Caos en el cierre de urnas en Brasil: la orden de Zanin que dejó mesas sin reabrir

La campaña presidencial de Flávio Bolsonaro cuestionó este domingo 25 de octubre la intervención del Supremo Tribunal Federal de Brasil en la segunda vuelta electoral, después de que el ministro Cristiano Zanin ordenara prolongar la votación hasta las 19:00 en todo el territorio nacional. La resolución, adoptada tras una petición de la coalición que respalda la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva, alteró el calendario originalmente previsto para el cierre de las urnas y obligó al Tribunal Superior Electoral (TSE) a suspender temporalmente la totalización de los resultados. El coordinador de campaña del Partido Liberal, Rogério Marinho, reaccionó públicamente contra lo que considera una intervención judicial de especial gravedad en una jornada decisiva. La controversia se profundizó cuando comenzó a conocerse que varias secciones electorales habían cerrado antes de recibir la instrucción, lo que impedía ejecutar uniformemente la ampliación ordenada.

La identidad del magistrado responsable ocupa un lugar central en la discusión política. Cristiano Zanin fue abogado personal de Lula durante los procesos de la Operación Lava Jato, mantuvo una relación de amistad con el presidente y fue propuesto por él para integrar el Supremo Tribunal Federal en 2023. Su designación recibió la aprobación del Senado brasileño por 58 votos favorables y 18 contrarios. Esos antecedentes no demuestran que Zanin actuara irregularmente ni que su resolución respondiera a instrucciones partidarias, pero explican por qué la oposición exige un examen particularmente riguroso de sus decisiones relacionadas con la candidatura presidencial de su antiguo cliente. El hecho de que una reclamación presentada por la coalición oficialista terminara modificando el procedimiento electoral nacional incrementó las preguntas sobre los fundamentos jurídicos utilizados, la proporcionalidad de la respuesta y la necesidad de garantizar una actuación judicial independiente.

Rogério Marinho cuestiona la intervención del Supremo en plena votación

El senador Rogério Marinho, coordinador de la candidatura de Flávio Bolsonaro y líder opositor en el Senado, expresó su preocupación por la actuación de determinados ministros del Supremo durante la jornada electoral. En una publicación difundida en X, el dirigente calificó de impresionante el nivel de intervención judicial y manifestó su deseo de que no prosperara ningún eventual golpe judicial ni maniobra administrativa que comprometiera la democracia brasileña. Sus palabras constituyen una denuncia política sobre los riesgos que, a juicio de la campaña bolsonarista, presenta la modificación extraordinaria de las reglas durante la votación. Marinho no aportó en esa declaración pruebas de una manipulación efectiva de sufragios, pero su posicionamiento puso el foco en una cuestión verificable: el procedimiento electoral fue alterado cuando varias autoridades regionales habían comenzado a cerrarlo conforme a la normativa previamente establecida.

La documentación judicial permite comprender el origen de esa controversia. La decisión inicial de Zanin corresponde a la Reclamación 101.673/BA, promovida por la coalición Brasil Pronto Pra Mais contra las autoridades municipales de Salvador, Feira de Santana y Lauro de Freitas, en el estado de Bahía. El expediente denunció incumplimientos relacionados con la disponibilidad del transporte público necesario para facilitar el desplazamiento de los electores. Aunque los hechos individualizados en aquella reclamación correspondían a tres municipios, el ministro ordenó prolongar durante dos horas la recepción de votos en todas las secciones electorales de Brasil. La resolución precisa que los acontecimientos llegaron al conocimiento del Supremo a las 16:32:49, apenas media hora antes del cierre ordinario. Esa secuencia plantea preguntas sobre la fundamentación de una medida nacional y sobre el tiempo disponible para coordinarla con los tribunales regionales.

Isso é urgente mesmo. https://t.co/YR3fXhjor9

— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 25, 2026

El cierre de las urnas dejó al descubierto un problema operativo

Las dificultades aparecieron inmediatamente después de conocerse la resolución. El calendario electoral establecía el cierre de las urnas a las 17:00, momento a partir del cual las mesas debían emitir sus boletines y transmitir los resultados correspondientes. Sin embargo, cuando se difundió la instrucción de Zanin, algunas secciones ya habían concluido sus operaciones. El Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais informó que había comenzado el procedimiento de apuración y que técnicamente resultaba imposible reabrir los equipos cerrados por los integrantes de las mesas. Una situación semejante fue comunicada en el Distrito Federal, donde también se habían cerrado centros electorales antes de recibir instrucciones sobre la extensión. La dificultad no era únicamente administrativa: afectaba la posibilidad material de aplicar la misma ampliación temporal a ciudadanos que votaban en jurisdicciones diferentes.

El problema obligó a Zanin a emitir una segunda decisión para precisar el alcance de la primera. En ese nuevo pronunciamiento, el magistrado estableció que la prórroga únicamente debía cumplirse en aquellas secciones cuyas urnas todavía permanecieran abiertas al momento de conocerse la instrucción. Los equipos que ya habían finalizado su funcionamiento no podrían reactivarse y sus votos tendrían que contabilizarse conforme a los procedimientos ordinarios. Posteriormente, el presidente del TSE, Kassio Nunes Marques, remitió orientaciones a los tribunales regionales para aplicar esa interpretación. La aclaración resolvió una duda técnica inmediata, pero introdujo otra cuestión relevante: determinar cuántas secciones pudieron beneficiarse efectivamente de las dos horas adicionales y cuántas habían quedado excluidas por haber concluido sus operaciones antes de recibir la comunicación oficial.

