Espert apeló su procesamiento por Fred Machado: qué le puede pasar ahora

El exdiputado José Luis Espert apeló este martes el procesamiento por lavado de activos que le dictó el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli. La causa investiga los USD 200.000 que recibió en enero de 2020 de una empresa vinculada a Federico “Fred” Machado.

Sus abogados presentaron dos recursos ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro: uno por él y otro por Varianza S.A., la consultora que fundó con su esposa en 2019. Piden que la Cámara Federal de San Martín revoque la resolución del 22 de octubre.

En un descargo publicado en X, Espert calificó el fallo de “contradictorio, sesgado, falto de prueba y de tintes políticos”. Además del sobreseimiento, reclamó que se levanten el embargo de $1.000 millones y la prohibición de salir del país.

Qué le puede pasar a Espert ahora

Por ahora, Espert sigue en libertad: el juez lo procesó sin prisión preventiva, es decir, sin ordenar su detención mientras avanza la causa. El procesamiento no es una condena. Significa que el juez considera que hay pruebas suficientes para sospechar que cometió el delito.

La decisión queda en manos de la Cámara Federal de San Martín, el tribunal que revisa los fallos del juzgado de San Isidro. Tiene tres caminos:

• Confirmar el procesamiento. La causa avanza y el fiscal puede pedir que vaya a juicio oral.
• Revocarlo y dictar el sobreseimiento. Espert queda desvinculado de la causa de forma definitiva.
• Dictar la falta de mérito. No hay pruebas suficientes ni para procesarlo ni para sobreseerlo, y la investigación sigue. Es el pedido alternativo de la defensa.

Si el caso llegara a juicio y terminara en condena, el artículo 303 del Código Penal castiga el lavado de activos con penas de 3 a 10 años de prisión y una multa de 2 a 10 veces el monto de la operación.

Mientras tanto, siguen vigentes el embargo, que busca garantizar el pago de una eventual multa y de los costos del proceso, y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

La Cámara ya intervino en esta causa. Días antes del procesamiento, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones rechazaron los planteos de nulidad de la defensa y la recusación del fiscal. Concluyeron que las medidas cuestionadas se hicieron “con arreglo a la normativa aplicable”.

Por qué Espert dice que el fallo “se contradice”

