Congreso
22/10/2026 - Edición Nº1353
Política
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Discapacidad: uno por uno, los cambios que aceptó incorporar La Libertad Avanza
22/10/2026 | El misionero Oscar Herrera Ahuad explicó todas las modificaciones propuestas. El oficialismo receptó y la aprobación salió con 237 votos a favor y 9 en contra.
El sector de discapacidad se manifestó durante toda la jornada en las inmediaciones del Congreso.
El diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad tuvo un papel central en las negociaciones que permitieron acercar posiciones entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición para avanzar con una nueva ley de discapacidad.
Con una serie de modificaciones al dictamen, el legislador buscó despejar las dudas sobre el financiamiento, la continuidad de las pensiones, las auditorías y el pago de las deudas con los prestadores, en una sesión atravesada por fuertes diferencias políticas.
"Acá incorporamos la partida presupuestaria y blindamos el presupuesto para este proyecto de ley", explicó al defender uno de los cambios que consideraba indispensables para acompañar la iniciativa.
Su intervención apuntó a transformar los compromisos generales en garantías concretas dentro del articulado y a dotar de "certezas" y "previsibilidad" a una discusión que todavía presentaba resistencias.
El entendimiento permitió reunir un respaldo amplio, aunque no unánime. Las diputadas cordobesas Gabriela Estévez, de Unión por la Patria, y Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, por ejemplo, rechazaron el proyecto por considerar que persistían dudas sobre su financiamiento y que las organizaciones de discapacidad no habían participado suficientemente en su elaboración.
En ese escenario, los cambios impulsados por Herrera Ahuad fueron uno de los ejes de la negociación para construir una mayoría parlamentaria.
El rol de Herrera Ahuad en la negociación por la ley de discapacidad
Desde el comienzo de su intervención, el legislador misionero dejó en claro que su acompañamiento dependía de que se incorporaran modificaciones de fondo. El objetivo era corregir aspectos que consideraba insuficientemente definidos en el régimen de emergencia y establecer mecanismos que permitieran sostener los derechos reconocidos por la norma.
El planteo combinó cuestiones presupuestarias, laborales y administrativas. También buscó establecer plazos concretos para resolver las deudas con los prestadores, uno de los reclamos centrales de las organizaciones y los profesionales que trabajan con personas con discapacidad.
El blindaje presupuestario, uno de los cambios centrales
Uno de los principales puntos defendidos por Herrera Ahuad fue la incorporación de garantías presupuestarias para financiar las medidas previstas en la ley.
El diputado explicó que el artículo 7 incorporaba una partida específica y contemplaba qué sucedería si los gastos necesarios para cumplir con las obligaciones superaban los créditos inicialmente previstos. "Acá incorporamos la partida presupuestaria y blindamos el presupuesto para este proyecto de ley", sostuvo.
Según detalló, los eventuales excedentes serían atendidos mediante una compensación presupuestaria que afectaría los créditos de la jurisdicción 91, correspondiente a las obligaciones a cargo del Tesoro.
El objetivo de esa modificación era establecer una vía de financiamiento para afrontar los gastos que demande la aplicación de la norma, en lugar de dejar su cumplimiento sujeto exclusivamente a las partidas disponibles al momento de su implementación.
El aspecto presupuestario era especialmente sensible porque las organizaciones reclamaban recursos suficientes para garantizar las prestaciones, regularizar los pagos y evitar que los compromisos establecidos por ley quedaran condicionados por futuras decisiones administrativas.
Pensiones por discapacidad y compatibilidad con el trabajo
Otro de los puntos relevantes de la intervención estuvo relacionado con la posibilidad de compatibilizar una pensión no contributiva por discapacidad con un empleo registrado.
La propuesta defendida por Herrera Ahuad establece que el beneficio sea compatible con el vínculo laboral siempre que los ingresos de la persona no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
El legislador también hizo hincapié en la necesidad de garantizar la rehabilitación inmediata del derecho a la pensión una vez finalizada la relación laboral.
La modificación busca evitar que el acceso a un empleo formal implique, por sí mismo, la pérdida definitiva de una prestación destinada a personas en situación de vulnerabilidad. De ese modo, procura establecer un mecanismo que permita combinar la asistencia económica con la posibilidad de incorporarse al mercado de trabajo.
