó además la influencia que puede tener la exposición pública sobre investigaciones penales. Según explicó, algunos jueces y fiscales mantienen sus criterios independientemente de la repercusión de una causa, mientras que otros pueden cometer errores por la presión mediática.
“He visto fiscales en casos con mucha repercusión que han cometido errores gravísimos”, expresó. Entre las consecuencias mencionó demoras en las investigaciones y vulneraciones de derechos constitucionales. No obstante, destacó que la publicidad de los procesos judiciales también cumple una función de control sobre el desempeño de los funcionarios.
En ese contexto, cuestionó que determinadas irregularidades no siempre deriven en sanciones disciplinarias. También señaló que, en ocasiones, los periodistas acceden a información antes que los abogados de las partes, una situación que consideró problemática cuando esos datos provienen de organismos judiciales.
Otro de los ejes de la conversación fue el crecimiento de la inseguridad urbana y la necesidad de adoptar políticas públicas que permitan prevenir delitos graves. Biondi sostuvo que el endurecimiento de las penas no constituye, por sí mismo, una solución y reclamó una estrategia integral que incluya recursos, capacitación y mejores condiciones para las fuerzas de seguridad.

“El sistema no está preparado para reparar, para recuperar a nadie, para resocializar a nadie”, manifestó al referirse a las unidades penitenciarias. Según su análisis, muchas personas que cumplen condenas vuelven a delinquir después de recuperar la libertad, por lo que consideró necesario revisar las condiciones de detención y los mecanismos de reinserción social.
El especialista también propuso fortalecer las tareas de inteligencia de campo para anticiparse a los hechos delictivos. “El derecho penal llega después del delito”, recordó, al señalar que la prevención requiere una intervención más amplia del Estado y no puede quedar limitada a la actuación posterior de jueces y fiscales.
Durante la entrevista, Biondi cuestionó los cambios en los planes de estudio universitarios y consideró que parte de los nuevos profesionales no recibe una preparación suficiente para afrontar determinadas exigencias de la práctica judicial. “Hoy en día me parece que largan muchos abogados a la calle donde tampoco hay el caudal de trabajo para todos”, señaló. Además, advirtió sobre los bajos salarios ofrecidos a jóvenes profesionales y reclamó una mayor intervención de los colegios de abogados en la defensa de las condiciones laborales.
Para el penalista, la ética profesional también resulta indispensable para recuperar la confianza social. “El abogado tiene que ser un profesional que se maneje con ética con el cliente, con ética con el colega”, sostuvo, y defendió el derecho a percibir honorarios acordes con la responsabilidad y la preparación que exige la profesión.
Consultado sobre qué cambios impulsaría en el sistema, Biondi señaló como prioridad la modificación de los mecanismos de selección de jueces y de los integrantes de los jurados de enjuiciamiento. En ambos casos, propuso ampliar la participación ciudadana, aunque advirtió que deberían establecerse garantías para evitar prácticas de manipulación política.

También manifestó preocupación por las vacantes en los tribunales superiores y por la cantidad de juzgados que funcionan con magistrados subrogantes. Según explicó, estas situaciones dificultan la resolución de expedientes y profundizan la sobrecarga de trabajo.
Finalmente, advirtió sobre la necesidad de acompañar las reformas penales con infraestructura y presupuesto, especialmente aquellas que afectan al régimen de responsabilidad penal juvenil. “Está bueno que si hay cambios se puedan adaptar también con el presupuesto adecuado para que mejoren la situación”, expresó.
Más allá de las cuestiones estrictamente judiciales, Biondi recordó su participación en causas de gran repercusión, entre ellas la investigación por la muerte de Melina Romero, y habló sobre el impacto que tuvo la exposición mediática en su vida personal. Incluso recordó los clubes de admiradoras que surgieron durante su participación en el caso Ángeles Rawson.
“No me arrepiento de ninguno”, aseguró al ser consultado sobre los casos que aceptó a lo largo de su carrera. También destacó la importancia de mantener una relación de confianza con los clientes y de separar las responsabilidades profesionales de las cuestiones personales.
En el cierre, adelantó que existe la intención de recuperar La Cúpula del Derecho, el programa que combinaba debates jurídicos con contenidos artísticos. Aunque todavía no confirmó una fecha, señaló que el ciclo podría regresar durante los próximos meses o el año siguiente, mientras reafirmó su interés por continuar participando en espacios de análisis y discusión pública.