APELÉ MI PROCESAMIENTO Y EL DE MI EMPRESA PORQUE EL FALLO ES CONTRADICTORIO, SESGADO, FALTO DE PRUEBA Y DE TINTES POLÍTICOS Hoy mis abogados presentaron ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro dos recursos de apelación contra el auto del 22 de octubre que me procesó por lavado de activos y procesó también a Varianza S.A., la sociedad de consultoría que constituí con mi esposa en 2019. Pido que la Cámara Federal de San Martín revoque esa decisión, dicte mi sobreseimiento y deje sin efecto el embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. Expongo acá, con mis palabras, lo que esos escritos técnicos plantean. LO QUE RESOLVIÓ EL JUEZ Y LO QUE DESCARTÓ El fallo tuvo por probado que los 200.000 dólares que recibí en enero de 2020 como anticipo de un contrato de consultoría provenían de un delito, que el contrato era simulado y que recibirlos en mi cuenta y gastarlos a mi nombre fue “lavarlos”. Lo hizo sin prisión preventiva, con un embargo de mil millones de pesos y la prohibición de salir del país. El mismo fallo descartó buena parte de lo que la Fiscalía había pedido. No tuvo por acreditado que el fideicomiso de la costa ni el vehículo pagado a fines de 2024 tuvieran relación alguna con aquel dinero, rechazó las agravantes que se pretendían y reconoció que no hay razones para dudar de mi idoneidad profesional para prestar el servicio contratado. La imputación quedó reducida, en lo sustancial, a la transferencia recibida desde EE. UU., su aplicación a dos automóviles y la contabilidad de una sociedad. Esa es la imputación. EL PROCESAMIENTO SE CONTRADICE A SÍ MISMO Sin embargo, el propio juez dejó por escrito lo que contradice su decisión. Reconoce que el exhorto enviado a los Estados Unidos hace un año para probar el origen del dinero sigue sin respuesta. Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera. Admite que el único dato que me distinguiría de todas las demás personas e instituciones que trataron con Machado no alcanza para tener por probado el dolo, pero no identifica ningún otro elemento que lo complete. Concede que la creación de Varianza y la falta de declaración fiscal de la transferencia resultarían compatibles con una cuestión impositiva, que es materia administrativa y nada tiene que ver con lavar dinero. Se exige a sí mismo probar un delito previo vinculado a los fondos recibidos y páginas después declara innecesario probar ese vínculo. Y describe a Machado, para la época del contrato, como un empresario aeronáutico, sin sospecha aparente sobre su reputación. Pero yo debía saber -según el juez- que no lo era. ¿Debo ser clarividente yo? LA IMPUTACIÓN NO TIENE LÓGICA Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido. Una transferencia bancaria internacional con mi nombre, a una cuenta también a mi nombre que continuaba otra ya declarada; un auto comprado en concesionaria con factura y certificación contable presentada ante el registro público; un segundo auto pagado por transferencia bancaria; una sociedad a mi nombre con domicilio en mi propia casa y sueldos declarados ante el fisco. El propio fallo comprueba que el contrato de consultoría jamás fue exhibido ante ningún banco, registro ni organismo durante cinco años. Un contrato que nadie usó para justificar nada no puede ser la pantalla de un lavado. No resiste el menor análisis. UN LAVADO SIN BENEFICIARIO Todo lavado tiene un para qué. O se le devuelve el dinero limpio a su dueño, o uno disfraza el origen de dinero propio. Acá no ocurrió ninguna de las dos cosas. Machado no recibió de vuelta un solo dólar. El dinero quedó en mi cuenta, se gastó a mi nombre y los impuestos los pagué yo. Y si lo hubiera lavado para mí, habría que creer que planifiqué una simulación al detalle -escribano, apostilla, correos, testigos- y cometí al mismo tiempo el único descuido capaz de delatarme, que fue recibir el dinero desde la cuenta de un tercero distinto del contratante y sin exigir factura. El estafador prolijo y el chapucero no caben en la misma persona. Queda una pregunta más elemental todavía. Un empresario que movía millones por empresas y cuentas del exterior no necesitaba la cuenta bancaria a nombre de uno de los economistas más conocidos del país, entonces candidato a presidente, para mover doscientos mil dólares. Un delito sin origen probado y sin beneficiario posible es un delito que no ocurrió. LO EXTRAÑO Y ABSURDO DEL REPROCHE El fallo me reprocha que yo “debía” saber al recibir el dinero que Machado andaba en cosas ilícitas, a partir de conversaciones de abril de 2021, quince meses después de la transferencia. Pero los organismos estatales que sí tenían los medios para saber o sospechar algo -la Armada Argentina, la UIF, la IGJ, el Banco Central, la ANAC, Migraciones y ARCA- y que trataron con Machado, no advirtieron nada raro. Nadie habla tampoco de los empresarios, deportistas y demás personalidades públicas, incluso dirigentes políticos, que tenían trato con Machado y volaron en sus aviones. La teoría del juez necesita que el único obligado a saberlo, antes que todas ellas, fuera yo. Llamativo e injusto. LA REALIDAD DE MI EMPRESA Varianza S.A. es la sociedad con la que instrumenté la consultoría que ejerzo desde hace décadas. Nunca facturó a Machado ni a empresa ligada a él, ni recibió un dólar de la operación. Lo único que se le atribuye es haber registrado sueldos en sus libros y haberlos declarado ante el fisco. El propio auto califica esa intervención “de escasa relevancia” pero la procesa igual, con un embargo de quinientos millones de pesos, más de cuatrocientas veces el importe al que el mismo juez acotó su participación. Resulta incomprensible. LAS RESTRICCIONES NO TIENEN FUNDAMENTO El fallo dice dos veces, con palabras expresas, que no existen riesgos procesales. Valora que estoy a derecho, que comparecí a cada citación y que la prueba está reunida. Pero a renglón seguido, con un “no obstante” y sin ningún dato nuevo, me prohíbe salir del país sin plazo. Y traba un embargo de mil millones de pesos sin un solo cálculo que explique cómo llega a esa cifra. Entre los tres procesados, por una única transferencia de 200.000 dólares, los embargos suman 2.200 millones de pesos. Un verdadero despropósito. UN CIERRE QUE NO PERTENECE A ESTA CAUSA El auto termina con una reflexión sobre el lavado y “la financiación de figuras de un espacio político” y de “campañas electorales”. Pero nunca fui indagado por eso. El mismo fallo reconoce que esos hechos tramitan en otra causa y otro juzgado y, a pesar de ello, los usa como contexto de las medidas que me impone. Es muy grave, porque se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente, y porque revela la naturaleza política de este proceso, empleado para perseguirme y proscribirme. LA POSICIÓN DE MI DEFENSA Mis abogados pidieron que la Cámara revoque el procesamiento y me sobresea, porque lo que se me imputa no configura el delito de lavado de activos. En subsidio, pidieron la falta de mérito, porque la prueba necesaria para analizar el caso y que el propio juzgado espera no está en el expediente. Y, en cualquier caso, que se dejen sin efecto la prohibición de salir del país y el embargo, por ser desproporcionados e injustos. Además, mantengo todos mis cuestionamientos a la forma en que se está llevando esta investigación -en especial a la actuación del Fiscal- y el pedido de que tramite ante el juzgado que investiga los mismos hechos desde 2021, donde casualmente el denunciante eligió no presentar su denuncia para derivarla a la jurisdicción de su evidente preferencia. Comparecí cada vez que se me citó, aporté cada documento que tenía y ofrecí la prueba que todavía falta producir. Pido que la investigación se complete y que se la juzgue por lo que hay en el expediente y por lo que la ley dice que es lavar dinero. No por suposiciones. Sin perjuicio de que la Cámara Federal de San Martín no corrigió hasta ahora ninguna de las irregularidades que denuncié, confío en que esta vez sea diferente, porque alcanza con leer el fallo para advertir que no se sostiene. Mientras tanto, seguiré luchando hasta las últimas instancias, mal que le pese a quienes urdieron este plan para sacarme del medio.

