por Redacción NewsDigitales
El caso $LIBRA sumó un nuevo capítulo judicial. Juan Patricio Marchetto, uno de los inversores damnificados por el lanzamiento y posterior derrumbe de la criptomoneda, apeló el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de su hermana Karina Milei y de otros nueve imputados. En su presentación, pidió que se revoque la decisión y continúe la investigación por la presunta estafa.

El recurso tiene 40 páginas y fue presentado con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik. Allí, Marchetto cuestionó la actuación del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Eduardo Taiano, quienes impulsaron el cierre del expediente sin que los investigados fueran citados a declaración indagatoria.
La apelación llegó después de que Martínez de Giorgi dispusiera los sobreseimientos a pedido de Taiano. El inversor, que fue apartado de la causa como querellante, recurrió la medida como “pretenso querellante”, mientras espera que la Cámara Federal de Casación Penal resuelva su situación procesal.
Uno de los ejes del planteo es que el juez habría confundido la falta de pruebas suficientes con la inexistencia de delito. Marchetto sostuvo que la resolución realizó una valoración fragmentaria de los elementos reunidos y que todavía había medidas pendientes para esclarecer los hechos.
También cuestionó las demoras en la producción de pruebas y la falta de citación de testigos. Según el recurso, la Fiscalía pidió cerrar la investigación pese a que aún quedaban diligencias por completar, una contradicción que, a su entender, requería una explicación más rigurosa.

Entre los elementos que considera relevantes figuran los registros de comunicaciones entre Milei y el empresario Mauricio Novelli durante los minutos previos a la publicación presidencial del 14 de febrero de 2025, cuando el mandatario difundió el criptoactivo en la red social X.
La presentación también menciona que, segundos antes de ese mensaje, se habrían registrado 87 operaciones desde 74 billeteras virtuales, por un volumen aproximado de 13,5 millones de dólares. Para el apelante, esos movimientos deben analizarse junto con las comunicaciones y la intervención presidencial para determinar si existió coordinación entre los protagonistas del lanzamiento.
Marchetto reclamó además profundizar las averiguaciones sobre el destino de los fondos y completar pericias sobre dispositivos electrónicos vinculados con otros involucrados. Considera que el cierre de la causa fue prematuro mientras esas medidas permanecían pendientes.

Sin embargo, el recurso enfrenta un obstáculo procesal: el inversor fue excluido como querellante por decisión del juez, confirmada posteriormente por la Cámara Federal. Como esa situación está bajo revisión de Casación, invocó su condición de “pretenso querellante” para intentar recurrir antes de que los sobreseimientos queden firmes.
La posibilidad de que una instancia superior revise el fallo dependerá, en primer lugar, de que se reconozca su legitimación para apelar. Por ahora, la presentación no revierte los sobreseimientos: busca que sean revisados y que la investigación continúe.