Brasil elige presidente
25/10/2026 - Edición Nº1356
Judiciales
Elecciones en Brasil
Quién es “Peixe” y por qué su nombre aparece junto al de Flávio Bolsonaro en Google
25/10/2026 | Una búsqueda impulsada por seguidores de Lula puso nuevamente bajo la lupa una investigación sobre fondos públicos destinados a una ONG de Río de Janeiro.
por Redacción NewsDigitales
A pocas horas del balotaje presidencial de Brasil, una combinación de palabras comenzó a circular entre los seguidores de Luiz Inácio Lula da Silva: “Flávio Bolsonaro Peixe”. La consigna, difundida en redes sociales, invita a buscar ambos nombres en Google para conocer una investigación judicial sobre el destino de fondos públicos que involucra a una organización no gubernamental de Río de Janeiro.
Detrás del apodo aparece Robson Calixto Fonseca, un expolicía militar vinculado con los hermanos Brazão, condenados por ordenar el asesinato de la concejala Marielle Franco. Su nombre también figura en una investigación de la Policía Federal sobre presuntas irregularidades en la utilización de partidas presupuestarias asignadas por legisladores brasileños.
La relación con Flávio Bolsonaro, candidato presidencial del Partido Liberal (PL), surge de una serie de mensajes intercambiados durante 2023 y 2024 entre Calixto y una asesora del senador, en los que se discutió la posibilidad de destinar recursos públicos a una institución que desarrollaba actividades deportivas para niños.
Peixe es un ex policía militar que fue asesor de Domingos Brazão en el Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro.
La existencia de esas comunicaciones y la asignación presupuestaria fueron documentadas por investigaciones periodísticas basadas en material incorporado a actuaciones de la Policía Federal. Sin embargo, el candidato no figura como investigado en ese expediente y tampoco está acusado por el asesinato de Marielle Franco.
Quién es “Peixe”
Robson Calixto Fonseca, conocido como “Peixe”, es un policía militar retirado que trabajó como asesor de Domingos Brazão en el Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro.
Su trayectoria quedó vinculada judicialmente con el entramado criminal investigado a partir del asesinato de Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en marzo de 2018.
En febrero de 2026, el Supremo Tribunal Federal de Brasil condenó a Calixto a nueve años de prisión por el delito de organización criminal en el marco de ese proceso.
Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, fueron asesinados en marzo de 2018.
En el mismo juicio, Domingos Brazão y su hermano Chiquinho fueron condenados por su responsabilidad en los homicidios.
La situación de Calixto tiene una distinción importante: su condena por integrar una organización criminal no significa que haya sido condenado como autor material o intelectual del doble asesinato.
De acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República, también se le atribuyeron actividades relacionadas con negocios inmobiliarios irregulares y funciones como supuesto testaferro de la familia Brazão.
Flávio Bolsonaro negó todas las acusaciones.
Esos antecedentes explican por qué su participación en gestiones para obtener recursos públicos despertó el interés de los investigadores.
Los mensajes
El vínculo documentado entre Calixto y el entorno del candidato presidencial se remonta a octubre de 2023. Según distintas publicaciones, la Policía Federal obtuvo conversaciones entre el expolicía y Maria de Fátima Bezerra Castro, conocida como “Fafá”, integrante del equipo parlamentario de Flávio Bolsonaro.
En esos intercambios, Calixto solicitaba colaboración para conseguir fondos destinados al Instituto de Formación Profesional José Carlos Procópio (Ifop), una organización ubicada en Taquara, en la zona oeste de Río de Janeiro.
El 24 de octubre de 2023, el intermediario pidió a la asesora que consultara con el senador la posibilidad de ayudar económicamente a la institución.
Las comunicaciones continuaron durante noviembre y se extendieron hasta marzo de 2024, con nuevas consultas sobre el estado de las gestiones.
Finalmente, una enmienda parlamentaria de Flávio Bolsonaro permitió destinar 199.999,79 reales al Ifop, para financiar el proyecto deportivo infantil denominado Jogadores do Futuro.
El dato central es que existen registros de comunicaciones entre Calixto y una funcionaria del gabinete, además de documentación sobre la asignación de los fondos.
Lo que esas constancias no demuestran por sí solas es que Bolsonaro haya participado de una maniobra ilegal o conocido eventuales irregularidades en la ejecución del proyecto.
Los investigadores también analizaron intercambios en los que la asesora solicitaba entradas para un desfile de carnaval. La Policía Federal examinó esos mensajes ante la posibilidad de que existieran beneficios indebidos, aunque las conversaciones difundidas no permiten establecer que los accesos hayan sido efectivamente entregados a la funcionaria.
Qué investiga la Policía Federal
La causa relacionada con el Ifop forma parte de una investigación más amplia sobre el posible desvío de fondos procedentes de enmiendas parlamentarias destinadas a organizaciones sociales.
En Brasil, estas enmiendas son instrumentos mediante los cuales los legisladores pueden participar en la asignación de recursos del presupuesto federal a determinados proyectos.