— José Luis Espert (@jlespert) October 27, 2026

El eje de la apelación es el origen del dinero. Según Espert, el propio juez reconoce que todavía no llegó la respuesta al exhorto, el pedido formal de información, que se envió a Estados Unidos hace un año para probar de dónde salieron los fondos.

“Se me procesa por lavar fondos de un delito cuya prueba el juzgado todavía espera”, escribió. Sus otros argumentos:

• Que no hubo ocultamiento. “Lavar es dar apariencia lícita a dinero sucio, y para eso hace falta esconder. Acá no hubo nada escondido”. La transferencia llegó a una cuenta a su nombre y los dos autos que compró quedaron registrados.
• Que no hubo beneficiario. “Machado no recibió de vuelta un solo dólar”.
• Que no podía saber quién era Machado. El juez usó conversaciones de abril de 2021, 15 meses después del pago. “¿Debo ser clarividente yo?”, planteó.
• Que no declarar la transferencia ante el fisco es un tema impositivo y no un delito penal.

La frase del juez que Espert considera política

El punto que más cuestionó está en el cierre del fallo. Allí, Mirabelli advirtió sobre “la enorme preocupación” que debe generar “el lavado de activos y la financiación de figuras de un espacio político”, y lo definió como “una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.

Espert respondió que nunca fue indagado por eso y que esos hechos se investigan en otra causa, en los tribunales de Comodoro Py. “Se me ensucia con algo por lo que nunca fui escuchado ni acusado formalmente”, sostuvo. Agregó que esa referencia revela que el proceso fue “empleado para perseguirme y proscribirme”.

De qué lo acusa la Justicia

La causa se abrió en septiembre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois. El dinero llegó desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma que, según la investigación, formaba parte de la estructura comercial de Machado.

Para justificar el pago, Espert presentó un contrato de consultoría por USD 1 millón con la minera guatemalteca Minas del Pueblo S.A. El servicio nunca se prestó. Para el fiscal Fernando Domínguez y para el juez, ese contrato fue simulado para darle apariencia legal al dinero. Espert sostiene que el pago fue un anticipo no reintegrable de un acuerdo real.

Machado se declaró culpable en Estados Unidos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. En 2019 le había prestado aviones a Espert para su campaña presidencial. El escándalo llevó a Espert a bajar en 2025 su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

El procesamiento también alcanzó a su contador, Mariano Cosentino, como partícipe necesario, con un embargo de $700 millones, y a Varianza S.A., con $500 millones. Entre los tres procesados, los embargos suman $2.200 millones.