Dictadura: 20 acusados enfrentan un juicio histórico por secuestros, torturas y asesinatos

Casi medio siglo después de los hechos, 20 exintegrantes del Ejército y de las policías Federal y de Córdoba comenzaron a ser juzgados por secuestros, torturas, asesinatos y delitos sexuales cometidos durante el terrorismo de Estado. El proceso judicial busca reconstruir el funcionamiento del aparato represivo que operó en Río Cuarto y otras localidades del sur cordobés entre 1975 y 1978.

El debate comenzó ante el Tribunal Oral Federal N.º 1 de Córdoba y representa un acontecimiento histórico para la región: por primera vez, un juicio de estas características abordará de manera integral la actuación coordinada de las fuerzas militares, policiales y de inteligencia que participaron de la represión ilegal en esa zona de la provincia.

La causa principal comprende 63 hechos que tuvieron como víctimas a 70 personas, aunque al debate también se incorporaron otros expedientes. Entre los afectados se encuentran numerosos estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), una institución que estuvo bajo vigilancia y fue escenario de persecución política durante aquellos años.

Los acusados deberán responder por su presunta participación en privaciones ilegales de la libertad, tormentos, homicidios, abusos sexuales y violaciones. Nueve de ellos llegan por primera vez a juicio por delitos de lesa humanidad, mientras que otros ya recibieron condenas en procesos anteriores.

El circuito del horror en el sur de Córdoba

Uno de los principales objetivos del juicio será reconstruir cómo funcionaba el entramado represivo desplegado en Río Cuarto y su zona de influencia, donde distintas dependencias estatales fueron utilizadas, según la acusación, para mantener personas secuestradas y someterlas a torturas.

Entre los establecimientos investigados figuran la delegación local de la Policía Federal Argentina, ubicada en Lamadrid 389; la Unidad Regional Sur de la Policía de Córdoba, en Belgrano 50; y el Batallón de Arsenales José María Rojas, situado en Holmberg.

Este último establecimiento funcionó como sede de la Subárea militar 3115, posteriormente denominada Área 315, desde donde se ejercía el control territorial y se articulaban las acciones de las fuerzas que integraban el dispositivo represivo.

La investigación también contempla los traslados de víctimas hacia otros centros de detención de la provincia, como La Perla, Campo La Ribera, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) y la Unidad Penitenciaria N.º 1.

El juicio permitirá examinar las responsabilidades de integrantes de las fuerzas policiales, el Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren, la Infantería Aerotransportada, la Policía Militar y la estructura de mando del Ejército.

Entre los acusados se encuentra Ernesto Barreiro, conocido como "Nabo", quien ya fue condenado en otras causas vinculadas con el terrorismo de Estado en Córdoba.

La persecución a estudiantes y docentes universitarios

Una de las particularidades del proceso es el peso que tuvo la represión sobre la comunidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Según la investigación, estudiantes, docentes y trabajadores no docentes fueron objeto de tareas de inteligencia, vigilancia y persecución por sus actividades políticas, sociales y gremiales.

La acusación incluye episodios de secuestros ocurridos dentro de la propia universidad, además de operativos desplegados en otros puntos de la ciudad.

El debate también permitirá revisar el papel de las instituciones judiciales durante aquellos años. De acuerdo con el requerimiento fiscal, numerosas víctimas fueron investigadas por el Juzgado Federal de Río Cuarto por presuntas infracciones a la Ley de Seguridad Nacional 20.840, mientras que otras quedaron sometidas a la justicia militar.

En distintos casos, las personas detenidas denunciaron las torturas que habían sufrido. Sin embargo, según la investigación, no quedaron constancias de actuaciones judiciales destinadas a esclarecer esos hechos.

Un juicio que llega después de décadas de espera

El tribunal está integrado por las juezas Carolina Prado, quien lo preside, y María Noel Costa, junto con el juez Julián Falcucci.

La investigación principal fue impulsada por los fiscales Carlos Gonella, Facundo Trotta y María Laura Bazo Queirolo, quienes presentaron el requerimiento de elevación a juicio en junio de 2025.

Originalmente, el proceso contemplaba 24 acusados, pero cuatro fallecieron o quedaron apartados por razones de salud antes del inicio del debate.

Durante la primera audiencia se leyeron los requerimientos de elevación a juicio. La mayoría de los imputados participó de manera presencial o por videoconferencia, mientras que Juan Eduardo Molina debió ser trasladado a un centro de salud tras sufrir una descompensación.

Algunos acusados rechazaron los cargos, aunque durante la jornada no se registraron declaraciones sustanciales sobre los hechos investigados.

Se trata del vigésimo juicio por delitos de lesa humanidad desarrollado en Córdoba desde la reanudación de estos procesos judiciales tras la anulación de las leyes de impunidad.

Su realización llega después de años de investigaciones, reclamos de organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas.

A diferencia de otros debates centrados en los grandes centros clandestinos de detención de la capital cordobesa, este proceso permitirá reconstruir específicamente la organización de la represión ilegal en Río Cuarto y el sur provincial.

Está previsto que parte de las audiencias se realice en la propia ciudad de Río Cuarto, donde la comunidad universitaria, las organizaciones de derechos humanos y los familiares de las víctimas acompañaron durante años el reclamo de justicia.

Casi cinco décadas después, el juicio abre una nueva instancia para establecer responsabilidades penales por los crímenes del terrorismo de Estado y avanzar en la reconstrucción judicial de lo ocurrido en el sur de Córdoba.