La crisis en Rosario por OSFA llegó a Diputados: 3.700 afiliados y cierre de farmacias

Los diputados nacionales Agustín Rossi, Germán Martínez y Florencia Carignano presentaron un proyecto de resolución para expresar su preocupación por la suspensión de prestaciones médicas de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), ex IOSFA, en Rosario y localidades cercanas.

Advirtieron sobre las dificultades para acceder a guardias, internaciones, cirugías y tratamientos, además del cierre de farmacias propias y el posible cierre de delegaciones.

La iniciativa pone el foco en el impacto de la crisis sobre el personal militar, los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas y sus familias.

Según los datos que los legisladores incorporaron en los fundamentos, la situación afecta a unos 3.700 beneficiarios en Rosario y su zona de influencia, mientras que alrededor de 80 trabajadores estarían en riesgo de perder sus empleos. También reclamaron que el Gobierno nacional adopte medidas urgentes para restablecer la atención sanitaria y garantizar la continuidad de los servicios.

La crisis de OSFA y el reclamo de los diputados de Santa Fe

El proyecto busca que la Cámara de Diputados manifieste formalmente su preocupación por las consecuencias de la crisis de la obra social en la provincia de Santa Fe, con especial atención a Rosario, considerada un centro de referencia sanitaria para la región.

Los autores sostienen que las suspensiones de prestaciones, los problemas en la provisión de medicamentos y la incertidumbre sobre el funcionamiento de las dependencias locales configuran una situación que compromete el acceso a la salud de cientos de familias.

En los fundamentos, los diputados atribuyen la crisis a la gestión del gobierno de Javier Milei y cuestionan las decisiones adoptadas primero durante la administración de Luis Petri al frente del Ministerio de Defensa y luego bajo la conducción de Carlos Presti.

Según plantearon, las medidas implementadas hasta el momento no lograron resolver los problemas financieros y operativos del organismo y, en cambio, profundizaron la incertidumbre entre los afiliados y los trabajadores.

Del IOSFA a la nueva obra social: qué cambió con el DNU 88/2026

Uno de los principales antecedentes señalados en el proyecto es el Decreto de Necesidad y Urgencia 88/2026, publicado en el Boletín Oficial el 6 de febrero de 2026. La norma dispuso la disolución y posterior liquidación del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y estableció la creación de dos organismos diferenciados.

Por un lado, se creó la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Por otro, se estableció la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Antes de su disolución, el IOSFA contaba con alrededor de 600.000 beneficiarios y se encontraba entre las obras sociales más grandes del país, detrás del PAMI y del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, según los fundamentos del proyecto.

El Gobierno justificó la reorganización en la existencia de una situación de “desequilibrio estructural y desfinanciamiento”. Sin embargo, los diputados peronistas cuestionaron ese diagnóstico por considerar que no explica de manera suficiente cómo se llegó a ese escenario financiero.

En ese sentido, sostuvieron que el organismo había recibido una situación económica superavitaria al comienzo de la actual administración y que el deterioro se produjo durante los dos años posteriores.

Como respaldo de su planteo, citaron la deuda acumulada al 31 de marzo de 2026, que ascendía a casi $250.000 millones, de acuerdo con las respuestas remitidas a la Cámara de Diputados por el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el Informe de Gestión.

Los legisladores también señalaron la sucesión de autoridades al frente del organismo como un factor de inestabilidad. De acuerdo con el recuento incluido en la presentación, durante las gestiones de Petri y Presti hubo cinco presidentes del IOSFA, además de dos administradores vinculados al proceso de liquidación.

Para los firmantes, la creación de nuevas estructuras administrativas no alcanza por sí sola para resolver los problemas de cobertura. “Suprimir el organismo mediante decreto no extingue sus deudas, no elimina las necesidades médicas del personal afiliado y sus familias”, señalaron.

En ese pasaje, remarcaron que los beneficiarios continúan necesitando medicamentos, cirugías, tratamientos oncológicos y prótesis, independientemente de los cambios institucionales.

Rosario, el principal foco de preocupación por la suspensión de prestaciones

El proyecto dedica una parte central de sus fundamentos a la situación sanitaria en Rosario y sus alrededores. Los diputados destacan que la ciudad concentra hospitales, sanatorios, unidades de cuidados intensivos, tecnología de diagnóstico y equipos médicos especializados que permiten atender patologías complejas y recibir derivaciones de localidades cercanas.

Por ese motivo, advierten que las restricciones en la cobertura de OSFA tienen consecuencias que van más allá de las dificultades administrativas y financieras de la institución.

Según la información de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), los afiliados afectados no contarían con acceso a servicios de guardia de urgencia ni a internaciones en sanatorios de la región.

Entre los casos mencionados figuran los docentes y el personal civil del Liceo Aeronáutico Militar de Funes, quienes, según los fundamentos, no dispondrían de esas prestaciones esenciales.

La situación también alcanzaría a los propios trabajadores de la obra social, que tienen cobertura a través del organismo y que, de acuerdo con la presentación, actualmente se encontrarían sin acceso normal a la atención médica.

Las farmacias propias, otro punto crítico para los afiliados

Además de la suspensión de prestaciones médicas, los legisladores expresaron preocupación por la decisión de cerrar las 31 farmacias propias del organismo y dar de baja sus habilitaciones sanitarias.

En los fundamentos, sostuvieron que estos establecimientos cumplen una función relevante en la provisión de medicamentos e insumos, en particular aquellos de alto costo, y permiten reducir la dependencia de intermediarios privados.

El cierre de las farmacias propias, según advirtieron, podría agravar las dificultades de acceso a los tratamientos en un contexto en el que las farmacias externas contratadas también registrarían problemas.

De acuerdo con el proyecto, los atrasos y los impagos a esos prestadores generan restricciones en la entrega de medicamentos, demoras y situaciones en las que los afiliados deben afrontar cobros que consideran indebidos.

Los diputados también cuestionaron que los anuncios oficiales sobre la asignación de $200.000 millones para cancelar pasivos no se hayan traducido, según describieron, en una restitución efectiva de las prestaciones en Rosario.

En particular, indicaron que la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ACLYSA), que nuclea a una parte importante de los prestadores privados de la zona, mantenía la suspensión de los servicios.