Usina de Justicia reclamó cambios en la Defensoría General para garantizar mayor asistencia a las víctimas

La necesidad de garantizar que las víctimas de delitos tengan acceso efectivo a asesoramiento y representación jurídica fue uno de los principales reclamos que formuló Daniel Roggero, abogado penalista e integrante de Usina de Justicia, en una charla con NewsDigitales. El especialista pidió cambios en el funcionamiento del Ministerio Público de la Defensa y sostuvo que la atención a las personas damnificadas debería ocupar un lugar más importante en las prioridades institucionales.

Roggero consideró que la futura conducción definitiva del organismo representa una oportunidad para impulsar una reorganización de recursos y fortalecer las herramientas destinadas al acompañamiento de las víctimas.

“Necesitaríamos un nuevo defensor a cargo del Ministerio Público de la Defensa que equilibre las armas, tanto para la defensa del delincuente como para la defensa de la víctima”, afirmó.

El abogado explicó que la legislación argentina reconoce derechos específicos a quienes sufrieron delitos, pero advirtió que su cumplimiento efectivo todavía enfrenta dificultades.

En particular, cuestionó que muchas familias deban recurrir a organizaciones civiles o contratar asistencia profesional privada para participar activamente de las investigaciones penales.

El papel de la Defensoría General

El Ministerio Público de la Defensa es un organismo autónomo reconocido por el artículo 120 de la Constitución Nacional, cuya función comprende garantizar el acceso a la Justicia y la asistencia jurídica en los casos previstos por la legislación.

Aunque tradicionalmente se lo relaciona con la defensa de personas acusadas de delitos, también tiene atribuciones de asistencia y patrocinio jurídico para víctimas en determinadas circunstancias.

La Ley 27.372, sancionada en 2017, incorporó herramientas específicas para fortalecer esos derechos y estableció la figura de los defensores públicos de víctimas.

La normativa contempla su intervención en procesos penales cuando la gravedad de los hechos y las limitaciones económicas o situaciones de vulnerabilidad justifican que el Estado garantice esa representación.

Roggero sostuvo que, pese a ese reconocimiento legal, todavía falta una política institucional que otorgue mayor protagonismo a la asistencia de los damnificados.

“Lamentablemente, hasta ahora la predisposición, la orientación era enormemente a favor de la defensa del delincuente, que no está mal, pero casi nada defensa de las víctimas”, expresó.

Se trata de una valoración crítica del entrevistado sobre la distribución de esfuerzos del organismo, no de una evaluación presupuestaria acreditada durante la conversación.

Una reorganización sin aumentar el presupuesto

Una de las particularidades de la propuesta es que Roggero no reclamó la creación de una nueva estructura estatal ni la incorporación masiva de personal. Por el contrario, sostuvo que el fortalecimiento de los servicios existentes podría realizarse mediante una reorganización de los programas del Ministerio Público de la Defensa.

“No hace falta aumento de presupuesto ni de designación de personal, solo reacomodar los programas”, afirmó.

El integrante de Usina de Justicia consideró que ese cambio permitiría atender mejor las necesidades de las víctimas sin afectar el derecho de defensa que corresponde a cualquier persona sometida a un proceso penal.

Su planteo apunta a establecer un mayor equilibrio entre ambos intereses y a evitar que las familias deban afrontar solas las dificultades de las investigaciones.

Más de una década acompañando a familiares de víctimas

Durante la entrevista, Roggero también repasó el trabajo de Usina de Justicia, una asociación civil creada en 2014 e integrada por familiares de víctimas de homicidio y profesionales de distintas disciplinas.

La organización brinda orientación jurídica, acompañamiento y contención a quienes atraviesan procesos penales derivados del asesinato de un familiar.

Según explicó, la entidad intervino a lo largo de los años en varios cientos de casos, aunque las necesidades varían de acuerdo con la situación de cada familia.

Algunas personas buscan asesoramiento para comprender una decisión judicial, otras necesitan asistencia para realizar una presentación procesal y también hay quienes solicitan acompañamiento durante las audiencias.

“Usina de Justicia viene a ocupar un espacio que no debería ocupar, justamente porque hay un vacío”, sostuvo.

El penalista señaló que uno de los objetivos de la organización es prestar atención a las investigaciones que no alcanzan repercusión mediática.

Según su experiencia, la exposición pública de determinados casos puede facilitar el seguimiento institucional, mientras que otras familias atraviesan dificultades similares sin recibir la misma atención.

Para Roggero, esa desigualdad demuestra la necesidad de fortalecer los mecanismos permanentes de asistencia a víctimas, independientemente de su capacidad económica o de la notoriedad del caso.