por Redacción NewsDigitales
La posibilidad de una nueva reelección de Osvaldo Jaldo abrió un frente de tensión política en Tucumán. El espacio Cambia Tucumán, encabezado por el diputado nacional Mariano Campero, acompañará una acción declarativa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para cuestionar la validez del artículo 90 de la Constitución provincial. El planteo busca poner bajo revisión una norma que podría resultar decisiva para el futuro electoral del gobernador.

Reformado en 2006, el artículo establece que quien haya ejercido durante ocho años la vicegobernación puede luego ocupar otros ocho años la gobernación. La oposición pretende que el máximo tribunal determine si esa habilitación es compatible con la Constitución Nacional y con la forma republicana de gobierno.
La discusión excede la interpretación de una cláusula provincial: pone en juego los límites a la permanencia en el poder y las condiciones para una eventual nueva candidatura de Jaldo. El planteo opositor apunta a que la continuidad de un mismo dirigente durante 16 años en los dos cargos más importantes de la provincia puede afectar la alternancia y los controles institucionales.
La estrategia opositora se apoya en antecedentes de la Corte nacional en controversias por nuevos mandatos de gobernadores. Entre ellos aparecen los casos de Gerardo Zamora, Alberto Weretilneck, Sergio Uñac, Juan Manzur y Gildo Insfrán, que llevaron al máximo tribunal discusiones sobre los límites constitucionales a la reelección.
Uno de los argumentos centrales remite al voto del juez Carlos Rosenkrantz en el fallo “Uñac”, de 2023. En esa oportunidad, el magistrado consideró “intolerable” la permanencia consecutiva de 16 años de un mismo dirigente en los dos principales cargos de una provincia.

Según esa interpretación, una continuidad prolongada puede comprometer la independencia judicial, debilitar los controles políticos y afectar la igualdad de condiciones en la competencia electoral. La oposición tucumana buscará que esos criterios sean considerados al analizar el artículo 90.
El cuestionamiento constitucional abre un nuevo frente para el gobernador, cuyo eventual camino hacia otro mandato podría quedar condicionado por la discusión judicial. La iniciativa de Cambia Tucumán busca trasladar al máximo tribunal una disputa que, hasta ahora, también tiene un fuerte componente político.

Sin embargo, todavía no se conocen todos los detalles formales de la acción. La información difundida no precisó el número de expediente, el fuero de radicación, la fecha exacta de presentación ni la identificación completa de las partes. Tampoco se informó una respuesta oficial del Gobierno tucumano.
La eventual intervención de la Corte será clave para determinar si el artículo 90 puede mantenerse vigente en su actual redacción y qué consecuencias tendría ese criterio sobre una posible candidatura de Jaldo. En juego no está solamente una interpretación constitucional, sino también una de las principales incógnitas de la política tucumana: hasta dónde llegan los límites para la continuidad en el poder.