Cruce de versiones
28/10/2026 - Edición Nº1359
Política
Soberanía nacional
Hasta 20 años de prisión: la propuesta de Arrieta para defender los recursos de Malvinas
28/10/2026 | La diputada presentó un dictamen alternativo al del Gobierno, con penas más severas y límites al poder del Ejecutivo.
La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un dictamen alternativo al proyecto del Gobierno, con eje en la defensa de Malvinas, los recursos naturales y los límites al poder del Ejecutivo.
por Redacción NewsDigitales
La disputa por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo en el Congreso. La diputada nacional Lourdes Arrieta presentó un dictamen de minoría que propone penas de hasta 20 años de prisión para determinadas actividades de explotación de recursos naturales sin autorización argentina en el Atlántico Sur.
La iniciativa forma parte de una propuesta alternativa al proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional impulsado por el Poder Ejecutivo, que se encuentra bajo tratamiento legislativo.
Pero el alcance del dictamen excede la cuestión territorial. Arrieta plantea una reforma integral del esquema de seguridad nacional, con mayores controles sobre las facultades del Gobierno, restricciones al uso de la fuerza y garantías específicas para preservar la libertad de prensa y los derechos constitucionales.
El documento introduce así una diferencia política con el oficialismo: mientras propone fortalecer las herramientas para defender los recursos estratégicos argentinos, cuestiona que esa finalidad pueda justificar una ampliación de las atribuciones del Poder Ejecutivo.
Malvinas en el centro: las penas que propone Arrieta
Uno de los puntos más importantes del dictamen es la creación de un régimen de sanciones para quienes desarrollen actividades económicas no autorizadas en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El texto reafirma el reclamo argentino de soberanía y establece que la recuperación del ejercicio pleno de esos derechos debe realizarse mediante mecanismos pacíficos, diplomáticos y conforme al derecho internacional.
En los fundamentos, Arrieta destaca que la recuperación de la soberanía constituye un mandato constitucional que debe orientar cualquier política de defensa nacional.
En materia penal, la propuesta contempla penas de entre 12 y 15 años de prisión para quienes realicen actividades de prospección o exploración de hidrocarburos sin autorización de las autoridades argentinas.
Para determinadas actividades de exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas previstas ascienden a entre 12 y 20 años.
En tanto, la extracción de hidrocarburos, así como su transporte o almacenamiento en las condiciones previstas por el proyecto, podría recibir condenas de entre 15 y 20 años de prisión.
También se contemplan multas económicas, inhabilitaciones comerciales y sanciones para empresas involucradas en las actividades prohibidas.
El objetivo declarado es desalentar la explotación de recursos naturales en territorios y espacios marítimos sobre los que Argentina mantiene su reclamo soberano.
Una propuesta que también cuestiona al Gobierno
Aunque la defensa de Malvinas ocupa un lugar central, el dictamen incorpora fuertes cuestionamientos a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo.
En los fundamentos, Arrieta sostiene que el proyecto oficialista presenta riesgos institucionales por la concentración de facultades en organismos dependientes del Gobierno nacional.
La diputada afirma que la propuesta del Ejecutivo pretende instaurar un régimen de características autocráticas y advierte sobre posibles consecuencias para las garantías individuales, la libertad de expresión y el federalismo.
"La defensa de la Patria no puede convertirse en el pretexto para erosionar las bases de la República", sostiene el documento.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al Consejo de Seguridad Nacional, organismo al que el proyecto oficial, según la interpretación de Arrieta, otorgaría atribuciones excesivas para investigar y sancionar conductas consideradas amenazas a la seguridad nacional.
Su dictamen propone que ese consejo conserve funciones de coordinación estratégica y asesoramiento, sin intervenir directamente en investigaciones administrativas ni en la aplicación de sanciones.
La legisladora considera que la concentración de esas funciones podría afectar la separación de poderes y el derecho de defensa.
Los límites al uso de la fuerza y la intervención militar
Otro de los aspectos centrales del texto es la regulación del empleo de las Fuerzas Armadas y de los mecanismos de protección del espacio aéreo y marítimo.
Arrieta propone establecer condiciones estrictas para la utilización de la fuerza contra aeronaves y embarcaciones consideradas amenazas a la seguridad nacional.
En los fundamentos, cuestiona que el proyecto oficial habilite medidas extremas frente a infracciones administrativas y advierte sobre los riesgos que implicaría ampliar las facultades militares.
"Exponer la vida humana a la coacción letal por faltas de índole normativa constituye una aberración punitiva", sostiene.
El dictamen determina que una infracción administrativa, una irregularidad en la identificación o la desobediencia de una orden no podrán justificar por sí solas el uso de fuerza letal.
Para las aeronaves, plantea que las medidas coercitivas deberán aplicarse de manera progresiva y que el empleo de la fuerza será un recurso excepcional frente a amenazas concretas e inminentes.
En el ámbito marítimo, establece que el hundimiento de una embarcación únicamente podrá autorizarse como último recurso y requerirá una orden expresa del presidente de la Nación.
Además, la propuesta reafirma la separación entre defensa nacional y seguridad interior.
En ese sentido, busca impedir que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para tareas policiales o de investigación criminal interna, preservando las competencias específicas de los organismos de seguridad.
