El 29 de octubre de 2012 murió Albano Eduardo Harguindeguy, uno de los principales responsables políticos del aparato represivo de la última dictadura cívico-militar argentina. General de división retirado y ministro del Interior durante la presidencia de facto de Jorge Rafael Videla, falleció a los 85 años mientras cumplía prisión domiciliaria, sin haber recibido una sentencia en su contra en los procesos por crímenes de lesa humanidad que enfrentaba. Su muerte extinguió la acción penal en su contra antes de que pudiera conocerse el veredicto de uno de los juicios que lo tenían como principal imputado.
Harguindeguy llegó al Ministerio del Interior el 29 de marzo de 1976, tras desempeñarse como jefe de la Policía Federal Argentina (PFA) durante 1975, bajo el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Permaneció en el cargo hasta el 29 de marzo de 1981, durante cinco años centrales de la dictadura.

Desde esa posición ocupó un lugar estratégico en la estructura estatal que sostuvo el terrorismo de Estado. Su cartera tenía bajo su órbita a la PFA y desempeñaba un papel central en la relación del régimen con las fuerzas de seguridad, las autoridades provinciales y los reclamos por las personas detenidas y desaparecidas.
El aparato represivo no se limitó a las operaciones militares clandestinas. También necesitó estructuras administrativas, organismos de seguridad y funcionarios capaces de sostener el funcionamiento del sistema y responder públicamente por las decisiones del régimen. Harguindeguy fue uno de los principales exponentes de esa dimensión política e institucional de la dictadura.
La actuación de Harguindeguy también quedó vinculada con el secuestro de los empresarios textiles Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto. Ambos fueron detenidos durante la dictadura y sometidos a un cautiverio utilizado para presionarlos con el objetivo de que participaran en negociaciones comerciales con empresarios de Hong Kong.
En ese expediente, la Justicia investigó la privación ilegal de la libertad y la extorsión. Harguindeguy fue procesado junto con Videla y, posteriormente, los tres fueron beneficiados por los indultos dispuestos por el presidente Carlos Menem en 1989. El perdón presidencial permitió cerrar entonces la persecución penal por esos hechos.
![]()
La situación cambió años después. En 2006, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de los indultos que beneficiaban a Harguindeguy y José Alfredo Martínez de Hoz en el marco de las investigaciones relacionadas con el caso Gutheim. De esa manera, se reabrió el camino para que los hechos volvieran a ser examinados judicialmente.
Con el avance de los procesos judiciales por los crímenes de la dictadura, Harguindeguy volvió a quedar bajo investigación. Entre las causas que lo involucraban se encontraba la relacionada con el Plan Cóndor, el sistema de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur que permitió perseguir, secuestrar y trasladar víctimas más allá de las fronteras nacionales.
También afrontaba un juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en Entre Ríos. La denominada megacausa Harguindeguy reunía investigaciones sobre hechos ocurridos en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, entre ellos privaciones ilegales de la libertad, tormentos y desapariciones.

Debido a su estado de salud y a su avanzada edad, el exgeneral cumplía prisión domiciliaria y seguía las audiencias por videoconferencia desde Buenos Aires. Su situación procesal reflejaba una de las principales dificultades de los juicios por crímenes de la dictadura: décadas después de los hechos, el paso del tiempo podía impedir que los acusados llegaran a recibir una sentencia.
Harguindeguy murió el 29 de octubre de 2012, cuando el juicio desarrollado en Paraná se encontraba próximo a su etapa final. El Tribunal Oral Federal declaró extinguida la acción penal por su muerte y dispuso su sobreseimiento respecto de los delitos que se le atribuían. No hubo, por lo tanto, una condena judicial contra él en ese proceso.
El 27 de diciembre de 2012, el tribunal dictó condenas contra otros acusados por delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia. La sentencia permitió establecer responsabilidades penales individuales, pero ya no podía pronunciarse sobre la responsabilidad de Harguindeguy, fallecido dos meses antes.