Un prófugo puede utilizar una billetera virtual, pedir comida por una aplicación, viajar en un vehículo contratado mediante una plataforma o realizar movimientos bancarios sin que esa información necesariamente sea aprovechada por los investigadores que intentan localizarlo. Esa contradicción fue uno de los ejes de la entrevista que el abogado penalista Daniel Roggero brindó en El Living de NewsDigitales, donde propuso incorporar inteligencia artificial y cruzar datos digitales para mejorar la búsqueda de personas requeridas por la Justicia.
“Hoy sobran los datos”, afirmó el integrante de Usina de Justicia al cuestionar que las investigaciones penales continúen dependiendo, en muchos casos, de procedimientos tradicionales.
Roggero consideró que el crecimiento de las herramientas tecnológicas debería facilitar la localización de prófugos, especialmente porque gran parte de las actividades cotidianas deja registros que pueden resultar útiles para una investigación.
“Todas las plataformas que uno usa, todas las aplicaciones que uno usa, el teléfono, salvo que alguien viviera en el medio del bosque sin electricidad, sin teléfono, sin Netflix, sin nada, todos los demás estamos cruzados por los datos”, expresó.
El abogado mencionó los movimientos de dinero, los registros de tarjetas, los viajes, las plataformas de transporte y los sistemas de reconocimiento facial como ejemplos de información que podría ayudar a reconstruir los desplazamientos y las actividades de una persona.
La propuesta de Roggero parte de una observación: los datos existen, pero se encuentran distribuidos entre organismos públicos y empresas privadas que utilizan sistemas diferentes.
Según explicó, esa fragmentación dificulta aprovecharlos para establecer patrones de comportamiento que podrían orientar una búsqueda judicial.
“Si uno cruzara todo eso, podrías describir prácticamente la vida de todos, su historia casi diaria”, sostuvo.
El penalista planteó que los investigadores podrían utilizar herramientas informáticas para detectar movimientos que resulten relevantes en una causa, como operaciones económicas o desplazamientos incompatibles con la información conocida sobre una persona buscada.

También mencionó las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial para procesar grandes cantidades de registros y establecer relaciones entre datos que serían difíciles de identificar mediante una revisión manual.
Sin embargo, reconoció que no tiene formación especializada en esa tecnología y presentó su propuesta como una posibilidad que debería ser estudiada por los organismos responsables de las investigaciones.
El acceso a esa información, especialmente cuando involucra datos personales sensibles, requeriría autorizaciones legales, controles judiciales y mecanismos de protección de la privacidad. La existencia de registros digitales no habilita por sí sola su utilización indiscriminada.
Durante la entrevista, Roggero sostuvo que las deficiencias tecnológicas se relacionan con un problema de formación profesional.
A su entender, los abogados, fiscales y jueces continúan recibiendo una educación jurídica centrada en teorías y procedimientos que fueron diseñados cuando la mayoría de los delitos se cometían en el mundo físico.
El especialista consideró que las nuevas modalidades criminales obligan a incorporar conocimientos sobre informática, estadísticas, análisis de datos y operaciones financieras digitales.
“El derecho penal fue pensado para un mundo que ya existe cada vez menos”, afirmó.
Como ejemplo, recordó un caso de secuestro en el que los delincuentes habían exigido el rescate en Bitcoin, cuando esa tecnología todavía era poco conocida.
Según relató, la solicitud generó desconcierto entre los funcionarios que recibieron la denuncia, porque desconocían el funcionamiento de las criptomonedas.

Para Roggero, situaciones de ese tipo muestran la distancia entre los conocimientos tradicionales de los investigadores y las herramientas utilizadas por organizaciones criminales.
El abogado también cuestionó que algunos delitos complejos sean investigados con recursos pensados para reconstruir situaciones mucho más sencillas, como un robo cometido frente a testigos.
Advirtió que las estafas digitales, los movimientos de dinero y las organizaciones criminales que operan mediante plataformas tecnológicas necesitan metodologías diferentes.
En ese contexto, sostuvo que las bandas delictivas pueden adoptar nuevas herramientas con mayor rapidez que los organismos estatales.
Roggero mencionó además la utilización ilegal de teléfonos celulares dentro de establecimientos penitenciarios como otro ejemplo de los desafíos tecnológicos que enfrenta el sistema penal.
Su diagnóstico está vinculado con la preocupación de Usina de Justicia por las investigaciones que permanecen abiertas durante años y por las familias que no consiguen respuestas.
El especialista insistió en que la incorporación de tecnología debería acompañarse de una transformación en los programas de estudio y en la capacitación de quienes investigan delitos.
La propuesta, según explicó, no se reduce a comprar programas informáticos, sino a desarrollar una metodología que permita aprovechar de manera más eficiente la información disponible.
Para Roggero, la capacidad de procesar datos y transformarlos en pruebas será cada vez más importante para investigar delitos y localizar a quienes intentan permanecer fuera del alcance de la Justicia.