“Puede haber más prófugos que presos”: la advertencia de un penalista sobre las fallas de la Justicia

La cantidad de personas que permanecen prófugas de la Justicia argentina podría superar, según determinadas estimaciones, el número de detenidos que existe en el país. La posibilidad fue planteada por el abogado penalista Daniel Roggero durante una entrevista con NewsDigitales, donde advirtió sobre la falta de información precisa, las deficiencias en los mecanismos de búsqueda y las consecuencias que esas demoras pueden tener para las víctimas.

El especialista, profesor universitario e integrante de la asociación civil Usina de Justicia, sostuvo que el problema comienza por la ausencia de estadísticas uniformes que permitan determinar cuántas personas son buscadas por los tribunales de las distintas jurisdicciones.

“Los números de prófugos van de 200.000 a 45.000, según la fuente y según el criterio. ¿Dónde está esa lista oficial?”, cuestionó.

Roggero aclaró que las cifras dependen de las definiciones utilizadas para contabilizar a las personas buscadas. En ese universo pueden incluirse quienes escaparon de una cárcel, aquellos que no fueron encontrados después de ser identificados en una investigación o personas que lograron eludir una orden de detención.

Durante la entrevista también se refirió a la comparación entre las estimaciones de prófugos y la población penitenciaria.

“Se podría decir probablemente que por lo menos en algún momento hubo más prófugos que detenidos, sea en condición de condenado o de procesado”, afirmó.

El penalista presentó esa posibilidad como una estimación general y no como el resultado de un relevamiento estadístico propio.

Capturas que dependen de una casualidad

Uno de los principales cuestionamientos de Roggero estuvo dirigido a los métodos que utiliza la Justicia para encontrar a quienes tienen pedidos de captura.

El abogado consideró que muchas detenciones se producen por controles circunstanciales, cuando la persona buscada intenta realizar una actividad cotidiana y sus datos son comparados con los registros policiales.

Mencionó, entre otros ejemplos, los controles en estadios de fútbol, terminales de transporte, pasos fronterizos y establecimientos electorales.

“Lo encuentran por casualidad porque fueron a la cancha y estaba registrado, fueron a tomar un micro de larga distancia o fueron a votar”, sostuvo.

A su entender, esos procedimientos demuestran que existen mecanismos para detectar pedidos de captura, pero no necesariamente una política de búsqueda activa suficientemente desarrollada.

“¿Quién los busca? ¿Cómo los busca? ¿Qué técnica aplican para buscarlos?”, preguntó.

Roggero planteó que el problema no se limita a la disponibilidad de recursos materiales, sino también a la formación de quienes intervienen en las investigaciones y a la falta de herramientas específicas para rastrear personas.

Para ejemplificarlo, recordó el caso de un hombre acusado de abusar de su hijastra de 11 años que permaneció 14 años prófugo y fue detenido después de que la investigación adquiriera repercusión pública.

El especialista utilizó ese episodio para cuestionar qué ocurre con los miles de expedientes que no tienen presencia mediática y en los que los familiares de las víctimas deben insistir durante años para obtener respuestas.

El riesgo de que las causas prescriban

Otro de los puntos abordados durante la charla fue el efecto que puede tener el paso del tiempo en las investigaciones.

Roggero advirtió que una persona buscada durante años podría intentar obtener posteriormente una declaración de prescripción, dependiendo de las características del delito y de las circunstancias procesales.

“Los plazos de la búsqueda, porque en la Justicia existen los plazos de prescripción. Si alguien pasó mucho tiempo y no lo encuentran, después se presenta y pide la prescripción”, explicó.

El penalista señaló que esas situaciones pueden provocar consecuencias especialmente graves para las familias, que además de atravesar la pérdida de un ser querido o las secuelas de un delito, ven frustrada la posibilidad de obtener una sentencia.

De todos modos, la prescripción no opera de manera idéntica en todas las causas y la condición de prófugo no determina automáticamente su aplicación. Cada expediente requiere analizar los plazos legales y los actos que pueden suspender o interrumpir su curso.

Una Justicia que no aprovecha toda la información disponible

Roggero también cuestionó que las técnicas de investigación no se hayan modernizado al mismo ritmo que los recursos tecnológicos.

Señaló que actualmente existen registros digitales de movimientos bancarios, viajes, consumos, comunicaciones y otras actividades que, utilizados dentro de una investigación judicial, podrían ayudar a localizar a personas buscadas. “Hoy sobran los datos”, sostuvo.

Para el abogado, el problema es que gran parte de esa información permanece dispersa y no siempre se utiliza de manera coordinada.

Su planteo apunta a incorporar herramientas tecnológicas y formación especializada para desarrollar búsquedas sostenidas, en lugar de depender exclusivamente de que una persona con pedido de captura aparezca durante un control policial.

El integrante de Usina de Justicia vinculó esas deficiencias con una crítica más amplia al funcionamiento del sistema penal, al que considera poco preparado para medir sus resultados.

Según explicó, no alcanza con conocer cuántas personas están detenidas: también debería existir información pública y comparable sobre los pedidos de captura, el tiempo que demoran las búsquedas y la cantidad de casos que permanecen sin resolución.

Para Roggero, mientras esas estadísticas sigan siendo imprecisas, será difícil establecer qué políticas de búsqueda funcionan y cuáles necesitan ser modificadas.