A qué fue Larreta al Congreso: las villas y una fuerte movida opositora en Diputados

Horacio Rodríguez Larreta participó de una reunión informativa en la Cámara de Diputados, donde distintos bloques impulsan un proyecto para garantizar fondos destinados a la integración socio urbana.

El legislador porteño recordó su experiencia como jefe de Gobierno, defendió la urbanización como una inversión a largo plazo y reclamó avanzar con la entrega de títulos de propiedad. Además, deslizó que buscará volver a la jefatura porteña en el 2027 para concluir con ese trabajo.

La iniciativa parlamentaria, por su parte, propone establecer un piso presupuestario atado al Producto Bruto Interno (PBI), extender por diez años la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares y recuperar herramientas de financiamiento que quedaron afectadas por decisiones del Gobierno nacional. El debate reunió a legisladores, organizaciones sociales, referentes barriales y representantes de la Iglesia.

Larreta en Diputados: “Se puede” urbanizar los barrios populares

La Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa para analizar el proyecto de Ley de Financiamiento del Régimen de Integración Socio Urbana de los Barrios Populares. El encuentro fue encabezado por el diputado de Unión por la Patria Itai Hagman y contó con la participación de Rodríguez Larreta, legislador de la Ciudad de Buenos Aires y exjefe de Gobierno porteño.

Durante su exposición, Larreta definió la integración socio urbana como una política prioritaria y recordó que fue una de las iniciativas que más orgullo le generaron durante su gestión en la Ciudad. “Es una de las cosas que me tocó hacer como jefe de Gobierno que más orgullo me da, y que más ganas me da volver a ser jefe de Gobierno para completar el proceso”, afirmó.

El exmandatario porteño señaló que en la Ciudad viven alrededor de 230.000 personas en villas y sostuvo que su administración había trazado un plan de integración para desarrollar a lo largo de ocho años. Según explicó, durante el primer mandato alcanzaron el objetivo que se habían propuesto para esa etapa, pero la pandemia interrumpió la continuidad del programa.

Larreta también destacó los cambios que, según su experiencia, pueden lograrse con obras de infraestructura, mejoras habitacionales y participación de los vecinos. Como ejemplos, mencionó el desarrollo de un barrio con 1.700 viviendas en el sur porteño y las transformaciones en Rodrigo Bueno, donde parte de la población dejó de vivir en condiciones precarias junto a un curso de agua.

“Mi mensaje es que se puede, mi mensaje es que el impacto es enorme”, resumió. Para el legislador, los resultados no se limitan a las mejoras físicas: también repercuten en la calidad de vida, el reconocimiento de las comunidades y las oportunidades de quienes viven en esos territorios. “También ayuda a la paz social”, sumó Larreta, e insistió en que tiene un impacto fiscal positivo si se observa el panorama a largo plazo.

Títulos de propiedad y financiamiento: las propuestas de Larreta

Uno de los puntos centrales de su intervención fue la regularización dominial. Larreta consideró que la integración no debería limitarse a llevar servicios básicos y mejorar las viviendas, sino que también debe contemplar la posibilidad de que las familias accedan a títulos de propiedad.

“Hay que hacer un esfuerzo de titularización. El 99,9% de quienes viven en villas y asentamientos no tienen título de propiedad”, sostuvo.

Como ejemplo de las dificultades que enfrenta ese proceso, se refirió al barrio Padre Carlos Mugica, conocido como Villa 31. Según explicó, la regularización quedó incompleta para quienes permanecieron en el barrio, en parte por las dificultades vinculadas con la titularidad de los terrenos nacionales y el traspaso de tierras a la Ciudad. En cambio, señaló que quienes se mudaron a departamentos construidos sobre terrenos adquiridos por el Gobierno porteño sí recibieron títulos de propiedad.

El exjefe de Gobierno reconoció que resolver esas situaciones exige una gestión compleja, debido a las particularidades catastrales y dominiales de cada terreno. Sin embargo, planteó que se trata de un paso necesario para completar la integración.

También defendió la utilización de tierras públicas como herramienta para financiar obras. Según relató, durante su gestión alrededor del 70% de los recursos destinados a la integración socio urbana se financió mediante la venta de terrenos públicos que aumentaban su valor a partir del propio proceso de urbanización.

“En los lugares donde hay tierra valiosa hay que meterla en el proceso de integración. Puede financiar una buena parte de vuelta, generando un círculo virtuoso”, explicó. Aclaró, no obstante, que esa alternativa depende de las características de cada zona y del valor del suelo.

En otro tramo de su exposición, cuestionó las propuestas de trasladar a los habitantes de los barrios populares a cambio de una suma de dinero. Sostuvo que los desplazamientos deben contemplar la cercanía con el lugar de origen y las redes sociales, laborales y familiares de cada comunidad.

“Hay que incorporarlos al proceso”, insistió, al considerar que la participación de los vecinos es una condición indispensable para que las intervenciones funcionen.

Larreta también defendió la inversión en infraestructura básica, como redes de agua potable, cloacas y electricidad, y planteó que la integración debe complementarse con una política económica que amplíe las oportunidades: “En términos fiscales termina siendo una inversión que, a largo plazo y bien medido el impacto, le termina ahorrando y mejorando la situación fiscal al país”.

Qué propone la ley para financiar la urbanización de barrios populares

El proyecto busca dar previsibilidad presupuestaria a una política pública que tiene como marco la Ley 27.453, sancionada en 2018, y establecer un financiamiento sostenido para las obras de integración socio urbana en los barrios registrados en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

La iniciativa cuenta con la firma de legisladores de distintos espacios políticos, entre ellos Maximiliano Ferraro, Martín Lousteau, Oscar Herrera Ahuad, Natalia de la Sota y Esteban Paulón, además de representantes de Unión por la Patria y otras fuerzas. El objetivo es construir un respaldo transversal en el Congreso.

Entre sus principales puntos, el texto establece:

• Un presupuesto mínimo y progresivo: fija una asignación anual vinculada con el PBI proyectado, que comienza en el 0,0375% para 2027, 2028 y 2029; sube al 0,075% entre 2030 y 2033; y alcanza el 0,1125% entre 2034 y 2036.
• Una garantía de continuidad: los recursos no podrán ser inferiores, en términos absolutos, a los asignados el año anterior. También contempla modificaciones presupuestarias cuando se prorrogue el presupuesto nacional.
• Diez años de emergencia: declara la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el RENABAP.
• La recuperación del fondo específico: propone restablecer disposiciones de la Ley 27.453 y del Decreto 819/2019 vinculadas con el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), cuya disolución había sido dispuesta por el Decreto 312/2025.
• Protección legal del financiamiento: establece que el fondo y el destino específico de sus recursos no podrán ser modificados o eliminados por una decisión administrativa, sino mediante una ley del Congreso.