Los períodos de feria judicial, la cantidad de horas de trabajo y la falta de evaluaciones sobre el desempeño de los tribunales quedaron en el centro de los cuestionamientos que formuló el abogado penalista Daniel Roggero en una entrevista con NewsDigitales. El integrante de Usina de Justicia reclamó una modernización del Poder Judicial y planteó que los funcionarios deberían estar sometidos a controles sobre los resultados de sus tareas.
“¿Por qué tiene que tener 45 días de vacaciones desde el primer día de trabajo? ¿En qué trabajo existe eso?”, preguntó al referirse al régimen de feria judicial.
La crítica fue acompañada por observaciones sobre los horarios de funcionamiento de los tribunales y los sistemas de licencias que, según su interpretación, no se corresponden con las exigencias de una administración de Justicia moderna.
Roggero aclaró que su cuestionamiento no busca desconocer la independencia de los magistrados, sino revisar una organización institucional que considera desactualizada.
“No es una crítica contra la corporación, es un pedido de modernización y de que sean más eficientes”, sostuvo.
El abogado consideró que buena parte de la estructura judicial argentina conserva características de los siglos XIX y XX, pese a los cambios tecnológicos que transformaron las formas de trabajar y de investigar delitos.
Como ejemplo, mencionó los horarios tradicionales de atención y el funcionamiento de edificios que, con la digitalización de los expedientes y las presentaciones electrónicas, dejaron de tener el movimiento de décadas anteriores.
También sostuvo que la formación de quienes ingresan a la carrera judicial continúa centrada en conocimientos teóricos, con escasa incorporación de estadísticas, herramientas informáticas y metodologías modernas de investigación.
Daniel Roggero (primero a la izquierda), en un reconocimiento a Usina de Justicia. Para Roggero, esas limitaciones no pueden analizarse separadamente de los resultados que obtiene el sistema penal. “¿Qué juzgado? ¿Cuánto duran los juicios, las sentencias? ¿Cuántos casos se resuelven? ¿Cuáles no? ¿Qué pasa con los prófugos?”, enumeró al reclamar mecanismos de evaluación.
El penalista advirtió que no existen, a su entender, instrumentos suficientemente extendidos y transparentes para comparar el funcionamiento de las dependencias judiciales y detectar problemas de productividad.
Uno de los conceptos en los que más insistió fue el de rendición de cuentas. Roggero sostuvo que los magistrados y funcionarios deberían responder no solamente por las infracciones disciplinarias o los delitos que pudieran cometer, sino también por la calidad y eficiencia de su gestión.

En ese sentido, comparó la actividad de los profesionales privados con la de los integrantes del Poder Judicial. Según explicó, un abogado que no cumple adecuadamente con su tarea puede perder clientes o recibir cuestionamientos ante su colegio profesional. En cambio, consideró que los mecanismos para evaluar el rendimiento cotidiano de un juzgado resultan insuficientes.
También cuestionó la falta de transparencia en los procedimientos de ingreso y ascenso dentro de la carrera judicial.
“¿Cómo se ingresa al Poder Judicial? ¿Cómo es la carrera? ¿Por qué algunos avanzan muy rápido, otros lentos y otros no avanzan nunca?”, preguntó.
Roggero vinculó esos interrogantes con el funcionamiento de la denominada familia judicial y con los criterios utilizados para cubrir cargos.
La crítica se extendió a las designaciones de jueces y a las posibilidades de controlar el rendimiento de los organismos sin comprometer la independencia de sus decisiones.