Para los que siguen la sesión de la cámara de Diputados es bueno que entiendan lo que está pasando. LLA ha aceptado incluir en el dictamen de Emergencia en discapacidad todos los puntos que solicitamos desde los distintos bloques y de todo el colectivo de la discapacidad. Es decir hay un “giro copernicano” en las políticas de discapacidad del gobierno. Salvo que @JMilei decida vetarla o no modificar el presupuesto para evitar su cumplimiento. Hoy es para festejar y elegir creer. Nada se hubiera conseguido sin lucha y movilización y sin una oposición a la altura del desafío.
— Pablo Yedlin (@pyedlin) October 22, 2026
Auditorías inclusivas y derecho a presentar descargos
Las auditorías de las pensiones también ocuparon un lugar importante en las modificaciones defendidas por el diputado misionero.
El artículo 13 incorpora la obligación de garantizar el debido proceso inclusivo en los procedimientos de control. La propuesta contempla que, ante la detección de posibles irregularidades, la persona involucrada sea notificada y tenga la posibilidad de ejercer su derecho a presentar un descargo.
El propósito es establecer un procedimiento que permita revisar la situación de los beneficiarios sin habilitar suspensiones arbitrarias ni decisiones que desconozcan las garantías de defensa.
Este punto tenía especial relevancia por las objeciones planteadas por distintos sectores frente a las auditorías y las bajas de pensiones. Las organizaciones advirtieron sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas con discapacidad para responder a notificaciones, reunir documentación o completar trámites, especialmente en localidades del interior y en contextos de vulnerabilidad.
En ese marco, la incorporación del debido proceso inclusivo buscó responder a una de las principales preocupaciones del debate: cómo garantizar controles sobre las prestaciones sin afectar los derechos de quienes efectivamente las necesitan.
Aprobamos una mejor ley para ayudar a las personas con discapacidad El oficialismo tuvo que recular respecto al proyecto de Presupuesto 2027, que recortaba los fondos para las personas con discapacidad. Gracias a la movilización de la sociedad, desde la oposición logramos que LLA aceptara dejar de lado el plan de Milei y Caputo. Hoy en Diputados dimos un paso adelante. Vamos a estar alertas para que Milei cumpla con esta ley. Las normas no son selectivas, deben cumplirse.
— Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) October 22, 2026
Deudas con prestadores: plazos de 30 y 90 días
El cuarto eje de la intervención de Herrera Ahuad estuvo vinculado con las deudas que el Estado mantiene con prestadores de servicios para personas con discapacidad.
El diputado reclamó que el Poder Ejecutivo establezca un cronograma público y obligatorio para regularizar los pagos pendientes. La modificación fija un plazo de 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley para notificar y dar publicidad a ese cronograma, y establece que la cancelación total debe completarse dentro de los 90 días corridos para quienes hayan finalizado el trámite administrativo correspondiente.
"El vencimiento del plazo de la Emergencia no afectará el derecho de los prestadores que hubieran cumplido los requisitos exigidos para acceder a la compensación ni impedirá la conclusión de los procedimientos administrativos iniciados durante su vigencia", leyó el legislador durante su exposición.
La precisión apunta a evitar que el cierre del régimen de emergencia deje sin respuesta los reclamos de quienes ya cumplieron con los requisitos para cobrar las compensaciones.
Un consenso amplio, pero con cuestionamientos pendientes
Las modificaciones defendidas por Herrera Ahuad contribuyeron a construir un acuerdo entre el oficialismo y sectores de la oposición, aunque el consenso no logró incorporar a todos los legisladores.
Gabriela Estévez cuestionó que la discusión se hubiera desarrollado sin una participación suficiente de las personas con discapacidad, sus organizaciones y los organismos provinciales. "El mandato recibido es concreto: que se prorrogue la ley de emergencia", sostuvo al explicar por qué no acompañaría el proyecto.
Natalia de la Sota, por su parte, puso el foco en la falta de confianza hacia el Gobierno y en las dudas sobre el cumplimiento efectivo de las garantías. "La confianza no se exige ni se construye de un día para el otro. Se gana con hechos, con gestos y, fundamentalmente, con coherencia", afirmó.
