Flávio Bolsonaro y el caso Alcazar: qué investiga la Policía Federal de Brasil

La Policía Federal de Brasil investiga posibles vínculos financieros entre el senador y candidato presidencial Flávio Bolsonaro y el abogado Willer Tomaz. Las actuaciones, examinadas este jueves 22 de octubre de 2026, fueron remitidas al Supremo Tribunal Federal (STF) por sospechas de lavado de dinero y evasión de divisas. La investigación busca establecer si existieron operaciones económicas entre ambos que no se correspondan con la relación de amistad que reconocen públicamente. Por ahora, los indicios no constituyen una condena ni demuestran responsabilidad penal.

El expediente adquiere relevancia a tres días del balotaje presidencial que enfrentará a Bolsonaro con Luiz Inácio Lula da Silva el 25 de octubre. Después del primer debate presidencial, las investigaciones financieras forman parte de la confrontación política. La Policía Federal localizó referencias a encuentros, viajes y documentos personales del senador en archivos de iCloud pertenecientes a Tomaz. El abogado también había sido objeto de medidas judiciales durante la Operación Sem Desconto, relacionada con presuntas irregularidades en el sistema previsional.

La cuenta Alcazar y los R$ 130 millones bajo investigación

Uno de los hallazgos centrales es la identificación de Bolsonaro como usuario con elevados permisos de administración en una cuenta bancaria de Alcazar Holdings. La sociedad está vinculada con Tomaz y tiene sede en Madeira, Portugal. Los documentos incluyen una solicitud para retirar el acceso del senador fechada el 22 de mayo de 2025. Para los investigadores, ese registro justifica examinar una eventual participación económica no declarada. Disponer de permisos bancarios no demuestra, por sí solo, propiedad societaria ni participación en operaciones ilegales.

Otra cuenta vinculada personalmente a Willer Tomaz registró movimientos por aproximadamente R$ 130 millones entre marzo y mayo de 2025. La cifra corresponde al volumen de operaciones analizado, no a dinero identificado como producto de un delito ni a fondos recibidos por Bolsonaro. La investigación también examina transferencias relacionadas con empresas de pagos y plataformas de apuestas. El objetivo es determinar quiénes fueron los beneficiarios reales, de dónde procedían los recursos y si la circulación de fondos respondía a actividades económicas legítimas.

Las defensas rechazan las sospechas y el proceso sigue abierto

Bolsonaro y Tomaz rechazan haber participado en operaciones financieras irregulares o mantener una sociedad oculta. La defensa del senador también cuestionó que las actuaciones remitidas al Supremo fueran presentadas como una investigación judicial plenamente formalizada, mientras la defensa del abogado sostuvo que sus actividades y participaciones empresariales son lícitas. Esa controversia obliga a distinguir la investigación policial, las decisiones judiciales y una eventual acusación penal. Hasta el momento, la documentación difundida no permite afirmar que Bolsonaro haya recibido los R$ 130 millones investigados.

El Senado brasileño también registra desde el 21 de octubre una petición para iniciar un procedimiento disciplinario contra Flávio Bolsonaro. La petición PCE 22/2026, presentada por ocho legisladores, permanecía pendiente de designación de integrantes de la comisión, sin resolución sobre el fondo. Se trata de una vía parlamentaria distinta de las investigaciones penales. El próximo paso será precisar las decisiones judiciales sobre el expediente y determinar si las pruebas bancarias sostienen alguna responsabilidad individual, independientemente del resultado electoral del domingo.