Hotesur-Los Sauces: la Fiscalía detalló cómo habría funcionado el circuito de fondos

La investigación por las causas Hotesur y Los Sauces tuvo este lunes una nueva audiencia en el Tribunal Oral Federal (TOF) N°5, donde continuó la lectura de las acusaciones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner. Durante la jornada, la Fiscalía expuso los fundamentos de su hipótesis sobre un presunto circuito de fondos entre las sociedades de la familia y empresarios que mantuvieron negocios con el Estado durante los gobiernos kirchneristas.

El fiscal Diego Velasco describió el caso como una “compleja maniobra delictiva” y sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner habrían montado una estructura para “enriquecer ilegítimamente a Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa”, además de beneficiar económicamente a su propio entorno familiar.

De acuerdo con la acusación, la operatoria se habría extendido durante más de 12 años y habría requerido la participación coordinada de familiares, funcionarios públicos, empresarios y personas que ocuparon cargos en las sociedades investigadas. La Fiscalía planteó que cada uno habría cumplido funciones específicas para sostener el mecanismo.

Se trata de la hipótesis de la parte acusadora, que deberá ser evaluada durante el juicio. La exposición de los fiscales forma parte de la lectura de los requerimientos de elevación a juicio y no equivale, por sí misma, a una nueva declaración de culpabilidad de los imputados.

El rol de Los Sauces y la participación de Máximo Kirchner

Uno de los ejes de la acusación es la creación de Los Sauces, una sociedad constituida en 2006 que, según la Fiscalía, habría sido utilizada como una estructura para canalizar dinero mediante el alquiler de propiedades y hoteles a empresarios vinculados con el Estado.

Máximo Kirchner fue designado presidente de la firma y permaneció en ese cargo hasta 2015, cuando fue reemplazado por Romina Mercado, sobrina de los expresidentes. También participaron en la conformación de la sociedad el contador Víctor Manzanares y el escribano Jorge Ludueña.

El fiscal señaló que Máximo Kirchner habría intervenido en operaciones inmobiliarias con Austral Construcciones S.A., la empresa vinculada a Lázaro Báez, y en la firma de contratos de alquiler de hoteles. Además, la acusación le atribuyó el retiro de fondos de Hotesur, otra de las sociedades investigadas.

En cuanto a Romina Mercado, la Fiscalía sostuvo que habría tenido un papel relevante en el funcionamiento de las empresas, al ocupar cargos directivos tanto en Los Sauces como en Hotesur. Según la hipótesis fiscal, su participación habría contribuido a sostener los mecanismos investigados.

La acusación también hizo referencia a la composición de los directorios. Según Velasco, se habría mantenido una estructura integrada por personas del círculo familiar más cercano, con el objetivo de asegurar el control de las sociedades y facilitar la operatoria cuestionada.

Néstor Kirchner fue director suplente de Los Sauces hasta su fallecimiento, en 2010, mientras que Cristina Kirchner ocupó ese cargo hasta 2014. En 2012, Florencia Kirchner ingresó como vicepresidenta en reemplazo de su padre. La Fiscalía vinculó los cambios posteriores en la conducción con las relaciones empresariales que comenzaron a ser investigadas en el marco de estas causas.

Cómo habría funcionado el circuito de fondos

Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la explicación sobre el origen de los ingresos de las sociedades. De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía, el 65% de la facturación habría correspondido a empresas del Grupo Indalo, vinculado a Cristóbal López y Fabián De Sousa, mientras que otro 23% habría provenido del Grupo Báez.

Durante el período analizado, la sociedad habría facturado $25.968.042,30 por el alquiler de propiedades y hoteles. Para la acusación, esos pagos no pueden analizarse de manera aislada, sino que deben ser relacionados con los negocios que los empresarios mantenían con el Estado nacional y con la provincia de Santa Cruz.

En el caso de Báez, los fiscales sostuvieron que parte de los fondos habría tenido origen en la adjudicación presuntamente irregular de obra pública vial en Santa Cruz. La hipótesis plantea que el dinero obtenido a través de esos contratos habría regresado parcialmente a la familia Kirchner mediante el pago de alquileres.