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— Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 25, 2026

El Partido Liberal moviliza a sus fiscales para supervisar el procedimiento

Ante la situación, el Partido Liberal ordenó a sus fiscales electorales regresar inmediatamente a los centros de votación y permanecer allí hasta el cierre definitivo y la emisión de los boletines de urna. La comunicación partidaria también solicitó registrar eventuales irregularidades mediante los canales oficiales correspondientes. La decisión constituye una respuesta operativa de la campaña de Flávio Bolsonaro a la incertidumbre creada por la ampliación del horario. Los fiscales cumplen una función relevante en el seguimiento de las operaciones electorales, ya que pueden presenciar los procedimientos autorizados, observar la emisión de documentos y comunicar incidencias que eventualmente requieran una revisión administrativa o judicial. Su movilización no demuestra que existieran irregularidades generalizadas, pero permite documentar la reacción organizada de la candidatura opositora ante una modificación excepcional del proceso.

La controversia también requiere precisar que la campaña de Bolsonaro había solicitado una ampliación del horario, aunque limitada a localidades afectadas por fuertes lluvias, inundaciones, deslizamientos y dificultades de circulación. Según la documentación divulgada durante la jornada, sus representantes reclamaron dos horas adicionales para municipios de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, entre otras jurisdicciones señaladas en informaciones posteriores. El equipo del Partido Liberal también planteó que los resultados nacionales no se difundieran antes de concluir la votación en los lugares alcanzados por esa medida. La coalición de Lula, por el contrario, terminó defendiendo una extensión nacional a partir de denuncias relacionadas con la insuficiencia del transporte colectivo. Por tanto, ambas candidaturas consideraron necesarias determinadas excepciones, pero discreparon en su fundamentación y alcance territorial.

El equipo de Flávio Bolsonaro cuestiona la prórroga judicial de las elecciones.

La suspensión de la totalización y las garantías que deben esclarecerse

La resolución produjo además una consecuencia institucional inmediata: el TSE suspendió temporalmente la totalización nacional cuando ya había comenzado la divulgación de resultados. Antes de la interrupción se habían procesado 1.225 de las 499.248 secciones electorales, con 335.743 votos válidos contabilizados. La pausa se produjo después de que la Justicia Electoral comenzara a recibir boletines emitidos por urnas que habían cerrado conforme al horario original. La secuencia exige aclaraciones sobre la continuidad del procesamiento interno, el tratamiento de los datos recibidos y los mecanismos utilizados para incorporar posteriormente los votos de las secciones que permanecieron abiertas. La suspensión de la publicación de resultados no demuestra que se hayan alterado votos, pero la coincidencia entre el inicio del escrutinio y una extensión judicial extraordinaria hace especialmente importante que las autoridades expliquen de manera documentada cada fase de la operación.

El Partido de los Trabajadores defiende una interpretación diferente del episodio. Su coordinador jurídico de campaña, Marco Aurélio de Carvalho, sostuvo que la decisión de extender la jornada buscaba proteger el derecho constitucional al voto de quienes habían sufrido dificultades para trasladarse a los centros electorales. Algunas denuncias sobre la reducción de autobuses encontraron respaldo en actuaciones de las autoridades regionales, especialmente en Bahía, donde se habían constatado deficiencias importantes del servicio. Este antecedente constituye un fundamento real para examinar medidas correctivas, aunque no determina automáticamente que todas debieran tener alcance nacional. La cuestión pendiente es establecer si los incidentes comprobados justificaban modificar simultáneamente el horario de miles de secciones y si existían alternativas técnicamente viables para garantizar los derechos de los votantes afectados sin alterar el procedimiento en lugares donde la votación transcurría normalmente.

El Partido Liberal moviliza a sus fiscales tras la ampliación nacional del horario.

La denuncia formulada por Rogério Marinho y la movilización de los fiscales del Partido Liberal sitúan el debate en un terreno que requiere respuestas institucionales concretas. Corresponde conocer cuántas urnas cerraron antes de la primera decisión, cuántas continuaron abiertas después de las 17:00, cómo fueron comunicadas las instrucciones del Supremo y si existieron electores perjudicados por la aplicación desigual de la prórroga. También debe esclarecerse la relación entre la suspensión temporal de la totalización y la incorporación posterior de los boletines electorales. No existen pruebas verificadas de que Zanin haya ordenado manipular votos ni de que la coalición de Lula haya cometido fraude mediante esta reclamación. Sí está documentado que una resolución adoptada a última hora tuvo que ser aclarada debido a sus consecuencias operativas. La respuesta de las autoridades deberá permitir evaluar la legalidad, proporcionalidad y ejecución de esa intervención, independientemente del desenlace del balotaje.

Zanin, antiguo abogado de Lula, debió aclarar su resolución sobre las urnas cerradas.