Caso $LIBRA: un sobreseimiento que deja demasiados interrogantes abiertos

El viernes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve investigados por el caso $LIBRA. Lo hizo a pedido del fiscal Eduardo Taiano, sin indagatorias y con medidas de prueba sin completar. Milei celebró el fallo y denunció una operación política en su contra. Sin embargo, el cierre de la causa deja sin una explicación satisfactoria lo ocurrido el 14 de febrero de 2025, cuando promocionó una criptomoneda cuyo valor se disparó y luego se desplomó.

El fallo establece que los hechos investigados no encuadran en las figuras penales examinadas. Pero resulta inevitable observar cómo llegó a esa conclusión: se cerró una investigación con interrogantes relevantes sobre las comunicaciones, el dinero y los vínculos entre empresarios y funcionarios.

Lo que el fallo reconoce

El magistrado sostuvo que no se acreditó una maniobra de engaño capaz de configurar una estafa. Una suba extraordinaria seguida de pérdidas tampoco prueba por sí misma un delito: los compradores asumen riesgos en un mercado especulativo. La existencia de damnificados y beneficiarios no basta para determinar responsabilidades penales.

Sin embargo, el propio fallo admite que la investidura presidencial pudo conferirle al activo una visibilidad particular e influir en la confianza de quienes lo compraron. El jefe del Estado presentó un proyecto que, según su mensaje, financiaría emprendimientos argentinos. Después borró la publicación y dijo que desconocía sus detalles. Las preguntas sobre qué sabía, con quién había hablado y por qué decidió promocionarlo siguen siendo pertinentes, aunque no alcancen por sí mismas para configurar un delito.

Según el expediente, unas pocas billeteras retiraron alrededor de 100 millones de dólares y decenas de miles de personas sufrieron pérdidas. La magnitud de esas operaciones reclamaba una reconstrucción más completa antes de clausurar el expediente.

¿Y AHORA QUIÉN ME COMPENSA POR UN AÑO, OCHO MESES Y NUEVE DÍAS DE MENTIRAS, CALUMNIAS E INJURIAS BUSCANDO MANCHAR MI BUEN NOMBRE Y HONOR? La Justicia volvió a poner las cosas en su lugar y quedó al descubierto la TREMENDA operación política y mediática cuyo único objetivo fue dañar la investidura presidencial con fines políticos golpistas. Celebro el correcto funcionamiento de las instituciones republicanas y de una Justicia que no se dejó arrastrar por el circo de los operadores de siempre. Esta causa fue utilizada políticamente, además de por sectores de la oposición que creyeron que nos volteaban para recuperar sus privilegios, por entre otros, el Grupo La Nación y sus secuaces para extorsionar al gobierno a cambio de salvarse de evadir impuestos. A los periodistas ensobrados, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodríguez, Natalia Volosín, Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema: ¿quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron? La verdad siempre termina imponiéndose. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!

— Javier Milei (@JMilei) October 23, 2026

Lo que faltó investigar

Los peritajes identificaron llamadas entre Milei y Mauricio Novelli, uno de los intermediarios del proyecto, incluso durante la jornada del lanzamiento. El contenido de esas conversaciones no se conoce. Su teléfono contenía propuestas de acuerdos y comisiones cuya circulación y ejecución no pudieron acreditarse. En el rastreo de fondos hubo tareas pendientes por limitaciones técnicas y pedidos de información al exterior con resultados parciales.

Ninguno de esos datos prueba la participación del Presidente en una maniobra delictiva. Lo que pone en discusión es el momento elegido para dar por concluida la investigación. Si todavía había piezas relevantes sin esclarecer, resulta razonable exigir una explicación más convincente sobre por qué ya no era necesario intentar obtenerlas. El estándar penal protege a los acusados; una investigación exhaustiva protege también la confianza pública.

Hay, además, una circunstancia procesal difícil de pasar por alto. Los inversores que habían intervenido como querellantes fueron apartados de la causa y todavía discuten esa exclusión ante Casación. Cuando el fiscal pidió los sobreseimientos, ya no había una acusación autónoma que impulsara el expediente. El cierre llegó después de restringirse la participación de quienes se presentaban como perjudicados.

La extraña frontera entre lo personal y lo presidencial

Para descartar los delitos vinculados con la función pública, Martínez de Giorgi tomó en consideración informes de organismos del propio Poder Ejecutivo. La Oficina Anticorrupción sostuvo que el mensaje de Milei había sido una actuación privada, porque se publicó desde su cuenta personal y no mediante canales oficiales. El juez llegó a comparar su intervención con la presencia de un presidente en la inauguración de una fábrica.

La analogía merece discusión. La influencia de un mandatario no se enciende y apaga según la cuenta desde la que publica. Que una conducta no configure delito no significa que pueda evaluarse como una actividad privada común. El Presidente no pierde su investidura cuando utiliza las redes sociales, mucho menos cuando su palabra impulsa expectativas económicas sobre un negocio concreto.

$LIBRA: Estamos ante una clara operación judicial planificada de encubrimiento e impunidad para Milei y todos los organizadores de la estafa. https://t.co/zLusGGekWB

— maxi ferraro (@maxiferraro) October 23, 2026

La decisión judicial y la responsabilidad política

Milei tiene derecho a defenderse y a que no se le atribuyan delitos sin pruebas. El fallo merece la seriedad de toda resolución judicial. Pero el Presidente tampoco puede convertirlo automáticamente en la respuesta a todas las preguntas que dejó el episodio. La responsabilidad política exige explicaciones sobre el criterio con que se ejerce el cargo, los contactos que se mantienen y las recomendaciones que se hacen desde una posición de poder.

Para un gobierno que llegó prometiendo terminar con los privilegios de la política, también importa el acceso de empresarios a las máximas autoridades y el uso de la palabra presidencial en una operación privada. La Justicia decidió que los elementos reunidos no acreditaban delitos. El problema es que todavía sabemos menos de lo que deberíamos sobre cómo se produjo esa relación y sobre qué ocurrió con el dinero.

Casación aún debe resolver los planteos de los inversores apartados, por lo que corresponde ser prudentes sobre el cierre definitivo de la causa. Entretanto, la celebración oficial contrasta con las preguntas que el mismo expediente deja abiertas. Un sobreseimiento puede cerrar un proceso penal; difícilmente alcance para cerrar una discusión pública cuando la investigación termina antes de despejar sus principales incógnitas.