Ley de Salud Mental: los 5 cambios en internaciones, familias y jueces que vota el Senado

El Senado votará este jueves, en la sesión que comienza a las 14, la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657. El proyecto lo envió el gobierno de Javier Milei al Congreso el 17 de abril. Modifica las reglas para internar a una persona sin su consentimiento, una decisión que hoy pueden enfrentar los familiares de alguien en crisis.

La reforma quedó como último tema de la sesión porque los votos están justos. La Libertad Avanza (LLA) asegura que tiene el apoyo necesario, pero la negociación con los aliados sigue abierta. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista, acordó este miércoles nuevos cambios para sumar senadores.

Si el Senado lo aprueba, el proyecto pasará a la Cámara de Diputados. La ley vigente, sancionada en 2010, nunca fue modificada por otra ley.

Los 5 cambios para internar sin consentimiento

El dictamen de mayoría (Orden del Día 409) cambia cinco reglas centrales de la internación involuntaria, es decir, la que se hace sin el acuerdo de la persona:

1. Cuándo se puede internar. Hoy la ley exige una ”situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. El proyecto la reemplaza por “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”. Además, el equipo deberá considerar “la ocurrencia previa de un hecho o ideación dañosos”, no solo lo que la persona muestra en el momento de la evaluación.
2. Quién firma. Hoy firman dos profesionales de distintas disciplinas, uno de ellos “psicólogo o médico psiquiatra”. Con la reforma, uno debe ser médico, “preferentemente psiquiatra o médico con formación en salud mental”, y el otro “preferentemente psicólogo”. El psiquiatra podrá intervenir por teleconsulta cuando no pueda estar presente.
3. Un solo médico en la guardia. Si hay un único médico disponible y detecta un riesgo grave, podrá internar. Un equipo interdisciplinario tendrá “un plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas” para confirmar o revertir esa decisión.
4. El juez ya no autoriza. Hoy el juez tiene tres días para autorizar o denegar la internación. Con la reforma recibe el aviso en 24 horas (hoy son 10) y solo puede pedir más informes o “dejar sin efecto la internación”.
5. La familia tiene obligaciones. El cónyuge, el conviviente, los padres o los hijos deberán “presentarse al momento del alta para formalizar la salida y firmar la documentación pertinente”.

Qué tendrán que hacer las familias

El nuevo artículo 23 bis aclara que pagar el tratamiento o mantener económicamente al paciente no exime a la familia del “cumplimiento integral del deber de cuidado” cuando la persona necesita acompañamiento o supervisión.

Hay excepciones. El equipo de salud evaluará cada caso y quedarán exentas las familias que no puedan cumplir. Cuando la persona no tenga red familiar, el Estado deberá garantizar “los apoyos y dispositivos comunitarios”.

El proyecto también establece que las familias podrán recibir información sobre el tratamiento, conocer los servicios disponibles cerca de su casa y “ser escuchados en cada etapa significativa del proceso de atención”.

Por qué el Gobierno quiere cambiar la ley

En el mensaje que acompañó el proyecto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la fórmula “riesgo cierto e inminente” debía cambiarse. El objetivo, según el texto, es que “no se generen situaciones de duda o inacción por parte de los profesionales”.

El mensaje lleva las firmas de Milei, del ministro de Salud, Mario Lugones, y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Allí el Gobierno planteó dar “un rol central a la mirada técnica-médica” y a los psiquiatras.

Qué más cambia: adicciones, manicomios y menores

La reforma también modifica otros puntos de la ley vigente:

• Adicciones: se abordan teniendo en cuenta “la singularidad de cada persona y el momento o la etapa del consumo”.
• Manicomios: sigue prohibido crearlos. Pero las internaciones podrán hacerse en hospitales generales y también en hospitales e instituciones “especializadas en psiquiatría y salud mental”. Esas instituciones deberán tener al menos dos servicios ambulatorios de inclusión comunitaria.
• Internación prolongada: pasa a ser la que supera los 180 días corridos. En ese caso, el Órgano de Revisión deberá intervenir de oficio.
• Plan de egreso: el equipo de salud deberá armarlo desde el diagnóstico.
• Directivas anticipadas: cualquier persona podrá aceptar o rechazar de antemano ciertos tratamientos y designar a alguien para que decida por ella.
• Menores: deberán ser atendidos por equipos infantojuveniles, en lugares separados de los adultos. El consumo “no configura por sí mismo conducta penalmente reprochable”.

El proyecto deroga además los artículos 24 y 25 de la ley actual. Son los que obligan al juez a pedir informes cada 30 días y a ordenar una evaluación independiente a los 90 días de internación involuntaria.

Por qué los votos están justos

La primera traba es el dinero. Los senadores radicales Carlos Arce y Eduardo Galaretto firmaron el dictamen “en disidencia parcial”.

En sus fundamentos, Arce advirtió que las nuevas obligaciones recaerán “en una parte sustancial, sobre las Provincias”. Por eso propuso una cláusula de financiamiento federal con partidas “específicas e identificables” en el Presupuesto.

La segunda traba es la disputa entre psicólogos y psiquiatras. Varias provincias reunidas en el Consejo Federal de Salud (Cofesa) piden igualarlos en prioridad. Para destrabar la votación, Bullrich acordó precisar el financiamiento, habilitar convenios con las provincias y equiparar el rol del psicólogo.

El bloque Convicción Federal, que encabeza Carolina Moisés, presentó un dictamen propio, de minoría. Esa firma fue la que permitió que el proyecto llegara al recinto.

Las críticas a la reforma

Organizaciones que siguen el tema cuestionaron el dictamen. Advierten que le quita al Órgano de Revisión la facultad de apelar las decisiones de los jueces y que excluye de ese organismo a las asociaciones de usuarios de los servicios de salud mental.

También señalaron que la reforma vuelve a permitir instituciones especializadas en psiquiatría, aunque mantenga la prohibición formal de los manicomios. Y recordaron que la nueva definición de riesgo amplía los casos en los que se puede internar a una persona sin su consentimiento.

Qué pasa si se aprueba

Si obtiene mayoría en el Senado, el proyecto irá a la Cámara de Diputados. Allí podrá ser aprobado sin cambios, modificado o rechazado.

Si se convierte en ley, entrará en vigencia el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. Hasta entonces, rige la Ley 26.657 tal como fue sancionada en 2010.