El Colegio de Abogados cuestionó a Milei por hablar de una “hoguera” para periodistas

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal volvió a cuestionar los ataques del presidente Javier Milei contra periodistas y manifestó su preocupación por el tono de sus declaraciones públicas. A través de un comunicado titulado “Basta de ataques y amenazas”, la institución repudió los insultos dirigidos a profesionales de distintos medios de comunicación y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de expresiones pueden tener para la libertad de expresión y el funcionamiento de una república democrática.

El pronunciamiento se conoció luego de que el mandatario apuntara contra los periodistas Hugo Alconada Mon, Luis Novaresio, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues y Natalia Volosín durante un acto realizado en la Fundación Faro, ante empresarios y dirigentes políticos. En esa intervención, Milei los calificó de “ensobrados y corruptos” y acusó al diario La Nación de impulsar una operación política con “fines golpistas”, en referencia a publicaciones vinculadas con una causa judicial.

El Colegio Público consideró que las manifestaciones presidenciales exceden el marco de una crítica política o de una controversia con los medios de comunicación. En particular, puso el foco en una frase pronunciada por el jefe de Estado al referirse a quienes difunden información que cuestiona su gestión: “Los que se tienen que quemar en la hoguera son los hijos de puta”.

Para la entidad, esa expresión representa una escalada en los ataques contra el periodismo y contiene una referencia a la violencia que no puede ser ignorada, especialmente por provenir de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo.

El Colegio de Abogados alertó por el efecto intimidatorio de los dichos

En el comunicado, el Colegio recordó que ya había expresado en otras oportunidades su preocupación por los insultos y ataques de Milei contra periodistas de diferentes medios. En ese sentido, remarcó que existe una relación sustancial entre la libertad de expresión y la vigencia de un sistema democrático y republicano.

La institución también hizo referencia a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al sostener que “no hay derecho al insulto, a la vejación gratuita e injustificada”. Desde esa perspectiva, señaló que las expresiones de los funcionarios públicos, y en particular las del Presidente, deben analizarse teniendo en cuenta el alcance y la responsabilidad que implica el ejercicio de esa investidura.

Según el Colegio, los dichos presidenciales tienen un efecto que va más allá de la confrontación verbal. Al provenir de la máxima autoridad del país, pueden generar un clima de intimidación sobre quienes investigan, publican y difunden información de interés público.

Alejandra García, presidenta del Colegió Público de Abogados 

La entidad advirtió que ese efecto resulta especialmente preocupante cuando los ataques se dirigen contra periodistas identificados por su nombre y apellido, en el marco de cuestionamientos a contenidos difundidos por medios de comunicación.

La referencia a la “hoguera” y el riesgo de incitar a la violencia

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la interpretación de la frase utilizada por Milei durante el acto en la Fundación Faro. Para el Colegio Público, el Presidente no solo mantuvo sus descalificaciones contra periodistas, sino que avanzó hacia manifestaciones de mayor gravedad al incorporar una referencia explícita a la “hoguera”.

En el texto, la institución sostuvo que, más allá de que la expresión pudiera presentarse como una metáfora, existe una “clara alusión a la violencia” contra quienes ejercen la profesión de informar a la ciudadanía sobre asuntos de interés público.

El comunicado también planteó que este tipo de expresiones puede tener consecuencias sobre el comportamiento de terceros. En particular, advirtió sobre la posibilidad de que seguidores exaltados interpreten las palabras presidenciales como una señal y decidan actuar por cuenta propia contra las personas señaladas.

La preocupación del Colegio se centra, por lo tanto, no solamente en el agravio dirigido a los periodistas, sino también en el contexto en el que se producen las declaraciones y en el impacto que pueden generar sobre el ejercicio de la actividad periodística.

El antecedente judicial mencionado por el Presidente

Las declaraciones de Milei se produjeron después de que un fallo judicial lo beneficiara en una causa en la que se investigaba la presunta comisión de los delitos de estafa y negociaciones incompatibles con la función pública, según detalla el comunicado del Colegio.

En ese contexto, el mandatario cuestionó las publicaciones periodísticas vinculadas con el expediente y acusó al diario La Nación de llevar adelante una operación política con “fines golpistas”. También calificó de “basura” la información difundida sobre la investigación.

El Colegio Público retomó esos antecedentes para contextualizar sus críticas y remarcar que el desacuerdo con una cobertura periodística no justifica los agravios ni las expresiones que puedan interpretarse como amenazas.

El pronunciamiento no se limitó a defender a los periodistas mencionados, sino que puso el acento en la necesidad de preservar las condiciones para que la prensa pueda informar sobre asuntos de interés público sin sufrir intimidaciones desde el poder político.

El reclamo para que cesen los ataques

En el tramo final del comunicado, el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su rechazo a las manifestaciones presidenciales y reclamó que no vuelvan a repetirse.

“Finalmente, el Colegio Público repudia esas manifestaciones violatorias de la libertad de expresión y expresa enfáticamente su deseo de que no vuelvan a repetirse”, señaló la institución.

Además, advirtió que los principios que sostienen una república democrática se ven amenazados cuando se guarda silencio frente a comportamientos de esa gravedad.

El mensaje constituye una nueva señal de alarma de la entidad frente a los ataques del Presidente contra el periodismo y vuelve a colocar en el centro de la discusión pública el vínculo entre el poder político, la prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información.

Para el Colegio, la libertad de expresión no es solamente una garantía para quienes trabajan en los medios, sino también una condición indispensable para el debate democrático y el control público de los actos de gobierno. En ese marco, reclamó que cesen los insultos y las amenazas y que se preserve el respeto por los principios republicanos.

ND