De la esperanza al fracaso: el día que la Alianza derrotó al PJ bonaerense

El domingo 24 de octubre de 1999, la política argentina inició una nueva etapa. Después de diez años de gobiernos de Carlos Menem, marcados por la convertibilidad, las privatizaciones, el desempleo y las denuncias de corrupción, una coalición opositora llegó al poder con la promesa de cambiar el rumbo del país. La Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación, integrada por la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente País Solidario (FREPASO), se impuso en las urnas con la fórmula de Fernando de la Rúa y Carlos “Chacho” Álvarez.

La fórmula obtuvo el 48,37% de los votos y superó por diez puntos al binomio peronista de Eduardo Duhalde y Ramón “Palito” Ortega. El resultado expresó una demanda de renovación política y una expectativa de mejora económica y social. Para una parte importante del electorado, la Alianza representaba la posibilidad de terminar con las prácticas cuestionadas del menemismo sin renunciar a la estabilidad monetaria alcanzada durante la década anterior.

La coalición había consolidado su construcción política en las elecciones legislativas de 1997. Su discurso combinaba la defensa de las instituciones, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la educación pública. La consigna de gobernar con honestidad buscaba diferenciarla del oficialismo saliente, mientras que la promesa de equidad social intentaba dar respuestas a una sociedad atravesada por el desempleo y la precarización laboral.

Sin embargo, la victoria electoral también contenía una contradicción que condicionaría al nuevo gobierno: la promesa de cambio convivía con la decisión de mantener la convertibilidad, el régimen que establecía la paridad entre el peso y el dólar.

La convertibilidad y el costo del ajuste

Cuando De la Rúa asumió la presidencia, el 10 de diciembre de 1999, la economía argentina acumulaba las consecuencias de varios años de recesión, endeudamiento y dificultades fiscales. El esquema cambiario heredado del menemismo restringía las herramientas disponibles para recuperar la competitividad, mientras que la continuidad de la paridad cambiaria exigía sostener una política económica condicionada por el financiamiento externo.

En lugar de modificar ese esquema, el gobierno apostó a mantener la convertibilidad y avanzar con medidas de ajuste fiscal. En mayo de 2000, dispuso una reducción salarial para trabajadores estatales de ingresos medios y altos, junto con otras medidas destinadas a contener el gasto público. En diciembre de ese año, la Argentina acordó un paquete de asistencia financiera conocido como blindaje, que no consiguió revertir la desconfianza ni sacar al país de la recesión.

El costo político fue significativo. La promesa de mejorar las condiciones de vida comenzó a chocar con medidas que afectaban a empleados públicos, trabajadores y sectores medios. El gobierno intentaba recuperar la confianza de los mercados y de los organismos internacionales de crédito, pero no lograba generar una recuperación económica capaz de sostener su legitimidad social.

La continuidad del modelo económico también expuso las diferencias dentro de la propia coalición. La Alianza había reunido tradiciones políticas distintas detrás de un objetivo electoral común, pero el ejercicio del poder puso en evidencia los límites de ese acuerdo.

La renuncia de Chacho Álvarez y la crisis política

En 2000, el escándalo por las denuncias de presuntos sobornos en el Senado para aprobar la reforma laboral profundizó las tensiones dentro del oficialismo. Las acusaciones apuntaban a la existencia de pagos ilegales a legisladores para conseguir los votos necesarios para sancionar la ley. El caso golpeó directamente el compromiso de transparencia que había sido una de las principales banderas de la campaña electoral.

El 6 de octubre de ese año, Álvarez presentó su renuncia a la vicepresidencia. Su salida fue un quiebre decisivo para la Alianza: el FREPASO perdió influencia en el Gobierno y De la Rúa quedó políticamente más aislado. La renuncia también debilitó la imagen de unidad que la coalición había construido para enfrentar al menemismo.

La crisis no se limitó a la relación entre el presidente y su vicepresidente. Las diferencias dentro de la UCR y el distanciamiento de sectores que habían acompañado el proyecto opositor redujeron la capacidad del Ejecutivo para construir consensos. Mientras tanto, el peronismo conservaba un poder territorial significativo y una presencia determinante en el Congreso.

La administración de De la Rúa quedó así atrapada entre una economía que no se recuperaba, una coalición fracturada y una creciente pérdida de confianza pública. El discurso de renovación institucional ya no alcanzaba para compensar el deterioro de las condiciones sociales.

Cavallo, el corralito y el final del Gobierno

En marzo de 2001, Domingo Cavallo regresó al Ministerio de Economía, esta vez bajo un gobierno que había llegado al poder prometiendo diferenciarse de la gestión menemista. El exministro de Menem asumió con el objetivo de frenar la crisis y sostener la convertibilidad, pero las medidas adoptadas no consiguieron recuperar la confianza ni reactivar la economía.

Durante ese año se sucedieron iniciativas como el Megacanje de deuda y el programa de déficit cero, que incluyó nuevos recortes del gasto público. La recesión persistió, el desempleo siguió siendo un problema central y las dificultades para acceder al crédito agravaron la situación financiera del Estado.

En diciembre, el Gobierno restringió los retiros de efectivo de los depósitos bancarios mediante las medidas conocidas como el corralito. La decisión profundizó el malestar de amplios sectores de la sociedad y convirtió la crisis económica en una crisis política de consecuencias inmediatas.

El 19 y el 20 de diciembre de 2001, las protestas sociales, los saqueos y la represión marcaron el desenlace de la gestión. La declaración del estado de sitio no logró contener la movilización. La violencia dejó decenas de muertos en todo el país, en un saldo que incluyó víctimas de la represión estatal. El 20 de diciembre, De la Rúa presentó su renuncia y abandonó la Casa Rosada en helicóptero.