Fentanilo: familias de víctimas repudian la ley aprobada en Diputados y apuntan a Lugones

Las familias de las víctimas del fentanilo adulterado repudiaron el proyecto de trazabilidad de medicamentos que la Cámara de Diputados aprobó el miércoles. Lo hicieron a través de un comunicado y en diálogo con NewsDigitales, después de la votación.

El proyecto obtuvo 241 votos a favor, uno en contra —el de Marcela Pagano (Coherencia)— y cinco abstenciones del Frente de Izquierda y de Mónica Frade (Coalición Cívica). Todavía no es ley: para eso necesita la aprobación del Senado.

La iniciativa nació como respuesta a lo que comenzó en abril de 2025, cuando ampollas adulteradas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo se aplicaron en hospitales de todo el país. La Justicia federal investiga 124 muertes. Para los familiares, sin embargo, el texto aprobado no es la respuesta que esperaban.

Por qué repudian la ley aprobada en Diputados

El proyecto que escribieron los propios familiares quedó afuera. Es el expediente 0109-P-2026, que no fue incluido entre los tres proyectos que la Comisión de Acción Social y Salud Pública unificó en un solo dictamen. Ese dictamen se acordó entre el 8 y el 23 de septiembre, un plazo que las familias consideran demasiado corto para revisar sus propuestas.

Según el comunicado, su texto proponía controles físicos, químicos y microbiológicos durante la fabricación, y una cuarentena de cada lote hasta comprobar su calidad. Esas garantías, sostienen, no quedaron en el proyecto aprobado con el mismo alcance.

“Nosotros lo que estábamos proponiendo era una trazabilidad completa, desde la compra de la materia prima, el ingreso al país por la aduana, el ingreso a los laboratorios, hasta la cama del paciente”, explicó Daniel Oviedo, de 71 años, padre de Daniel Sebastián Oviedo, que murió en el Hospital Italiano de La Plata a los 44 años. La trazabilidad significa la posibilidad de reconstruir el recorrido completo de un medicamento.

También pedían inspecciones sorpresa. “El INAME se venía manejando con inspecciones programadas. Avisaban antes de ir”, contó Daniel. El INAME es el Instituto Nacional de Medicamentos, el área de la ANMAT que controla cómo se fabrican los remedios. El texto aprobado deja la frecuencia de esos controles en manos de la reglamentación.

Natalia Rivero, cuyo marido, Héctor Padín, murió a los 49 años en el mismo hospital, dijo: “Nos sentimos como que se están burlando de nosotros”. Y agregó: “Están utilizando nuestro dolor para hacer esto”.

Qué le reclaman a Lugones

Las familias sostienen que una ley de trazabilidad no reemplaza la investigación de lo que falló. Exigen que se analice toda la cadena de decisiones del Estado, empezando por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y siguiendo por las autoridades de la ANMAT y el INAME.

El comunicado también nombra a Federico Sturzenegger, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo y al presidente Javier Milei. Daniel fue directo: “Yo espero que caiga toda la cadena de responsabilidad, desde el presidente de la Nación”.

En la causa judicial, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, ya fueron procesadas la extitular de la ANMAT, Nélida Agustina Bisio, y la exdirectora del INAME, Gabriela Mantecón Fumadó. Ambas están acusadas como presuntas partícipes necesarias de la adulteración de medicamentos.

“Nos tuvimos que imponer”

Los familiares denuncian que no fueron invitados a la sesión del miércoles. Daniel contó que tampoco hubieran ido: “Fue un desprecio a lo que ellos habían acordado”. En el recinto, la diputada Romina del Plá (Frente de Izquierda) cuestionó que el acuerdo se cerrara a espaldas de las familias.

El 23 de septiembre, cuando la comisión firmó el dictamen, pudieron entrar porque Pagano los hizo pasar. “Nos tuvimos que imponer como si fuéramos delincuentes. Imaginate entrar al Congreso, que es nuestra casa, y que te pongan un montón de dificultades”, relató Daniel.

La participación de los familiares venía de antes. Desde septiembre de 2025, cuando Diputados creó la Comisión Especial Investigadora, asistieron a reuniones hasta dos veces por semana. Esa comisión cerró en diciembre con 20 recomendaciones. La hija de Daniel, técnica de laboratorio jubilada, ayudó a redactar el proyecto de las familias.

Qué cambia con la ley aprobada en Diputados

El proyecto crea un sistema para seguir el recorrido de los Medicamentos de Alto Riesgo: los inyectables que entran al cuerpo por vena, arteria, músculo o médula, como el fentanilo. Cada paso deberá quedar registrado, desde la importación y la fabricación hasta la aplicación al paciente. El seguimiento incluye los ingredientes con los que se elaboran.

Ante un caso sospechoso, los hospitales tendrán 24 horas para avisar a la Nación, a su provincia y a la ANMAT. Con esa notificación, la ANMAT tendrá un máximo de seis horas para frenar en todo el país el uso del lote sospechoso. Las multas irán de 30 a 1.600 unidades fijas.

Hasta quienes votaron a favor marcaron límites. Pablo Yedlin (Unión por la Patria) advirtió que el sistema sirve para encontrar lotes adulterados, pero no para impedir que se fabriquen.

El diputado también señaló que la ANMAT tiene apenas ocho inspectores para controlar laboratorios.

Las historias detrás del repudio

Daniel Sebastián Oviedo tenía 44 años y se dializaba desde 2009. Murió el 17 de mayo de 2025 en terapia intensiva. Su padre asegura que nadie del hospital le explicó la causa: “Me entero por las redes”. Tuvo que ir al juzgado de Kreplak para que lo derivaran al hospital y le confirmaran que su hijo era una víctima del fentanilo.

Natalia internó a Héctor Padín, señalero del Ferrocarril Roca, de 49 años, el 15 de abril de 2025 por una neumonía bilateral. Murió diez días después. Ella y su hija, que hoy tiene 20 años, se enteraron recién el 20 de agosto, por un diario digital, de que la causa había sido el fentanilo adulterado.

Qué pasa ahora

El proyecto pasa al Senado. Si se aprueba, el Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarlo. Mientras tanto, las familias siguen en la causa judicial, donde Daniel defiende el trabajo del juzgado: “No pueden imputar por imputar. Tienen que tener pruebas”.

Natalia dejó en claro el reclamo de fondo: “Lo único que queremos y exigimos es verdad y justicia. Golpeamos puertas y nos ignoran”. Daniel, en tanto, pidió que el tema no quede solo en manos de las familias: “Ninguno de nosotros está libre de que vuelva a pasar”.