Presupuesto 2027: obras, impuestos y universidades traban el acuerdo con la oposición

El Gobierno de Javier Milei enfrenta dificultades para avanzar con el Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. La bancada de La Libertad Avanza (LLA) no logró alcanzar un acuerdo con los bloques aliados para firmar el dictamen de mayoría y la definición podría demorarse hasta mediados de noviembre, en medio de las diferencias por las obras públicas, la reducción de impuestos y los recursos destinados a las universidades nacionales.

Durante las últimas reuniones, el oficialismo mantuvo conversaciones con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y Argentina Federal, pero las negociaciones no alcanzaron para destrabar los principales puntos de conflicto. Los sectores dialoguistas presentaron una serie de demandas vinculadas con el alivio de la carga impositiva, la continuidad de las obras en rutas nacionales y la actualización de las prestaciones sociales.

Según el cronograma que se analiza en Diputados, la firma del dictamen podría quedar para el 11 o el 17 de noviembre, mientras que el tratamiento en el recinto se proyecta para el 18 o el 25 de ese mes. Si finalmente la sesión se posterga hasta el 25 de noviembre, el Poder Ejecutivo deberá convocar a sesiones extraordinarias para continuar con el trámite legislativo.

El escenario obliga al oficialismo a intensificar las conversaciones con las fuerzas que pueden acompañar la iniciativa, en un contexto en el que necesita reunir el quórum y construir una mayoría que le permita aprobar la denominada “ley de leyes”.

Los reclamos de los bloques aliados

Entre los principales pedidos de los espacios dialoguistas figura la reducción del impuesto a los combustibles, una medida que, según plantean, contribuiría a aliviar los costos que enfrentan los consumidores. También reclamaron reducir la alícuota del IVA para los huevos y sus derivados, del 21% al 10,5%.

Otro de los puntos centrales es la continuidad de las obras públicas. Los bloques aliados buscan incorporar mecanismos que permitan garantizar los plazos de ejecución y las tarifas de los trabajos en rutas nacionales, un tema que genera diferencias con el esquema presupuestario impulsado por el Gobierno.

A esas demandas se suma el pedido de mantener la actualización de las asignaciones sociales. Los legisladores dialoguistas pretenden evitar que las prestaciones pierdan poder adquisitivo frente a la evolución de los precios y buscan que esa cuestión tenga un tratamiento específico dentro del proyecto.

El PRO, por su parte, incorporó a la negociación los fondos de coparticipación correspondientes a la Ciudad de Buenos Aires. Desde el oficialismo consideran que ese conflicto puede resolverse a través de conversaciones entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

En materia de discapacidad, el oficialismo y sus aliados habrían alcanzado un entendimiento para eliminar cuatro artículos del proyecto presupuestario vinculados con el sector. Además, analizarán si es necesario reforzar las partidas para cumplir con la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que todavía debe ser tratada por el Senado.

Universidades: otra disputa que complica el consenso

El financiamiento de las universidades nacionales continúa entre los principales puntos sin resolver. El proyecto del Ejecutivo contempla $7,3 billones para el sector, mientras que los rectores reclaman elevar los recursos a $11 billones.

La diferencia entre ambas cifras refleja la distancia que todavía existe entre las previsiones oficiales y las demandas de las autoridades universitarias. El monto destinado a las casas de estudio se convirtió así en uno de los ejes de la discusión presupuestaria y en una cuestión que puede influir en el posicionamiento de los distintos bloques.

La negociación no se limita a la distribución de partidas, sino que también pone en juego la capacidad del Gobierno para conseguir respaldos parlamentarios sin modificar aspectos centrales de su propuesta económica.

Los números que necesita La Libertad Avanza

El oficialismo cuenta con 95 diputados propios y necesita reunir al menos 129 legisladores presentes para alcanzar el quórum y habilitar el debate. Por eso, la estrategia de la bancada libertaria depende de sumar a distintos espacios opositores que mantienen una posición dialoguista, aunque condicionan su respaldo a la incorporación de cambios.

Entre los sectores con los que busca construir una mayoría se encuentran la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que podrían aportar en conjunto 22 votos. A ellos se sumarían los nueve integrantes de Argentina Federal, dos diputados de Producción y Trabajo y alrededor de diez representantes de Provincias Unidas.

Con esos apoyos, el Gobierno podría alcanzar una base de aproximadamente 138 votos entre legisladores propios y aliados. Sin embargo, ese número depende de que las negociaciones lleguen a buen puerto y de que los bloques mantengan su respaldo al momento de la votación.

La postergación del dictamen expone, de esta manera, las dificultades del oficialismo para ordenar los apoyos necesarios alrededor de una iniciativa central para su programa económico.

Qué proyecta el Presupuesto 2027

El proyecto contempla gastos totales consolidados por $216 billones, con un incremento del 25,3% respecto de la base de comparación utilizada por el Gobierno. Los recursos consolidados, provenientes principalmente de impuestos y contribuciones a la seguridad social, se estiman en $219,3 billones, un aumento proyectado del 26,2%.

En materia macroeconómica, el Poder Ejecutivo prevé una inflación del 21,3% para 2027 y un dólar de $1.847 para fines de diciembre, con un promedio anual estimado en $1.728. También proyecta un crecimiento del consumo privado del 3,4% y una expansión del consumo público del 0,6%.

Dentro de la composición del gasto, los servicios sociales representarían $150.913.491,9 millones, mientras que los servicios de la deuda pública demandarían $18.609.176,1 millones.

Las proyecciones oficiales constituyen uno de los elementos centrales del debate, ya que las distintas fuerzas deberán evaluar tanto la distribución de los recursos como los supuestos económicos sobre los que se construyó la iniciativa.

Jubilaciones y prestaciones sociales

El Presupuesto 2027 prevé destinar $102 billones al pago de prestaciones previsionales, de los cuales $3,9 billones corresponderían a bonos. El proyecto mantiene para el próximo año el bono de $70.000 para jubilados, sin contemplar un aumento nominal de ese monto.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), los $98,1 billones restantes se destinarían a los haberes regulares, que registrarían un incremento real interanual del 5,7% frente a la proyección de cierre de 2026.

La cantidad de jubilados, pensionados y retirados pasaría de 9,20 millones en 2026 a 9,12 millones en 2027, una reducción estimada de aproximadamente 79.000 titulares.

Por otra parte, el gasto en asignaciones familiares alcanzaría los $14,4 billones, con un aumento real proyectado del 2,5%. Las transferencias destinadas a otros programas sociales llegarían a $9,1 billones, con un incremento real interanual del 37,1% respecto del cierre estimado para 2026.

Con estos números sobre la mesa, el financiamiento universitario, las prestaciones sociales, las obras públicas y las demandas impositivas seguirán condicionando las negociaciones. La posibilidad de avanzar con el Presupuesto 2027 dependerá de que La Libertad Avanza consiga acercar posiciones con sus aliados y reúna los respaldos necesarios para llevar el proyecto al recinto.

ND