La segunda vuelta presidencial del 25 de octubre de 2026 enfrenta a Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro ya tiene un ganador. Este recibe cinco desafíos: deuda, crecimiento, seguridad, servicios públicos y acuerdos parlamentarios. Las prioridades pueden variar entre candidatos, pero los límites financieros e institucionales seguirán presentes. Sus programas pueden consultarse en la documentación del TSE.
La primera presión inmediata será el estado de las cuentas públicas. En agosto, la deuda bruta del gobierno general alcanzó el 82,9% del PIB. El proyecto presupuestario para 2027 estima que el 91,7% del gasto primario será obligatorio. Esta proporción limita el margen para nuevos programas y obras, mientras el texto todavía debe completar su tramitación legislativa.
La sostenibilidad fiscal exigirá distinguir compromisos financiables de promesas generales. El presupuesto propuesto para 2027 prevé un superávit primario de 18.600 millones de reales, antes del pago de intereses. Quien asuma deberá conciliar las obligaciones vigentes con sus prioridades y explicar cómo costeará eventuales rebajas tributarias. Las modificaciones de gastos e ingresos dependerán del Congreso y de previsiones económicas comprobables.
El segundo desafío es recuperar un crecimiento económico más dinámico. El Banco Central proyecta una expansión del PIB del 1,4% para 2027, frente al 1,8% previsto para 2026. El crédito costoso y las expectativas inflacionarias todavía elevadas dificultan la inversión. Infraestructura, productividad y empleo exigirán medidas sostenidas, mientras la política de intereses corresponde a la autoridad monetaria.

La seguridad pública representa el tercer desafío de gobierno. El Atlas de la Violencia 2026 registró 42.590 homicidios correspondientes a 2024 y alertó sobre posibles casos mal clasificados. La intensidad del fenómeno varía entre estados. Frente al crimen organizado, las prioridades incluyen investigación, cooperación policial, gestión penitenciaria y prevención, con indicadores que permitan comprobar avances más allá de los anuncios.

La coordinación con los gobernadores condicionará cualquier reforma de seguridad. La propuesta constitucional PEC 18/2025 seguía sin aprobación definitiva del Senado al 24 de octubre. El Gobierno federal puede impulsar reglas comunes y financiar herramientas, pero las policías estaduales ejecutan buena parte de las operaciones cotidianas. Sin acuerdos políticos y operativos entre jurisdicciones, las nuevas normas podrían tener resultados limitados.
El cuarto desafío será mejorar el alcance y la calidad de los servicios públicos. El indicador educativo Ideb de la enseñanza media alcanzó 4,5 puntos en 2025; la recolección de aguas residuales atendía al 62,3% de la población en 2024. Los promedios esconden brechas regionales. Salud, educación y saneamiento requieren inversión sostenida y coordinación con estados y municipios.
Disponer de presupuesto no garantiza mejores prestaciones para la población. El Tribunal de Cuentas constató que, en 2025, el componente ambulatorio de un programa para reducir esperas ejecutó apenas el 6,9% de lo planificado. El proyecto de 2027 destina 272.200 millones de reales a salud y 141.200 millones a educación. Habrá que medir atención efectiva, aprendizajes y ejecución, no solo partidas aprobadas.

El quinto desafío será transformar bancadas numerosas en mayorías legislativas. El Partido Liberal obtuvo 121 de los 513 diputados y proyecta 28 de los 81 senadores desde febrero de 2027. La mayoría absoluta exige 257 diputados o 41 senadores. Como explicó NewsDigitales, ser primera fuerza no garantiza aprobar leyes: se necesitará negociar con otras bancadas.
La transición permitirá observar si las promesas pueden convertirse en decisiones ejecutables. El mandato presidencial comenzará el 5 de enero de 2027 y el Congreso renovado asumirá el 1 de febrero. El Ejecutivo tendrá que revisar el presupuesto heredado, fijar prioridades y acordar calendarios medibles. El resultado del balotaje definirá quién conducirá las negociaciones, no eliminará la necesidad de recursos y votos parlamentarios.