La nueva jugada de Grabois para frenar privatizaciones y proteger bienes públicos

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, presentó un proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública con el objetivo de reforzar la protección de las empresas, tierras y activos estratégicos del Estado nacional. La iniciativa busca establecer condiciones más exigentes para avanzar con eventuales privatizaciones y dar prioridad al impacto social de los proyectos que soliciten la adjudicación de tierras fiscales.

La propuesta se conoció este miércoles, en medio de la discusión legislativa por el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el oficialismo de Javier Milei, que obtuvo una versión modificada en la Cámara de Diputados y todavía debe conseguir la sanción definitiva en el Senado.

A través de sus redes sociales, Grabois explicó el objetivo de su iniciativa con una definición sobre el destino de los bienes estatales: “La ley pone las propiedades que están en manos del Estado al servicio de quienes más lo necesitan”.

El proyecto establece como principios generales que “la propiedad del Estado tendrá un fin social” y que “el patrimonio público estratégico es inviolable”. A partir de esas premisas, propone limitar las posibilidades de transferir activos considerados estratégicos y modificar los mecanismos para adjudicar inmuebles fiscales.

Una mayoría agravada para privatizar empresas y activos estratégicos

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es establecer mayores exigencias parlamentarias para cualquier decisión que implique desprenderse de bienes estratégicos del Estado nacional.

El texto dispone que ningún bien, empresa, sociedad, participación accionaria o activo declarado estratégico podrá ser vendido, privatizado, transferido o concesionado, ni quedar sujeto a operaciones que impliquen perder su titularidad, control o integridad, salvo que exista una ley especial aprobada con una mayoría agravada.

En concreto, el proyecto plantea que esas decisiones requieran el voto afirmativo de dos tercios del total de los integrantes de cada una de las cámaras del Congreso nacional.

De esa manera, la iniciativa busca que una eventual privatización de activos estratégicos no pueda avanzar mediante los mismos mecanismos legislativos que se utilizan para aprobar otras medidas, sino que necesite un consenso parlamentario más amplio.

En los fundamentos, Grabois justificó la propuesta mediante una comparación con las garantías que existen para la propiedad privada y su eventual afectación por razones de interés público.

“Si para afectar la propiedad privada al interés público la Constitución exige una ley especial que declare la utilidad pública, la alienación o privatización de un bien perteneciente a todo el pueblo argentino no puede someterse a requisitos menos rigurosos”, sostuvo.

El proyecto también declara de interés público nacional la conservación, la gestión transparente y el aprovechamiento intergeneracional de las empresas, sociedades, participaciones y activos alcanzados por la normativa.

Además, propone prohibir expresamente que las autorizaciones para privatizar esos bienes se incorporen mediante Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), delegaciones legislativas, leyes de presupuesto o leyes ómnibus.

Tierras fiscales: la utilidad social por encima de la oferta económica

Otro de los ejes de la iniciativa apunta a modificar los criterios para adjudicar terrenos pertenecientes al Estado nacional. Para ello, el proyecto crea un mecanismo denominado Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública, destinado a evaluar propuestas para utilizar inmuebles fiscales.

El régimen alcanzaría a terrenos rurales y urbanos que se encuentren ociosos, subutilizados o que no tengan un destino específico asignado.

Según los fundamentos, el objetivo es que, antes de iniciar un procedimiento tradicional de enajenación, el Estado convoque a una competencia transparente en la que se analice el aporte social de cada propuesta.

“Antes de iniciar cualquier enajenación tradicional, el Estado convocará a un procedimiento competitivo transparente donde no se prioriza la oferta financiera más elevada, sino la mayor utilidad social del proyecto”, plantea el texto.

La iniciativa establece que las propuestas podrán contemplar el fortalecimiento de la economía comunitaria, la cobertura de necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la tierra para el autoabastecimiento y la posibilidad de acceder a una vivienda única familiar.

De esta manera, el proyecto busca que la adjudicación de tierras fiscales no dependa exclusivamente del valor económico ofrecido, sino también de la finalidad y los beneficios que pueda generar el uso de esos terrenos.

En ese marco, el texto establece que no podrán presentarse sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objeto sea la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra.

La propuesta apunta así a priorizar iniciativas vinculadas con necesidades habitacionales, productivas y comunitarias frente a operaciones cuyo objetivo principal sea obtener ganancias mediante la revalorización de los inmuebles.

La iniciativa de Grabois, en medio de la discusión por la propiedad privada

La presentación del proyecto se produjo después de que el oficialismo consiguiera avanzar en Diputados con una versión modificada de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuya aprobación definitiva todavía depende del Senado.

En ese contexto, la iniciativa de Grabois plantea una perspectiva diferente sobre el alcance de la protección jurídica de los bienes. Mientras el proyecto debatido por el oficialismo está centrado en la propiedad privada, la propuesta del diputado peronista busca establecer garantías específicas para el patrimonio estatal y fijar condiciones más estrictas para disponer de determinados activos.

El eje de la discusión pasa por las reglas que deberían aplicarse cuando se trata de bienes públicos, especialmente aquellos considerados estratégicos por su importancia económica, productiva o social.

La propuesta de Unión por la Patria sostiene que la protección del patrimonio estatal debe incluir tanto mecanismos de control parlamentario como criterios transparentes para definir el destino de los recursos y terrenos que pertenecen al Estado nacional.

En el cierre de los fundamentos, Grabois resumió la premisa que orienta su iniciativa: “Aquello que pertenece a todos no puede recibir una protección inferior que la que el ordenamiento jurídico reconoce a la propiedad individual”.

Y agregó: “La seguridad jurídica debe amparar tanto a los particulares como al colectivo. La propiedad es inviolable; también lo es el derecho del pueblo argentino a que sus empresas y activos estratégicos no sean transferidos sin una decisión democrática, específica, transparente y suficientemente fundada”.

El proyecto deberá recorrer ahora el trámite legislativo correspondiente. Su eventual avance dependerá del tratamiento parlamentario y de los apoyos que consiga reunir en el Congreso, en una discusión que vuelve a poner en el centro el papel del Estado, la administración de los bienes públicos y las condiciones para autorizar futuras privatizaciones.

ND