La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en general, la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Es el proyecto del gobierno de Javier Milei que cambia las reglas para desalojar a inquilinos e intrusos y pone límites a las expropiaciones del Estado.
La votación terminó 124 a 119, con 6 abstenciones, poco después de las 16.20. La sesión había empezado a las 12.20 con 132 diputados en sus bancas. Dieron quórum La Libertad Avanza (LLA), el PRO, la UCR y bloques provinciales aliados.
Diputados le hizo cambios al texto que llegó del Senado. El principal es que devuelve la plena vigencia a la Ley de Tierras. Por eso el Capítulo 4 vuelve a la Cámara alta para su sanción definitiva. Todavía no es ley.
La oposición llamó “desalojo exprés” al capítulo que cambia los juicios para recuperar una vivienda o un terreno. Modifica el Código Procesal Civil y Comercial y el Código Civil y Comercial de la Nación. Estos son los siete cambios:
El texto también suma una regla a favor del inquilino. El dueño no puede negarse a recibir las llaves ni ponerle condiciones para hacerlo.
Si el dueño se niega o no responde, el inquilino puede depositar las llaves en un juzgado, con los gastos a cargo del propietario. Desde el aviso deja de deber alquileres, siempre que haga ese depósito dentro de los 10 días hábiles.

Para expropiar un bien, el Estado deberá identificar “en forma específica y concreta el fin perseguido”. La medida tendrá que ser “idónea, necesaria y proporcional”. Los otros cambios son estos:
El artículo 38 deja sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023, con el que Milei había derogado la Ley de Tierras Rurales. El artículo 39 restituye esa norma, la Ley 26.737 de 2011. Esa ley limita al 15% las tierras rurales en manos extranjeras y fija un tope de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo.
El proyecto original del Gobierno buscaba flexibilizar esos límites, pero el Senado eliminó ese capítulo. “Hoy tenemos al oficialismo reculando en chancletas”, dijo Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). Ana María Ianni (Unión por la Patria) adelantó que su bloque acompañaría ese punto.
Otro capítulo moderniza el Registro de la Propiedad Inmueble. Permite presentar documentos con firma digital y obliga a resolver cada trámite en un máximo de 30 días.
También crea una Ventanilla Única Federal Inmobiliaria para pedir informes de cualquier provincia por internet. Esta parte regiría recién 180 días después de publicada la ley.
El miembro informante, Santiago Santurio (LLA), defendió el proyecto: “El Estado no puede, de manera arbitraria, tomar un bien que no le corresponde”. Y agregó: “Tiene que ser una política de Estado respetar la propiedad privada”.
Desde la oposición, Hugo Moyano (hijo) acusó al Gobierno de querer legalizar “el desalojo exprés en un contexto de crisis habitacional”. Martín Lousteau (Provincias Unidas) sostuvo: “La inviolabilidad es algo que ya está garantizado por la Constitución”.
El Senado había aprobado el proyecto el 7 de agosto, por 37 votos a 33. Ahora deberá decidir si acepta los cambios de Diputados o si insiste con su versión.
Si se sanciona, la ley regirá desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. La excepción es el capítulo de registros, que tendrá 180 días de plazo.