La fortuna que dejó “Pillín” Bracamonte: la Justicia le quitó bienes y va por los herederos

La muerte de Andrés Alejandro “Pillín” Bracamonte no puso fin a la investigación judicial sobre el origen de su patrimonio. Casi dos años después de su asesinato, la Justicia Federal de Rosario avanzó sobre una parte de los bienes que había acumulado el histórico jefe de la barra de Rosario Central y ordenó su decomiso, pese a que nunca llegó a ser condenado por lavado de activos. Pero la decisión podría ser apenas el primer paso de una investigación patrimonial mucho más amplia.

Según informó Cadena 3 Rosario, el juez federal Carlos Vera Barros dispuso el decomiso sin condena de una vivienda, una camioneta Ford Ranger y las participaciones societarias que Bracamonte tenía en seis empresas. La medida responde a un pedido del Ministerio Público Fiscal, respaldado posteriormente por la Unidad de Información Financiera (UIF).

El magistrado consideró acreditado el origen ilícito de los bienes alcanzados por la resolución y tuvo en cuenta una circunstancia determinante: Bracamonte fue asesinado el 9 de noviembre de 2024, lo que impidió que el proceso penal en su contra pudiera avanzar hacia una eventual sentencia condenatoria.

Sin embargo, el expediente no se limita a las propiedades que todavía figuraban a su nombre. Los investigadores buscan establecer qué ocurrió con otros activos que habrían integrado su patrimonio y que fueron registrados a nombre de terceros, entre ellos familiares y personas de su entorno.

Una casa, una camioneta y seis empresas bajo la lupa

La resolución judicial alcanza a un inmueble ubicado en Álvarez Thomas 1870, en Rosario, y a una camioneta Ford Ranger identificada con el dominio NMM269.

También comprende las participaciones societarias que Bracamonte tenía en ATE Servicios Integrales SRL, SER-ECO SRL, RUFFINO SAS, KABRASI SRL, B+D Logística SRL y Welding & Company SRL.

En este último caso, existe una distinción importante: el decomiso no afecta a la totalidad de las empresas, sino exclusivamente a las participaciones que pertenecían al exjefe de la barra.

La medida había sido solicitada por los fiscales federales Diego Velasco, Juan Argibay Molina, Matías Scilabra y Federico Reynares Solari, quienes impulsaron la recuperación de los activos investigados.

De acuerdo con fuentes judiciales, los bienes incluidos en esta primera resolución representan solamente una parte del patrimonio bajo investigación.

"Esa decisión abarca un universo reducido de bienes que estaban todavía a nombre de Bracamonte, pero se investigan muchos otros más que fueron registrados después de la muerte a nombre de terceros como familiares y conocidos", explicaron las fuentes al medio rosarino.

Esa línea de investigación abre un nuevo frente judicial: determinar si otros bienes atribuidos al exbarra fueron incorporados formalmente al patrimonio de distintas personas y establecer si existen elementos suficientes para solicitar nuevas medidas de recuperación.

Por qué la Justicia pudo decomisar los bienes sin una condena

Uno de los aspectos centrales de la decisión es que Bracamonte no había recibido una condena penal por los hechos investigados.

El juez Vera Barros recurrió a las disposiciones legales que permiten el decomiso sin sentencia condenatoria en determinadas circunstancias, entre ellas cuando el fallecimiento del imputado impide continuar la persecución penal y se cumplen las condiciones exigidas por la normativa.

En este caso, el magistrado consideró acreditado el origen ilícito de los bienes comprendidos en la resolución.

El fallo también dejó constancia de que se dio intervención a una defensora de menores en representación de los herederos de Bracamonte que todavía no alcanzaron la mayoría de edad, sin que se registraran peticiones de su parte.

La medida incluyó otra disposición vinculada con vehículos secuestrados durante procedimientos realizados por Gendarmería Nacional el 28 de septiembre. El juzgado ordenó comunicar esos secuestros a la Administración General de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y poner las unidades a su disposición.

Así, mientras la investigación penal contra Bracamonte quedó condicionada por su asesinato, el expediente patrimonial mantiene abiertas otras líneas de investigación. El objetivo de los fiscales es determinar si existen más bienes provenientes de actividades ilícitas que puedan ser recuperados, aunque actualmente figuren registrados a nombre de otras personas.