Escándalo ANDIS: un medicamento pasó de $92 mil a $4 millones y apuntan a Suizo Argentina

La investigación por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial con una acusación de enorme impacto económico: un medicamento adquirido por $92.000 habría sido vendido al organismo estatal por más de $4 millones, en el marco de un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios públicos, empresarios y al menos 15 droguerías.

El dato surge de un dictamen de más de 300 páginas presentado por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quienes solicitaron la declaración indagatoria de los principales directivos de Suizo Argentina, entre ellos Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

Según la hipótesis de los investigadores, la compañía habría logrado ejercer una influencia determinante sobre el funcionamiento de la ANDIS, interviniendo en las compras de medicamentos de alto costo, la selección de proveedores, la fijación de precios y hasta la administración de los pagos.

La magnitud económica de las operaciones es uno de los aspectos centrales del expediente. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, Suizo Argentina recibió órdenes de compra por $137.118 millones, una cifra equivalente a cerca del 30% de las erogaciones totales del organismo durante el período investigado.

Para la fiscalía, no se trató únicamente de posibles sobreprecios en contrataciones públicas, sino de un presunto mecanismo mediante el cual una empresa privada habría condicionado decisiones de una agencia estatal encargada de garantizar prestaciones esenciales para personas con discapacidad y enfermedades graves.

De $92 mil a más de $4 millones: el caso que expone la fiscalía

Uno de los episodios más llamativos incorporados al dictamen involucra un medicamento utilizado para tratar la esclerosis múltiple. De acuerdo con la reconstrucción fiscal, Suizo Argentina habría adquirido el producto a un costo de $92.000 por unidad y posteriormente lo comercializó a la ANDIS por valores que oscilaron entre $3.870.392 y $4.063.912. La diferencia representa un precio de venta de hasta 42 veces el costo de adquisición, según los cálculos incorporados a la investigación.

Los fiscales también señalaron que, en mayo de 2024, el mismo medicamento había sido adquirido por la agencia a otra droguería por $281.400. Apenas dos meses después, el organismo lo compró a Suizo Argentina por más de $4 millones.

En el expediente aparece una comunicación atribuida al gerente de la División Tratamientos Especiales de la compañía, quien habría dado instrucciones sobre el precio de comercialización.

“[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”, señala uno de los mensajes citados por los investigadores.

Para la acusación, este episodio constituye un ejemplo del funcionamiento del presunto sistema de sobreprecios. Los fiscales describieron los valores abonados por la agencia como “precios irracionales” y cuestionaron la ausencia de una competencia efectiva entre los proveedores.

La acusación: una empresa que habría controlado las compras de ANDIS

La presentación judicial sostiene que Suizo Argentina no solo habría obtenido contratos millonarios, sino que también habría intervenido en decisiones internas del organismo.

“Las decisiones institucionales de la ANDIS eran tomadas por la Suizo Argentina S.A. en coordinación con los altos funcionarios a cargo”, afirmaron los fiscales en el dictamen.

Según la investigación, el mecanismo habría funcionado mediante dos acuerdos paralelos: uno entre empresarios y funcionarios para acceder anticipadamente a información sobre las compras públicas, y otro entre la droguería y distintas empresas proveedoras para coordinar ofertas y distribuir adjudicaciones.

La fiscalía identificó otras 14 droguerías que habrían participado del esquema.

Los investigadores sostienen que Suizo Argentina recibía información anticipada sobre medicamentos requeridos por el organismo, precios y procedimientos de contratación. Con esos datos, presuntamente podía establecer qué compañía resultaría adjudicataria de cada operación.

La acusación también apunta al manejo de los pagos como una herramienta para condicionar a los proveedores.

Entre los elementos incorporados figura un mensaje atribuido a Pablo Atchabahian, señalado como operador vinculado a la compañía, dirigido a Daniel Garbellini, exfuncionario de la ANDIS. “Frena y dormí los pagos de Dihemo lo más que se pueda, están jugando mal”, expresa la comunicación citada por la fiscalía.

Para los investigadores, esa instrucción refleja cómo las demoras en los desembolsos habrían sido utilizadas para ejercer presión sobre las empresas que no se ajustaban al presunto acuerdo.

Los Kovalivker, Spagnuolo y las nuevas indagatorias

El avance de la causa también alcanza a los principales responsables de Suizo Argentina.

Los fiscales solicitaron la indagatoria de Jonathan Kovalivker, presidente de la compañía, y Emmanuel Kovalivker, vicepresidente, junto con otros directivos y responsables de distintas áreas de la firma.

Entre ellos aparecen Diego Viner, Sebastián Nuner Uner, Gonzalo Zarbo y Fernando Domínguez.

La presentación también incluye pedidos para citar a empresarios vinculados con las otras droguerías investigadas y ampliar las declaraciones indagatorias de Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Andrés Horacio Arnaudo.

Uno de los nuevos elementos incorporados involucra directamente al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo. Según la fiscalía, Calvete habría gestionado y financiado un viaje del exfuncionario a Israel entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024, incluyendo pasajes aéreos, alojamiento y asistencia al viajero.

Los investigadores consideran que esos gastos podrían haber formado parte de presuntos pagos indebidos vinculados con las contrataciones del organismo.

Otro aspecto de la investigación apunta a Droguería Génesis S.A., señalada como una posible empresa intermediaria utilizada para comercializar medicamentos con incrementos superiores al 200%.

Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, esa firma recibió adjudicaciones por más de $34.066 millones, de acuerdo con los datos incluidos en la presentación judicial.

La advertencia de los fiscales sobre las personas con discapacidad

Más allá de los montos millonarios y las responsabilidades que busca establecer la Justicia, el dictamen dedica una parte de sus conclusiones al impacto que las presuntas maniobras habrían tenido sobre quienes dependen de la asistencia estatal.

Los fiscales remarcaron que los fondos investigados estaban destinados a la adquisición de medicamentos e insumos para personas con discapacidad y pacientes con enfermedades graves.

En ese sentido, cuestionaron la idea de que los delitos de corrupción afectan únicamente al patrimonio del Estado. “Se suele sostener que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta, pero el caso ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera, ya que tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias”, afirmaron.

La presentación también señala que las presuntas irregularidades habrían comprometido recursos destinados a garantizar tratamientos indispensables, especialmente para personas de bajos ingresos.

“Las víctimas observan cómo funcionarios públicos corruptos y empresarios inescrupulosos se apoderan del dinero que les pertenece”, expresaron los investigadores al describir las consecuencias sociales de las maniobras denunciadas.

Con los nuevos pedidos de indagatoria, la causa ingresa en otra etapa de investigación sobre el funcionamiento de las contrataciones públicas y los vínculos entre funcionarios y proveedores.

Las acusaciones deberán ser evaluadas por la Justicia y las responsabilidades individuales todavía deben determinarse. Mientras tanto, el expediente pone bajo examen el destino de miles de millones de pesos destinados a garantizar el acceso a medicamentos y tratamientos de personas con discapacidad.