por Redacción NewsDigitales
La Justicia federal de Rosario avanzó sobre una organización narcocriminal que habría movilizado grandes cantidades de cocaína y utilizado la violencia para sostener sus negocios. Sin embargo, el hombre señalado como su principal responsable continúa prófugo. Se trata de Diego Nicolás Blanco, de 27 años, conocido como “Pippo”, sobre quien pesa un pedido de captura y una recompensa de 10 millones de pesos. Los investigadores también lo vinculan con el secuestro y asesinato de un joven cuyo cuerpo apareció semienterrado en un campo.
La investigación sumó en las últimas horas nueve nuevos imputados y ya alcanza a 13 personas acusadas de participar en una estructura dedicada al transporte, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes. Según la Fiscalía, la organización operaba desde principios de 2022 en Rosario, Fray Luis Beltrán, Capitán Bermúdez y otras localidades del sur santafesino.
Durante una audiencia ante el juez federal de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz, el fiscal coadyuvante Franco Benetti describió a la banda como una “empresa criminal violenta”. La definición estuvo acompañada por una serie de pruebas que permitieron reconstruir operaciones con importantes cantidades de droga, movimientos financieros y la presunta participación de algunos integrantes en delitos de extrema gravedad.
Uno de los datos más relevantes de la investigación surgió del análisis de comunicaciones y operaciones económicas atribuidas a Blanco. De acuerdo con la Fiscalía, durante noviembre de 2025 el presunto jefe narco habría entregado 160.000 dólares y 135.000 pesos a cambio de 66 kilos de cocaína.

Los investigadores también encontraron indicios de que, entre el 16 y el 18 de diciembre de ese año, la organización adquirió y comercializó más de 20 kilos de la misma droga.
La pesquisa comenzó en 2025 como desprendimiento de otra investigación sobre un clan criminal que introducía grandes volúmenes de cocaína procedente de Bolivia. El seguimiento de un Renault Kwid permitió detectar movimientos sospechosos en una vivienda de Fray Luis Beltrán, donde se observaron traslados de bolsos y mochilas.
El 19 de diciembre de 2025, las fuerzas de seguridad interceptaron el vehículo e identificaron a Blanco y a una mujer. Aunque el sospechoso fue demorado en aquella oportunidad, posteriormente logró escapar y permanece prófugo.
El análisis de teléfonos celulares, cuentas bancarias y billeteras virtuales permitió identificar a otros participantes de la estructura y detectar transferencias de dinero que tenían como destinatario al presunto jefe de la banda.
La investigación adquirió otra dimensión cuando aparecieron conexiones entre la organización y el asesinato de Gastón Montenegro, de 25 años.
Según la hipótesis de la Justicia provincial, el joven fue secuestrado el 29 de junio en Capitán Bermúdez y trasladado a una vivienda de Fray Luis Beltrán que también habría sido utilizada para almacenar y distribuir estupefacientes.

Cinco días después, el 4 de julio, su cuerpo fue encontrado semienterrado en un campo de la localidad de Serodino. Tenía dos disparos en la cabeza.
El fiscal Benetti sostuvo que Blanco fue identificado como presunto partícipe de ese episodio. La investigación del homicidio continúa en manos del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, mientras que la Justicia federal avanza sobre las actividades vinculadas al narcotráfico.
La conexión entre ambas causas permitió establecer posibles relaciones entre los integrantes de la banda y reconstruir una estructura que, según los investigadores, había experimentado un rápido crecimiento.
Los procedimientos realizados en Rosario y localidades cercanas permitieron secuestrar nueve armas de fuego, entre ellas una pistola ametralladora, un fusil y una escopeta, además de aproximadamente mil municiones de distintos calibres.
En uno de los departamentos investigados, señalado como centro operativo para la distribución de cocaína, marihuana y LSD, se encontraron balanzas y 3,1 millones de pesos en efectivo.
De los nueve nuevos imputados, ocho fueron acusados de tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, mientras que al restante se le atribuyó tenencia de drogas con fines de comercialización. Dos también enfrentan cargos vinculados con armas de fuego.
El juez dispuso prisión preventiva por 180 días para tres acusados y por 90 días para otros dos. Tres cumplirán arresto domiciliario con vigilancia electrónica, mientras que una mujer recuperó la libertad bajo reglas de conducta.
La causa continúa abierta y los investigadores todavía intentan identificar a otros posibles integrantes. Mientras tanto, Blanco sigue siendo la principal pieza que falta en una investigación que combina narcotráfico, movimientos millonarios y un crimen de características mafiosas.