El Gobierno tiene quorum y la oposición busca dar el batacazo en una sesión clave

La Cámara de Diputados tendrá este miércoles una sesión especial en la que el oficialismo buscará avanzar con su agenda legislativa, mientras la oposición intentará aprovechar las diferencias por dos temas sensibles: discapacidad y endeudamiento familiar. Con el quorum encaminado, el debate comenzará a las 12 y podría extenderse hasta la madrugada del jueves.

Después del fracaso de la sesión opositora de la semana pasada por falta de quórum, La Libertad Avanza llega con mejores perspectivas para ordenar el debate. Sin embargo, la posibilidad de reunir a los legisladores necesarios para abrir el recinto no garantiza que el Gobierno consiga todos los votos para aprobar sus iniciativas.

“Ellos tienen que garantizar el quorum y nosotros el debate”, resumió una diputada nacional de Unión por la Patria, al describir la estrategia de la oposición. La intención es disputar cada proyecto y buscar acuerdos para avanzar con propuestas que respondan a los reclamos de las organizaciones de discapacidad y de las personas con problemas para afrontar sus deudas.

El temario comenzará con el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que modifica el régimen de expropiaciones y desalojos y ratifica la vigencia de la Ley de Tierras. La iniciativa introduce una definición particular dentro de la agenda del Gobierno, que desde el inicio de su gestión impulsó la desregulación de distintas actividades económicas.

También se debatirá un proyecto transversal sobre trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, entre ellos el fentanilo, luego de la tragedia sanitaria provocada por ampollas contaminadas. La propuesta fue trabajada por Silvana Giudici, Victoria Tolosa Paz y la exlegisladora Mónica Fein. A su vez, el recinto tratará una iniciativa para endurecer las penas por vandalismo rural.

Discapacidad y deudas, los dos debates que ponen a prueba al Gobierno

Uno de los principales focos de conflicto será la política de discapacidad. El oficialismo buscará aprobar su dictamen, que incorpora beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero elimina el carácter de emergencia y transitoriedad para establecer un régimen permanente. La propuesta recibió modificaciones tras negociaciones con Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

La oposición reclama extender la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Argumenta que esa prórroga permitiría exigir mayor celeridad judicial para resolver las 324.303 solicitudes de pensión pendientes y reclamar las compensaciones adeudadas a los prestadores. También cuestiona los requisitos para acceder a las prestaciones, la posibilidad de suspender pensiones mediante cruces de datos y la falta de garantías suficientes sobre el financiamiento del sistema.

Otro de los puntos de disputa es la deuda con los prestadores y el atraso arancelario, que la oposición cifra en un 30,67%. Los bloques que promueven la prórroga aseguran contar con el respaldo del Consejo Federal de Discapacidad, organizaciones del sector, asociaciones de prestadores y transportistas y la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal.

El panorama es menos previsible en el debate sobre morosidad familiar. El dictamen de mayoría, firmado por La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, pone el foco en mejorar la información que reciben los usuarios al tomar créditos, pero no establece límites a las tasas de interés ni un mecanismo específico de refinanciación para quienes atraviesan situaciones críticas de endeudamiento.

En contraposición, Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica impulsan la denominada Ley de Regularización y Alivio Financiero. El proyecto propone declarar la emergencia durante 180 días y habilitar planes de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con una mora superior a 60 días y deudas de hasta dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2, equivalentes a $3.265.010, según los valores consignados en la iniciativa. Además, establece que la cuota no podrá superar el 30% de los ingresos del deudor.

La sesión pondrá a prueba los acuerdos que el oficialismo construyó con los bloques dialoguistas para garantizar el quórum y sostener sus dictámenes. Mientras el Gobierno apuesta a convertir esa ventaja inicial en resultados legislativos, la oposición buscará capitalizar los reclamos sociales y conseguir modificaciones o apoyos que le permitan dar el batacazo en el recinto.