Hotesur, Los Sauces y las "habitaciones vacías": qué decía Cristina Kirchner hace 10 años

El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py, con Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y empresarios vinculados a sus negocios entre los acusados.

En ese contexto, vuelve a cobrar relevancia una extensa publicación que la expresidenta difundió el 3 de agosto de 2016, cuando cuestionó con dureza la investigación judicial, apuntó contra el juez Claudio Bonadio y la entonces diputada Margarita Stolbizer y denunció una supuesta articulación entre sectores de la Justicia y los medios de comunicación para instalar su culpabilidad.

Bajo el título “Escenas de la vida del Partido Judicial”, Kirchner presentó una defensa política y jurídica de las operaciones comerciales de Hotesur S.A., la sociedad vinculada a la familia que administraba el hotel Alto Calafate.

En el texto, sostuvo que la investigación había partido de irregularidades administrativas y que luego se había transformado en una acusación por presunto lavado de dinero. También invocó antecedentes judiciales, cuestionó la hipótesis de los alquileres hoteleros como mecanismo para canalizar retornos de la obra pública y denunció que se pretendía considerarla culpable antes de un juicio.

Diez años después, el debate oral abre una nueva instancia para examinar las acusaciones y las responsabilidades penales que deberán determinar los jueces.

“Un gigantesco aparato de difusión mediática”

La publicación de agosto de 2016 comenzaba con una pregunta dirigida a sus lectores: “¿Sabías que, por todas las irregularidades que cometió, Bonadío fue apartado de la ‘causa Hotesur’ por la Cámara de Apelaciones el 16 de julio de 2015?”.

La referencia era al apartamiento del magistrado, que había intervenido inicialmente en el expediente y ordenado medidas de investigación sobre la sociedad hotelera. La decisión de la Cámara Federal se produjo después de planteos de las defensas vinculados con irregularidades procesales.

Cristina cuestionaba tanto la actuación judicial como el papel de Stolbizer, quien había impulsado una de las denuncias. Según la expresidenta, el expediente se había iniciado el 10 de noviembre de 2014 “como una simple falta administrativa que se multó con $3.000” y posteriormente se había convertido en una investigación por lavado de activos.

Su principal crítica apuntaba a lo que describía como una estrategia para instalar una condena pública antes de que se celebrara el juicio: “Para lograr su objetivo, la estrategia procesal conjunta de Bonadío y Stolbizer debía contar con un gigantesco aparato de difusión mediática”.

Y completó su argumento al sostener que esa estructura buscaba “instalar ante la opinión pública la idea de que los delitos que se habían denunciado ya se encontraban probados, debiendo considerárseme culpable, incluso sin la necesidad de un juicio previo”.

La expresidenta también cuestionó las versiones sobre una supuesta adulteración de los sistemas informáticos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). En ese tramo, aludió irónicamente a la información que, según ella, Stolbizer había recibido de “fuentes no identificadas”.

La "causa Hotesur" se inició en 2014 -por denuncia de Stolbizer- como falta administrativa que se multó con $3.000 https://t.co/By9tjbfIop

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 6, 2016

La explicación de Cristina Kirchner sobre los alquileres de Alto Calafate

Uno de los ejes centrales de la publicación era la relación comercial entre Hotesur y Valle Mitre S.A., empresa vinculada al empresario Lázaro Báez que administró establecimientos hoteleros de la familia Kirchner.

La hipótesis investigada sostiene que empresarios contratistas del Estado habrían pagado por habitaciones hoteleras que no se utilizaban efectivamente, con el propósito de dar apariencia lícita a fondos provenientes de negocios con el sector público.

Sin embargo, Cristina rechazó esa interpretación y cuestionó la forma en que, según su versión, se describían las operaciones: “El equipo Bonadío-Stolbizer quiso hacer creer que Hotesur se utilizaba para lavado de dinero o para el cobro de presuntos ‘retornos’, a través del cobro de habitaciones vacías del hotel Alto Calafate”.