Libertad de prensa: uno de los puntos más sensibles
El dictamen también introduce modificaciones destinadas a garantizar que las herramientas de seguridad nacional no puedan utilizarse para restringir actividades periodísticas, académicas o políticas.
En sus fundamentos, Arrieta cuestiona especialmente la incorporación de figuras vinculadas con las denominadas campañas de desinformación masiva.
La diputada sostiene que una regulación de esas características podría otorgar al Gobierno facultades excesivas para determinar qué información resulta legítima.
En ese marco, cuestiona la posibilidad de que el Estado se convierta en un "Ministerio de la Verdad", expresión utilizada en los fundamentos para advertir sobre el riesgo de una intervención gubernamental sobre el debate público.
Como alternativa, propone incorporar garantías expresas para impedir que las disposiciones de seguridad nacional se apliquen contra el ejercicio legítimo del periodismo, la investigación académica, la actividad sindical o la participación política.
El articulado establece que las infracciones deberán sustentarse en conductas concretas y comprobables, y no exclusivamente en sospechas, vínculos personales o discrepancias políticas.
Más controles judiciales y menos facultades para el Ejecutivo
La propuesta también busca modificar los mecanismos mediante los cuales el Estado podría imponer sanciones económicas o restricciones patrimoniales por cuestiones de seguridad nacional.
Arrieta cuestiona la posibilidad de que organismos administrativos concentren facultades para investigar, sancionar y disponer medidas sobre bienes o activos financieros.
Su alternativa contempla controles judiciales sobre las medidas urgentes y establece que determinadas restricciones patrimoniales deberán contar con ratificación judicial dentro de las 48 horas.
También incorpora garantías para que las personas investigadas puedan conocer las acusaciones, presentar pruebas y recurrir las decisiones administrativas.
En paralelo, el dictamen propone eliminar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo modifique administrativamente las alícuotas de derechos de importación o exportación mediante las herramientas previstas en el régimen de seguridad nacional.
La diputada considera que esas atribuciones deben permanecer dentro de las competencias constitucionales del Congreso.
Federalismo y recursos estratégicos
Otro de los ejes de la iniciativa es la participación de las provincias en las decisiones vinculadas con la protección de infraestructuras consideradas estratégicas.
El dictamen establece mecanismos de coordinación entre el Estado nacional y las jurisdicciones provinciales para la instalación de sistemas de vigilancia y la protección de instalaciones sensibles.
También propone que las exigencias extraordinarias de seguridad impuestas sobre infraestructuras provinciales cuenten con asistencia técnica y financiamiento nacional.
En materia marítima, incorpora medidas destinadas a fortalecer la Marina Mercante de bandera argentina y declara de interés estratégico la Base Aeronaval Punta Indio, por su importancia para la vigilancia del Atlántico Sur.
Estas disposiciones buscan vincular la defensa de la soberanía con el desarrollo de capacidades nacionales y la participación de las provincias en las decisiones estratégicas.
🇦🇷⚓️ DEFENDER LA SOBERANÍA TAMBIÉN ES ESCUCHAR A QUIENES CONOCEN EL MAR Ayer participé del plenario conjunto de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto, y Legislación Penal, donde especialistas y representantes expusieron sus miradas sobre el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. 🏛️ A pedido mío, intervino Fernando Morales, perito naval, veterano de la Guerra de Malvinas y presidente de la Liga Naval Argentina. 🇦🇷 Desde su experiencia técnica y operativa, advirtió sobre los riesgos de dejar un buque sin gobierno en alta mar, la necesidad de distinguir los ámbitos marítimo, fluvial y lacustre, y la importancia de coordinar el trabajo de la Armada y la Prefectura. ⚓️🌊 También planteó un punto central: contar con una Marina Mercante de bandera argentina es estratégico para proteger nuestra capacidad logística y abastecer las bases del Atlántico Sur. 🚢 La defensa de la soberanía exige responsabilidad, conocimiento y un debate profundo. Escuchar a especialistas y veteranos es fundamental para construir políticas que protejan nuestros recursos, nuestros derechos y la vida de quienes trabajan en el mar. 🇦🇷
— Lourdes M Arrieta (@lulumicart) October 7, 2026
Una discusión que va más allá de Malvinas
El dictamen de Lourdes Arrieta introduce una discusión de fondo sobre el alcance que debe tener una ley destinada a proteger la soberanía y la seguridad nacional.
La diputada comparte la necesidad de fortalecer la defensa de los recursos argentinos y propone sanciones severas contra determinadas actividades económicas no autorizadas en el Atlántico Sur.
Sin embargo, rechaza que ese objetivo implique otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo o reducir los mecanismos de control institucional.
En los fundamentos del documento, Arrieta resume esa posición con una definición que atraviesa toda su propuesta: "La norma debe ser escudo protector del ciudadano y no garrote del poder estatal".
El debate legislativo deberá determinar qué herramientas se incorporan finalmente al régimen de seguridad nacional y cuáles serán los límites establecidos para su aplicación.
Por ahora, el dictamen de minoría deja planteada una diferencia política concreta: cómo reforzar la defensa de Malvinas y los recursos estratégicos sin ampliar de manera desproporcionada las facultades del Gobierno.
