El Parlamento Europeo aprobó este jueves 22 de octubre una resolución que pide estudiar una operación naval de la Unión Europea en el mar Negro. La iniciativa reunió 432 votos a favor, 52 en contra y 88 abstenciones, después de los ataques contra buques mercantes frente a Rumania y Bulgaria. El planteo incluye mayor vigilancia antidrones y protección de rutas comerciales, pero no autoriza el despliegue de fuerzas ni fija una fecha para una misión.
La presión sobre la navegación comercial se agravó durante octubre con embarcaciones dañadas y tripulantes desaparecidos. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, describió seis ataques en diez días y advirtió que las rutas de exportación ucranianas están expuestas. La cobertura previa de NewsDigitales abordó las defensas de Bulgaria y las negociaciones por una tregua naval. Ahora la Eurocámara plantea una respuesta europea que también podría incidir sobre el transporte de cereales y sus costos de aseguramiento.
Una resolución parlamentaria no equivale a una orden militar. Para crear una misión dentro de la Política Común de Seguridad y Defensa, el Consejo de la Unión Europea debe acordar su mandato por unanimidad, con propuesta de la alta representante o de un Estado miembro. Después se precisarían objetivos, zona de actuación, reglas de intervención, financiación y aportes navales nacionales. La UE no tiene una armada propia permanente, por lo que el respaldo político de los eurodiputados es apenas una etapa de ese proceso.
Rumania, Bulgaria y Turquía ya cooperan en el mar Negro, pero bajo otro esquema. La agrupación MCM Black Sea empleó en octubre cuatro buques, entre ellos el cazaminas rumano M 271, que regresó a Constanza el día 20. Sus tareas incluyen vigilancia, rescate y neutralización de minas. En paralelo, la Eurocámara reclama activar un centro regional de seguridad marítima para compartir alertas y mejorar la detección de drones. Ninguno de estos mecanismos constituye la nueva operación europea propuesta.

El eventual despliegue enfrenta obstáculos políticos, jurídicos y operativos. Turquía controla los estrechos de acceso al mar Negro bajo la Convención de Montreux, que impone condiciones al tránsito de buques de guerra. Tampoco están definidos los países que aportarían barcos, el alcance de posibles escoltas ni el costo de sostener patrullas. La resolución también reclama proteger cables de telecomunicaciones, enlaces eléctricos e infraestructura portuaria, pero los pedidos de financiación y de cooperación con la OTAN no equivalen a recursos ya asignados.

El siguiente paso depende de los gobiernos europeos y de la coordinación con los aliados de la OTAN. Bruselas deberá determinar si existe acuerdo para una misión formal o si resulta más viable fortalecer el dispositivo regional ya activo, con sensores antidrones, intercambio de información y respuesta ante incidentes. La Eurocámara también propone estudiar una iniciativa específica de la Alianza para el mar Negro. Hasta que existan decisiones ejecutivas verificables, el cambio del 22 de octubre es político, no una nueva presencia naval de la UE.