Daniel Roggero y la eficacia de la Justicia: “De cada 100 delitos, 99 quedan impunes”

El funcionamiento de la Justicia argentina, la falta de respuestas para las víctimas y las dificultades del sistema penal para adaptarse a las nuevas modalidades delictivas son algunos de los temas que abordó el abogado penalista Daniel Roggero durante una extensa entrevista en El Living de NewsDigitales.

El especialista, que además es profesor universitario e integrante de la asociación civil Usina de Justicia, sostiene que el Poder Judicial necesita una transformación profunda y cuestiona que todavía se utilicen estructuras y métodos de investigación concebidos para una realidad que cambió radicalmente.

“En mi opinión, hablando del año 2026, siglo XXI, la educación, y me hago cargo de lo que digo, como disciplina jurídica estamos en el siglo XIX”, dijo al analizar la formación de los abogados que posteriormente se desempeñan como jueces, fiscales o defensores.

Roggero consideró que existe una distancia cada vez mayor entre los conocimientos que se imparten en las facultades de Derecho y las herramientas que requieren las investigaciones penales actuales.

“Se enseñan teorías, palabras, algún caso de jurisprudencia, cosas sueltas, y vivimos en el mundo de la tecnología, del desarrollo del mundo de los datos, los algoritmos, ahora de la inteligencia artificial, y el abogado sigue siendo formado como en el siglo XIX”, planteó.

El penalista aseguró que esas deficiencias forman parte de un problema más amplio, que también comprende la organización del trabajo judicial, la ausencia de evaluaciones periódicas y la falta de información pública sobre los resultados.

Las cifras de impunidad

Durante la entrevista, Roggero señaló que uno de los principales problemas del sistema penal es la cantidad de delitos que no llegan a esclarecerse o que no terminan con una condena.

Según las estadísticas que citó, en la Argentina se resuelven seis de cada diez homicidios, mientras que los restantes cuatro permanecen sin esclarecimiento.

También reveló que, sobre el total de delitos denunciados, solamente una proporción mínima llega a una condena efectiva.

“De cada 100 hechos ilícitos denunciados solo tiene condena efectiva 1,4. Quiere decir que, lo digo al revés, de cada 100 delitos, 99 quedan impunes”, aseveró.

El especialista utilizó esos números para cuestionar la ausencia de controles sobre la eficacia de la investigación penal y planteó la necesidad de conocer cuántos casos resuelve cada dependencia judicial y cuánto tiempo demoran los procesos.

“¿Qué juzgado? ¿Cuánto duran los juicios, las sentencias? ¿Cuántos casos se resuelven? ¿Cuáles no? ¿Qué pasa con los prófugos?”, enumeró.

En ese contexto, también criticó las condiciones de funcionamiento del Poder Judicial, especialmente el régimen de feria, los horarios de trabajo y la falta de mecanismos para medir el desempeño de los funcionarios.

“¿Por qué tiene que tener 45 días de vacaciones desde el primer día de trabajo? ¿En qué trabajo existe eso?”, se preguntó.

Roggero aclaró que sus cuestionamientos no están dirigidos contra la independencia judicial, sino a la necesidad de modernizar la institución y establecer mecanismos de rendición de cuentas.

“¿Quién lo mide? ¿Qué sanción o control tiene el que resuelve más o mejor y el que no resuelve?”, insistió.

Los prófugos y las nuevas tecnologías

Otro de los aspectos que abordó en la entrevista fue la búsqueda de personas requeridas por la Justicia. Roggero advirtió que existen diferencias importantes entre las estimaciones sobre la cantidad de prófugos y cuestionó la inexistencia de un registro estadístico suficientemente claro.

“Los números de prófugos van de 200.000 a 45.000, según la fuente y según el criterio. ¿Dónde está esa lista oficial?”, planteó.

El abogado sostuvo que muchas capturas se concretan por circunstancias fortuitas, como controles en estadios, terminales de transporte, procesos electorales o puestos fronterizos, en lugar de ser el resultado de investigaciones específicas y sostenidas.

También advirtió que las demoras para localizar a una persona pueden tener consecuencias procesales, especialmente cuando transcurren los plazos de prescripción de la acción penal.

Para Roggero, el desarrollo tecnológico ofrece posibilidades que todavía no son aprovechadas suficientemente por los investigadores.

“Hoy sobran los datos”, aseguró, y mencionó los registros bancarios, las cámaras de seguridad, los movimientos migratorios, las billeteras virtuales y las distintas plataformas digitales como fuentes potenciales de información.

En ese sentido, consideró que el cruce de datos y la inteligencia artificial podrían mejorar las investigaciones, aunque reconoció que no es especialista en esas herramientas.

El abogado también advirtió que el delito se está transformando mientras gran parte del sistema penal continúa organizado para investigar hechos cometidos exclusivamente en el mundo físico.

“El derecho penal fue pensado para un mundo que ya existe cada vez menos”, sostuvo.

Y puso como ejemplo las estafas digitales, los secuestros virtuales y las operaciones con criptomonedas, que requieren conocimientos y procedimientos distintos de los utilizados tradicionalmente para investigar robos u homicidios.