por Redacción NewsDigitales
El juicio oral por las causas Hotesur y Los Sauces comenzó este viernes 23 de octubre y abrió un nuevo capítulo judicial para Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner. Ambos están acusados de presunto lavado de activos y asociación ilícita en una investigación que busca determinar si los negocios hoteleros e inmobiliarios de la familia fueron utilizados para canalizar fondos de origen ilegal.
El proceso reúne a 19 acusados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián de Sousa, y se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 5, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal ordenara unificar los dos expedientes.
Para Cristina Kirchner, el juicio representa un nuevo frente judicial mientras cumple prisión domiciliaria por su condena en la causa Vialidad. Para Máximo, en cambio, supone una situación inédita: es la primera vez que enfrenta un debate oral por una causa penal de estas características.
La expresidenta llega a este proceso después de haber sido condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, vinculada con el direccionamiento de contratos de obra pública en Santa Cruz en beneficio de Lázaro Báez.
Ahora, la Justicia deberá resolver una cuestión diferente: si parte del dinero obtenido por empresarios vinculados con el Estado terminó incorporándose al patrimonio de la familia Kirchner mediante operaciones comerciales que, según la acusación, habrían permitido lavar fondos.
La fiscalía sostiene que las sociedades Hotesur y Los Sauces fueron utilizadas para recibir pagos a través de alquileres de habitaciones de hotel y propiedades inmobiliarias. La hipótesis incluye operaciones con empresas de Báez y del Grupo Indalo, encabezado por Cristóbal López y Fabián de Sousa.
En el caso de Hotesur, se investigan principalmente los contratos relacionados con establecimientos turísticos de Santa Cruz, como el hotel Alto Calafate. En Los Sauces, el eje está puesto en los alquileres de inmuebles pertenecientes a la sociedad familiar.
La existencia de relaciones comerciales y transferencias de dinero no constituye, por sí misma, una prueba de lavado. Precisamente, el tribunal deberá establecer si esas operaciones encubrieron fondos ilícitos, como afirma la fiscalía, o si fueron negocios legítimos, como sostienen las defensas.
Aunque comparte las principales imputaciones con su madre, la situación de Máximo Kirchner tiene una particularidad: hasta ahora no había atravesado un juicio oral.
La acusación apunta a su participación en la administración y las operaciones de las empresas familiares. Según los investigadores, el diputado intervino en actividades relacionadas con la adquisición de propiedades, la firma de contratos y la gestión de fondos que forman parte del circuito investigado.

La fiscalía deberá demostrar que esas intervenciones estuvieron vinculadas con una maniobra delictiva. La defensa, por su parte, tendrá la oportunidad de cuestionar esa interpretación y presentar sus argumentos durante el debate.
El inicio del juicio incorpora así un nuevo elemento al escenario político del peronismo: mientras Cristina Kirchner continúa atravesada por distintos procesos judiciales, Máximo deberá afrontar personalmente un debate en el que se examinará su actuación en los negocios familiares.
La primera audiencia se inició este viernes en la Sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py, con la lectura de las acusaciones.
Cristina y Máximo Kirchner fueron autorizados a participar de manera virtual durante esta instancia inicial. En el caso de la expresidenta, el pedido estuvo relacionado con el operativo de seguridad necesario para trasladarla desde el domicilio donde cumple prisión domiciliaria. El diputado solicitó esa modalidad para compatibilizar su participación con sus obligaciones parlamentarias.
La autorización fue excepcional y no implica que todo el juicio se desarrolle a distancia. El tribunal estableció que los acusados deberán concurrir presencialmente cuando sean requeridos, especialmente para las declaraciones indagatorias.
El debate tendrá tres audiencias semanales, los lunes, viernes y sábados, y contará con declaraciones testimoniales, documentación y peritajes destinados a reconstruir las operaciones investigadas.
El proceso deberá determinar las responsabilidades individuales de los 19 acusados. Su inicio no supone una definición sobre su culpabilidad, sino la apertura de la etapa en la que la fiscalía y las defensas confrontarán sus pruebas y argumentos ante los jueces.
