Vuelven a cuestionar un operativo de Gendarmería en una universidad chaqueña

La Cámara Federal de Casación Penal anuló una resolución que había cerrado una causa por presuntos excesos de Gendarmería Nacional durante un procedimiento realizado en la Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAus). La decisión representa un nuevo capítulo judicial de un episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando efectivos de la fuerza ingresaron a dependencias de la obra social universitaria para requerir documentación.

El caso llegó al máximo tribunal penal federal luego de que el rector de la institución, Germán Eduardo Oestmann, denunciara presuntas irregularidades en el operativo. Aunque inicialmente la Justicia había desestimado la presentación por considerar que no existía delito, Casación entendió que esa decisión no había sido suficientemente fundamentada y que era necesario revisar los planteos de la universidad.

Qué ocurrió durante el operativo de Gendarmería

El episodio que dio origen a la controversia ocurrió el 9 de diciembre de 2024, cuando personal de Gendarmería Nacional se presentó en las instalaciones de ISSUNCAus, la obra social de la Universidad Nacional del Chaco Austral, para cumplir una orden de presentación de documentación.

Según la denuncia impulsada por Oestmann, el procedimiento habría excedido los alcances de esa diligencia. El rector sostuvo que los efectivos ingresaron armados, cerraron accesos, mantuvieron puertas bajo llave y restringieron la circulación dentro del establecimiento.

También denunció que se habría impedido el ingreso de abogadas de la institución y de una escribana que pretendían presenciar y dejar constancia de lo sucedido.

Estos hechos constituyen el núcleo de la denuncia y todavía no fueron establecidos judicialmente como delitos. La controversia gira, precisamente, alrededor de la necesidad de determinar si el accionar de los efectivos se ajustó a la orden judicial y a las facultades que tenían durante el procedimiento.

Por qué la Justicia había cerrado la denuncia

Tras la presentación del rector, el expediente fue desestimado por considerar que los hechos denunciados no constituían un delito. Esa interpretación fue posteriormente confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

Sin embargo, la querella cuestionó que se hubiera descartado la denuncia sin profundizar en las circunstancias del operativo ni permitir la producción de pruebas que respaldaran sus acusaciones.

El planteo llegó entonces a la Cámara Federal de Casación Penal, donde los jueces Daniel Antonio Petrone, Diego G. Barroetaveña y Alejandro W. Slokar analizaron si la decisión de cerrar el expediente había estado debidamente justificada.

Qué resolvió Casación y cómo sigue la causa

La Sala I de Casación hizo lugar al recurso presentado por la querella y concluyó que los argumentos utilizados para cerrar el expediente eran insuficientes.

En particular, Slokar consideró que no correspondía descartar la denuncia en una etapa tan temprana sin realizar, al menos, una mínima actividad probatoria destinada a esclarecer los acontecimientos.

Petrone coincidió en que la desestimación inicial había impedido a la parte denunciante impulsar el proceso y aportar elementos para demostrar los hechos denunciados. Barroetaveña acompañó la decisión.

De esta manera, el tribunal anuló la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia y ordenó devolver las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

La decisión no significa que se haya comprobado un abuso de autoridad ni que los gendarmes involucrados sean penalmente responsables. Lo que establece es que la denuncia no podía ser descartada con los fundamentos utilizados hasta ese momento.

Ahora, la Justicia deberá volver a evaluar los planteos y determinar cómo corresponde continuar con el expediente. El interrogante central sigue siendo si el procedimiento de Gendarmería respetó los límites de la orden que debía ejecutar o si, como denunció la universidad, se produjeron excesos que ameritan una investigación penal.