A continuación, expuso su explicación: “En realidad, Hotesur S.A. nunca alquiló ninguna habitación a nadie. Lo que alquiló es el único inmueble de su propiedad a una operadora turística: Valle Mitre S.A.”.

La diferencia era central para su defensa. Según argumentaba, no se trataba de cobrar por habitaciones individuales que permanecían vacías, sino de alquilar el inmueble completo a una empresa operadora.

La expresidenta también cuestionó la lógica económica que, a su entender, sostenía la acusación. Para ello, comparó los ingresos provenientes de los alquileres con el volumen de obra pública ejecutado durante los gobiernos de Néstor Kirchner y el suyo.

“La obra pública realizada durante la gestión comprendida entre los años 2003-2015 asciende al monto total de USD 107.825 millones”, señaló.

En ese marco, calificó de “malicioso” pretender que el alquiler de un inmueble hotelero fuera el vehículo para canalizar supuestos retornos provenientes de la obra pública. También sostuvo que “los montos abonados por el alquiler del edificio” no guardaban relación con la magnitud de los contratos estatales.

Sería la 4ta función del circo mediático con allanamientos de Bonadío. Las 2 primeras funciones fueron en la causa “Hotesur”...

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) October 30, 2016

Las denuncias anteriores y los fallos que invocó

Otro de los puntos destacados del texto de 2016 era la existencia de investigaciones anteriores que, según Kirchner, habían examinado operaciones similares. “¿Sabías que una DENUNCIA IDÉNTICA había sido formulada un año antes?”, lanzó.

Se refería a una presentación de los entonces diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 1, a cargo de Javier López Biscayart. La expresidenta recordó que esa causa había concluido con un sobreseimiento el 27 de mayo de 2015.

En su publicación, resumió las conclusiones que atribuía al magistrado: que Valle Mitre era una operadora turística legítima de Santa Cruz, que el contrato de alquiler del hotel considerado como inmueble completo era válido y que las operaciones entre las dos sociedades estaban registradas en sus libros. “O sea: TODO LÍCITO”, escribió, antes de preguntarse si Bonadio y Stolbizer habían olvidado hacer pública aquella resolución o preferían ocultarla. Incluso planteó la posibilidad de un “fraude procesal”.

El cuestionamiento al Poder Judicial y a los medios

El texto no se limitaba a discutir contratos, balances y movimientos de dinero. Cristina presentó el caso como un ejemplo de lo que denominaba el “Partido Judicial”, una expresión que utilizaba para denunciar, según su interpretación, el uso de investigaciones judiciales con objetivos políticos.

En el cierre de su reflexión, escribió: “Aunque parezca mentira, con dos sentencias firmes se sigue denunciando lo mismo desde el año 2009”.

“Escenas del Partido Judicial auspiciadas y sostenidas por el Partido Mediático”, agregó, y completó: “¿El Estado de Derecho, la Constitución y los Códigos de fondo y de forma? Bien, gracias. Ausentes sin aviso”.

Qué se investiga en el juicio oral por Hotesur y Los Sauces

El proceso que comenzó este viernes reúne las causas Hotesur y Los Sauces, después de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara que se desarrollaran en un debate unificado. El Tribunal Oral Federal N.º 5 está a cargo del juicio, que incluye a Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y otros empresarios y personas vinculadas con las sociedades investigadas.

La hipótesis acusatoria sostiene que las operaciones hoteleras e inmobiliarias vinculadas con la familia Kirchner habrían sido utilizadas para canalizar fondos de origen ilícito. En el caso de Hotesur, la investigación se concentra en los alquileres y la administración de establecimientos hoteleros, incluidos los vínculos comerciales con empresas relacionadas con Báez.

En Los Sauces, el expediente aborda operaciones inmobiliarias y pagos de alquileres vinculados con firmas asociadas a Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa. La fiscalía sostiene que esas operaciones habrían integrado una presunta maniobra de lavado de activos y asociación ilícita.