La Policía Federal investiga si algunas organizaciones vinculadas con el entorno de los hermanos Brazão utilizaron esos mecanismos para obtener fondos que posteriormente habrían sido desviados mediante contrataciones irregulares, pagos indebidos o empresas intermediarias.
La investigación dio lugar a la denominada Operación Emendatio, desarrollada durante 2026. En el caso del proyecto financiado con recursos asignados por Flávio Bolsonaro, las sospechas alcanzaron compras de materiales deportivos y contrataciones realizadas por la institución beneficiaria.
Entre las irregularidades señaladas en las publicaciones periodísticas aparecen gastos por 30.700 reales correspondientes a 212 pares de botines y accesorios cuya entrega no habría sido debidamente acreditada.
También se identificaron posibles sobreprecios en materiales y equipamiento. Según la información publicada, una estimación de las irregularidades económicas alcanzó los 52.800 reales.
Estos montos corresponden a observaciones y sospechas sobre la ejecución de los recursos. No deben presentarse como un perjuicio económico definitivamente establecido por sentencia judicial.
La investigación también incluyó observaciones del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que cuestionó aspectos de las contrataciones y del uso de los fondos públicos.
Qué respondió Flávio Bolsonaro
Frente a la difusión de las investigaciones, el equipo del candidato presidencial rechazó que la asignación presupuestaria hubiera sido irregular.
En declaraciones recogidas por la prensa brasileña, la asesoría de Bolsonaro sostuvo que la enmienda fue destinada conforme a la legislación vigente y siguiendo los criterios técnicos establecidos por el Ministerio del Deporte.
También afirmó que la responsabilidad por la ejecución de los recursos correspondía a la entidad beneficiaria y no al legislador que había dispuesto su asignación.
En otra respuesta difundida después de las publicaciones sobre el Ifop, Bolsonaro aseguró que el procedimiento se había realizado dentro de la legalidad y con transparencia.
Además, sostuvo que cualquier sospecha de irregularidad en la utilización de los fondos debía ser investigada y, en caso de comprobarse, sancionada.
Por su parte, el Ifop defendió las compras realizadas y señaló que había seguido procedimientos de cotización para seleccionar los precios más bajos. Sin embargo, las explicaciones difundidas no despejaron todas las observaciones sobre la documentación respaldatoria de las entregas.
El Ministerio del Deporte informó que los proyectos se encontraban bajo análisis técnico y que las eventuales inconsistencias podían dar lugar a requerimientos de información adicional.
La investigación llegó al Supremo Tribunal Federal
La difusión de las conversaciones también tuvo consecuencias políticas y judiciales. En septiembre, el diputado Pedro Uczai, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), presentó una solicitud ante el Supremo Tribunal Federal para que se profundizara el control sobre las enmiendas parlamentarias destinadas por Flávio Bolsonaro a organizaciones del tercer sector en Río de Janeiro desde 2019.
Pedro Uczai, dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).El planteo fue dirigido al ministro Flávio Dino y solicitó la intervención de la Contraloría General de la Unión para auditar la utilización de esos recursos.
La presentación se apoyó en las investigaciones periodísticas y planteó la necesidad de esclarecer las circunstancias en las que el Ifop fue seleccionado como beneficiario.
Pero ese pedido constituye una iniciativa para ampliar las verificaciones y no una declaración judicial de culpabilidad del candidato presidencial.
La investigación sobre el destino de los fondos y el proceso por el asesinato de Marielle Franco son actuaciones diferentes, aunque algunos nombres aparezcan en ambas.
Una búsqueda que entró en la campaña presidencial
El caso volvió a adquirir notoriedad en los últimos días de campaña por una estrategia impulsada por seguidores de Lula, quienes comenzaron a recomendar que los usuarios escribieran “Flávio Bolsonaro Peixe” en Google.
La intención era dirigir la atención hacia las publicaciones sobre las conversaciones entre Calixto y la asesora del candidato, así como hacia las investigaciones por el uso de fondos públicos.
La expresión se convirtió así en una herramienta de confrontación electoral en plena disputa por la presidencia brasileña.
El episodio también expone una dificultad habitual en las campañas: la circulación conjunta de hechos documentados, investigaciones pendientes y acusaciones políticas que no necesariamente tienen el mismo respaldo judicial.
De hecho, el Tribunal Superior Electoral brasileño confirmó esta semana la remoción de publicaciones que vinculaban a Bolsonaro con otra investigación policial, denominada Operación Unha e Carne, al considerar que atribuían conexiones con organizaciones criminales sin sustento suficiente. Se trata de un expediente diferente al relacionado con el Ifop.
En el caso de “Peixe”, lo acreditado es la condena del expolicía por organización criminal, su relación laboral con Domingos Brazão, los mensajes intercambiados con una asesora de Bolsonaro y la existencia de una asignación presupuestaria a la ONG investigada.
Lo que permanece bajo análisis es si existieron desvíos de fondos y quiénes podrían ser responsables.
