Meloni enfrenta a la Justicia italiana por la liberación de un activista

La cuenta de Telegram que los investigadores relacionaron con los disturbios de Milán fue creada cuando los primeros saqueos ya habían ocurrido. Ese dato quedó en el centro de una resolución que provocó un nuevo choque político en Italia: Youssef Siher, de 30 años, recuperó la libertad este miércoles 28 de octubre, pese a que la Fiscalía había solicitado mantenerlo en prisión.

La jueza Tiziana Landoni rechazó convalidar la detención del investigador y periodista independiente, arrestado el 24 de octubre. Consideró que no existían indicios graves suficientes de los delitos que se le atribuían ni riesgo de fuga. La investigación sigue abierta, pero Siher permanece en libertad, al igual que su esposa, también investigada.

Los mensajes que no alcanzaron para demostrar una incitación violenta

Siher administraba el canal de Telegram Movimiento 17 de Octubre, con unos 11.000 suscriptores, y una página de Instagram que alcanzó los 50.000 seguidores. Para la Fiscalía, las convocatorias difundidas en esas plataformas podían alentar nuevas acciones violentas y constituir instigación a cometer delitos con una presunta finalidad terrorista.

Las protestas contra el costo de vida derivaron en enfrentamientos y destrozos en Milán durante las movilizaciones del 17 y 18 de octubre.

Sin embargo, la magistrada distinguió los mensajes del administrador de los publicados por otros usuarios, que sí defendían ataques y destrozos. Según su resolución, no se acreditó que Siher hubiera alentado o respaldado esas propuestas. Tampoco encontró llamados directos a reproducir la violencia de jornadas anteriores. La diferencia es decisiva: administrar un espacio digital no demuestra, por sí solo, haber promovido los delitos defendidos por terceros.

La nueva ley que contempla hasta 12 años de prisión

El conflicto comenzó con manifestaciones contra el costo de vida, los bajos salarios y el deterioro de los servicios públicos. El 17 y 18 de octubre, grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la Policía y saqueos en el centro de Milán. También hubo incidentes en otras ciudades del norte italiano. La respuesta del Gobierno fue acelerar un nuevo paquete de seguridad.

El decreto ley 190, aprobado por el Ejecutivo el 20 de octubre y vigente desde el 23, incorporó al Código Penal el delito de violencia organizada en manifestaciones. Castiga determinadas conductas violentas de grupos de al menos cinco personas y prevé penas de cuatro a doce años de prisión para quienes organicen esos grupos o inciten a cometer los actos definidos por la norma. Los fiscales invocaron esa figura, pero la jueza entendió que las pruebas presentadas no permitían aplicarla a Siher.

La Justicia de Milán rechazó mantener detenido al investigador de 30 años, mientras continúa abierta la investigación por presunta incitación a delitos violentos.

Meloni cuestiona a los jueces y crece el enfrentamiento institucional

La primera ministra calificó la liberación de «vergonzosa» y sostuvo que desautorizaba el trabajo policial y de los investigadores. Su crítica recibió el respaldo de integrantes del oficialismo, mientras la Asociación Nacional de Magistrados denunció un ataque contra la jueza y defendió la independencia judicial. La disputa ya no gira solamente alrededor del acusado: también enfrenta al Ejecutivo con quienes deben controlar cómo se aplica su nueva política de seguridad.

El expediente penal no terminó con la excarcelación: la Fiscalía puede impugnar la decisión o continuar reuniendo pruebas. En paralelo, el Parlamento deberá convertir el decreto de seguridad en ley antes del 21 de diciembre para evitar que pierda vigencia. Ambos procesos marcarán los próximos pasos de un conflicto que comenzó en las calles y hoy alcanza a las instituciones italianas.

Cronología: de las protestas al conflicto judicial