La posibilidad de que ningún bloque alcance las 61 bancas en las elecciones israelíes del 27 de octubre no implica automáticamente una nueva convocatoria electoral. La Knéset cuenta con 120 integrantes y los gobiernos suelen depender de acuerdos entre distintas organizaciones políticas. El sistema permite negociar después de conocer los resultados, incluso entre partidos que compitieron separadamente. Por eso, la distribución inicial de escaños constituye solamente el punto de partida de un procedimiento institucional que puede extenderse durante varias semanas y modificar sustancialmente el panorama político surgido de las urnas.
La diferencia entre obtener la primera posición y reunir una mayoría parlamentaria es fundamental. Una formación puede ganar más bancas que sus competidoras y, sin embargo, carecer de socios suficientes para gobernar. También puede ocurrir que varios partidos inicialmente ubicados en sectores distintos alcancen compromisos para constituir un Ejecutivo. El umbral electoral del 3,25% añade otra variable: una lista que ingresa o queda excluida del Parlamento puede modificar la distribución final de escaños y las posibilidades de negociación de las demás fuerzas políticas.
Una vez publicados los resultados, el presidente de Israel debe consultar a los representantes de las fuerzas parlamentarias antes de encargar la formación del gobierno. La legislación establece que esa designación debe producirse dentro de los siete días posteriores a la publicación de los resultados. El mandatario no está obligado a escoger al dirigente de la lista más votada. Su decisión debe orientarse hacia un miembro de la Knéset que tenga posibilidades de conseguir los apoyos necesarios para formar un Ejecutivo que reciba la confianza parlamentaria y pueda ejercer sus funciones.
El primer candidato designado dispone de 28 días para completar su tarea. El presidente puede conceder una o varias prórrogas que, en conjunto, no superen otros 14 días. Durante ese período se negocian programas, responsabilidades ministeriales, distribución de funciones y compromisos legislativos. La existencia de conversaciones no significa que haya un pacto definitivo. Tampoco basta anunciar una alianza: la formación del gobierno requiere cumplir el procedimiento parlamentario y obtener la confianza de la Knéset, que deberá pronunciarse sobre la propuesta gubernamental presentada.

En escenarios fragmentados, las negociaciones adquieren una dimensión que supera la simple suma de bancas. Los partidos pueden exigir garantías sobre presupuesto, seguridad, servicio militar, educación religiosa o reformas institucionales antes de apoyar un Ejecutivo. Las incompatibilidades declaradas durante la campaña también limitan las combinaciones posibles. Una coalición numéricamente viable puede fracasar si sus integrantes no encuentran un programa común, mientras que un acuerdo inicialmente improbable puede avanzar mediante compromisos verificables y concesiones políticas. Las posiciones que las organizaciones adopten después de las elecciones serán tan relevantes como sus resultados individuales.
La experiencia de 2021 demuestra que no siempre se necesitan 61 votos afirmativos en una investidura. El gobierno encabezado por Naftali Bennett, mediante un acuerdo de rotación con Yair Lapid, asumió el 13 de junio después de una votación de confianza de 60 votos favorables, 59 contrarios y una abstención. La coalición reunía originalmente 61 diputados, pero no todos votaron a favor. El antecedente permite distinguir la mayoría absoluta de integrantes de la Knéset de la mayoría efectiva de votos necesaria para aprobar aquella investidura, una diferencia jurídica relevante cuando se evalúan las alternativas de gobierno.

Si el primer candidato agota el plazo, reconoce que no puede formar gobierno o ve rechazada su investidura, el presidente dispone de tres días para encargar la tarea a otro parlamentario dispuesto a asumirla o comunicar que no encuentra una alternativa viable. El segundo aspirante obtiene 28 días sin posibilidad de prórroga. Esta instancia impide interpretar automáticamente el fracaso del primer dirigente como un mandato para repetir las elecciones, porque todavía pueden existir apoyos disponibles para otro candidato. Los partidos tienen entonces la oportunidad de reconsiderar sus posiciones y explorar combinaciones diferentes.
Si tampoco prospera el segundo intento, o el presidente comunica que no identifica una opción viable, se abre un período de 21 días durante el cual al menos 61 miembros de la Knéset pueden solicitar por escrito la designación de un candidato que haya aceptado esa responsabilidad. En ese caso, el presidente debe otorgarle el encargo dentro de dos días y el dirigente dispone de 14 días para formar gobierno. Aquí los 61 respaldos sí constituyen una exigencia legal específica para activar esta instancia extraordinaria, distinta de la votación de confianza parlamentaria que posteriormente debe superar el nuevo Ejecutivo.

El bloqueo desemboca en una nueva elección cuando se agotan los mecanismos previstos y no existe un gobierno investido. Si no se reúne el respaldo necesario durante la última instancia, o el candidato designado fracasa, la Knéset se considera disuelta conforme a la Ley Básica del Gobierno y los siguientes comicios deben celebrarse dentro de un plazo de 90 días. Mientras no se constituya un nuevo Ejecutivo, el gobierno saliente continúa desempeñando sus funciones. La ausencia inicial de 61 bancas para un bloque no activa por sí misma esa disolución ni impide intentar fórmulas alternativas de gobernabilidad.
Israel ya atravesó situaciones semejantes. Después de las elecciones de abril y septiembre de 2019 no logró constituirse una nueva coalición, lo que contribuyó a la repetición de los comicios. En cambio, tras las elecciones de marzo de 2020, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz acordaron un gobierno de unidad que asumió el 17 de mayo. El contraste muestra que la fragmentación parlamentaria puede conducir tanto a un entendimiento como a un nuevo proceso electoral. Para 2026, cualquiera de esas posibilidades dependerá de los resultados reales y de las negociaciones posteriores, no de las proyecciones de campaña ni de acuerdos que todavía no hayan sido formalizados.