Respecto del Grupo Indalo, la acusación señaló que su crecimiento durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner habría estado relacionado con actividades sujetas a controles, autorizaciones estatales y beneficios impositivos. Luego, según la Fiscalía, empresas vinculadas al conglomerado alquilaban inmuebles de Los Sauces ubicados en el complejo Madero Center, con valores que los investigadores consideraron superiores a los de mercado.

En ese contexto, los fiscales afirmaron que los empresarios habrían aportado la “ingeniería societaria y contable” necesaria para desarrollar la operatoria y permitir que parte de los fondos retornara a la familia investigada.

La relación con la causa Vialidad y las observaciones contables

La Fiscalía también vinculó los hechos investigados en Hotesur y Los Sauces con los delitos analizados en la causa Vialidad, en la que se juzgó la adjudicación de obra pública en Santa Cruz. Según la acusación, ambos expedientes formarían parte de distintos tramos de una misma estructura presuntamente destinada a obtener recursos mediante negocios con el Estado y luego canalizarlos a través de operaciones de lavado de activos.

Otro de los aspectos señalados durante la audiencia fueron las supuestas irregularidades en los registros de Los Sauces. Los fiscales cuestionaron la confección y conservación de los libros societarios y afirmaron que habrían existido alteraciones destinadas a “enmascarar o recortar la verdad de los hechos”.

También remarcaron que la firma no habría contado inicialmente con sede social ni empleados para desarrollar su actividad inmobiliaria. Posteriormente, según lo expuesto, registró como trabajadores a Florencia Kirchner y al jardinero personal de la expresidenta. La Fiscalía aclaró que Florencia Kirchner fue sobreseída y no integra el juicio actual.

La acusación sostuvo, además, que los contratos de arrendamiento no habrían sido tratados ni aprobados formalmente por el órgano de administración de la sociedad, pese a que constituían una parte central de su actividad.

Los inmuebles investigados y el departamento de San José 1111

La Fiscalía repasó distintas operaciones inmobiliarias que considera relevantes para reconstruir el presunto circuito de fondos. Entre ellas mencionó departamentos del complejo Madero Center, terrenos en Río Gallegos, el hotel La Aldea, ubicado en El Chaltén, y una propiedad de Cristina Kirchner en Santa Cruz.

Según la hipótesis fiscal, algunos de esos bienes habrían sido incorporados a Los Sauces para luego alquilarlos a empresas vinculadas con los grupos de Báez e Indalo. Sin embargo, los investigadores también plantearon que ciertos inmuebles no habrían sido destinados al alquiler, sino al uso personal de algunos de los imputados.

Entre las propiedades mencionadas se encuentra el departamento de San José 1111, en la Ciudad de Buenos Aires, donde actualmente la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la condena a seis años de prisión dictada en la causa Vialidad. Según la información expuesta durante la audiencia, el inmueble fue adquirido en 2015 por 370.000 dólares y la operación se habría pagado mediante Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES), en lugar de dinero en efectivo.

La Fiscalía también señaló que la compra de otros terrenos e inmuebles habría formado parte de la estructura investigada y mencionó una operación con un terreno vendido por Austral Construcciones que, según su planteo, podría haber encubierto una donación mediante una compraventa simulada.

Cuándo continuará el juicio

Luego de varias horas de lectura de la acusación, el Tribunal Oral Federal N°5 dio por concluida la audiencia de este lunes. La exposición continuará con el desarrollo de los fundamentos de la causa Los Sauces y, posteriormente, avanzará sobre la acusación correspondiente a Hotesur.

Según lo previsto al cierre de la jornada, la próxima audiencia tendrá lugar el lunes 2 de noviembre. El proceso permitirá avanzar en el análisis de las pruebas y de las responsabilidades que la Fiscalía atribuye a los acusados.

El eje de la investigación consiste en determinar si las sociedades hoteleras e inmobiliarias fueron utilizadas para canalizar fondos provenientes de negocios vinculados al Estado y si los pagos recibidos por alquileres respondieron a operaciones comerciales genuinas o formaron parte de un mecanismo de lavado de activos. Esa es la hipótesis que la acusación busca sostener ante el tribunal y que deberá ser examinada en el marco del debate judicial.

ND