Violencia de género: una ley para terminar con las demoras de los jueces

El Poder Ejecutivo de Santa Fe dio un paso clave para reconfigurar el circuito de protección a las víctimas de violencia de género. A través de un extenso proyecto de ley de 89 artículos enviado a la Cámara de Senadores, la gestión de Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni busca obligar a la Justicia a dar respuestas inmediatas, eliminando las trabas burocráticas que suelen desproteger a quienes denuncian.

La gran novedad de la propuesta aparece en su artículo 26, donde se establece formalmente la "actuación urgente". Este mecanismo derriba el clásico pretexto de la incompetencia territorial o de fuero: a partir de su aprobación, cualquier juez que reciba o se entere de un caso de violencia de género estará obligado a dictar medidas de protección al instante, sin importar si la causa le corresponde o no.

Esta intervención prioriza la seguridad de la víctima por encima del papeleo. Una vez que el magistrado asegura el resguardo de la persona, tiene la obligación de derivar el expediente al juzgado correspondiente sin dilaciones. Mientras tanto, las medidas tomadas siguen firmes hasta que el nuevo juez disponga lo contrario.

Adiós a las mediaciones

El proyecto marca un límite claro al prohibir de manera taxativa las audiencias de mediación o conciliación entre la víctima y el agresor, entendiendo que no existe un plano de igualdad para negociar en estos contextos.

Por otra parte, para evitar que las mujeres tengan que peregrinar contando su historia una y otra vez, el plan contempla el diseño de un Registro Digital Único. Esta plataforma será interoperable y funcionará bajo el control del Poder Ejecutivo, permitiendo que cualquier organismo público consulte el historial de denuncias y antecedentes de los involucrados en tiempo real.

Menos exigencias y más recursos económicos

Otro pilar de la reforma es el principio de mínima carga procesal. Esto significa que ninguna persona se quedará afuera del sistema por no contar con un abogado al momento de denunciar; la falta de patrocinio letrado ya no será una excusa para frenar las medidas de amparo urgentes.

Finalmente, el Estado santafesino asumirá el financiamiento de la emergencia mediante la creación del Fondo Provincial de Asistencia Urgente para Personas Protegidas. El dinero de este fondo se ejecutará de forma directa para resolver lo más urgente: pagar traslados seguros, garantizar un hotel o refugio temporal, y reforzar la seguridad en las viviendas de las víctimas.