30/10/2026 - Edición Nº1361

Política

"Enérgico repudio"

La jugada de una diputada LLA por Flávio Bolsonaro en el Congreso: "Lawfare"

30/10/2026 | El planteo se conoce en medio de la controversia por el ingreso de Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú.

La diputada nacional de La Libertad Avanza María Celeste Ponce presentó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados para expresar su repudio a lo que considera actos de persecución política y hostigamiento judicial contra Flávio Bolsonaro, el senador brasileño que perdió las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La iniciativa cuestiona las decisiones de la Justicia de Brasil posteriores a los comicios y reclama explicaciones sobre las medidas adoptadas contra el dirigente opositor.

El planteo se conoce en medio de la controversia por el ingreso de Bolsonaro a la Argentina y su posterior salida en un avión privado desde Puerto Iguazú, pese a que la Justicia brasileña le había prohibido abandonar su país.

El episodio también abrió un frente político para el gobierno de Javier Milei, luego de que diputados de la oposición presentaran pedidos de informes e interpelaciones para conocer qué intervención tuvieron los funcionarios argentinos.

Qué dice el proyecto de Celeste Ponce sobre Flávio Bolsonaro

La iniciativa de Ponce busca que la Cámara baja manifieste su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por los hechos denunciados como persecución política, hostigamiento judicial e instrumentalización de las potestades estatales contra el senador brasileño.

El texto también expresa solidaridad con Bolsonaro, con su espacio político y con los 59.826.041 ciudadanos que, según los fundamentos del proyecto, lo acompañaron en las urnas. La diputada sostiene que esos votantes tienen derecho a contar con una oposición libre y sin intimidaciones.

“La oposición no es un delito y ningún juez se encuentra por encima de la Constitución, del debido proceso ni de los derechos políticos”, afirma el texto.

Entre sus principales planteos, Ponce cuestiona dos decisiones posteriores a las elecciones presidenciales del 25 de octubre: la extensión excepcional del horario de votación en determinadas secciones electorales y la orden judicial que dispuso que Bolsonaro entregara sus pasaportes y le prohibió salir de Brasil.

La legisladora considera que ambas medidas requieren explicaciones públicas y un examen de su legalidad y proporcionalidad. En ese sentido, solicita que las autoridades brasileñas fundamenten sus decisiones, esclarezcan las controversias electorales y garanticen el derecho a la defensa.

Además, el proyecto exhorta a los organismos internacionales competentes a observar la situación institucional brasileña.

Las críticas a la Justicia brasileña y las dudas sobre las elecciones

Uno de los cuestionamientos centrales del proyecto está dirigido a la extensión del horario de votación durante la segunda vuelta presidencial.

Según los fundamentos presentados por Ponce, el cierre ordinario de los comicios estaba previsto para las 17, pero una decisión atribuida al ministro del Supremo Tribunal Federal Cristiano Zanin permitió que las secciones que permanecían abiertas continuaran recibiendo votos hasta las 19.

La diputada objeta que la medida se comunicara una vez alcanzado el horario habitual de cierre y sostiene que esa circunstancia generó dudas sobre la previsibilidad y uniformidad de las reglas electorales.

El documento reconoce que ambas campañas habían solicitado medidas excepcionales por dificultades de transporte y condiciones climáticas en distintas regiones. Sin embargo, considera que esos pedidos no resuelven los interrogantes sobre la oportunidad y aplicación de la decisión.

Ponce también menciona los antecedentes profesionales de Zanin, quien defendió a Lula antes de ser propuesto por el entonces presidente para integrar el máximo tribunal brasileño. Según la legisladora, ese antecedente no demuestra por sí mismo una irregularidad, pero exige especial transparencia para preservar la confianza pública.

El proyecto cuestiona la prohibición de salida de Brasil

El segundo eje de la iniciativa apunta a la decisión del ministro Alexandre de Moraes de ordenar la entrega de los pasaportes de Bolsonaro y prohibirle abandonar el territorio brasileño.

Según repasó la legisladora libertaria, la medida se adoptó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y fue conocida públicamente después de que el propio senador relatara su situación.

La diputada sostiene que la aplicación de restricciones judiciales contra un dirigente opositor que acababa de obtener casi la mitad de los votos válidos exige un control especialmente riguroso: “Nadie se encuentra por encima de la ley, tampoco un dirigente opositor. Pero la vigencia de una investigación no transforma automáticamente en legítima cualquier restricción”.

El proyecto también introduce el concepto de lawfare usado habitualmente por el kirchnerismo: “Cuando una investigación penal, una medida cautelar o una orden administrativa es aplicada selectivamente, en forma desproporcionada o con consecuencias destinadas a excluir a un dirigente de la competencia pública, puede adquirir rasgos compatibles con prácticas de lawfare: la utilización expansiva de mecanismos jurídicos para producir efectos políticos que no pudieron obtenerse legítimamente en las urnas”.

“Defender a Flávio Bolsonaro frente a posibles abusos significa defender el derecho de casi sesenta millones de brasileños a contar con una oposición real. Significa afirmar que ningún gobierno puede ganar en los tribunales lo que no consiguió eliminar en las urnas; que ningún juez puede convertir una facultad excepcional en poder permanente; y que la ley debe proteger también, y especialmente a quienes incomodan al poder”, sigue Ponce.

La controversia por la salida de Bolsonaro desde la Argentina

El proyecto de Ponce se presenta en paralelo a la polémica que se abrió en el país por el ingreso de Flávio Bolsonaro y su familia a través de Misiones.

Según informó la Dirección Nacional de Migraciones, el senador, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina el 27 de octubre a las 22.50 por el paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves. El organismo sostuvo que viajaron con documentación válida y que no registraban impedimentos legales para ingresar al país.

Treinta minutos después, la comitiva abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador, según el plan de vuelo informado por Migraciones. Sin embargo, posteriormente trascendió que Bolsonaro había llegado a Miami.

La controversia se originó porque la Justicia brasileña le había prohibido salir de su país. El episodio generó cuestionamientos por parte de legisladores opositores, que reclamaron explicaciones al Gobierno argentino sobre los controles migratorios, el despacho del avión y el eventual conocimiento que pudieron tener las autoridades nacionales.

Así, el diputado de Unión por la Patria Agustín Rossi encabezó un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Diego Santilli, para que explique las circunstancias del ingreso y la salida de Bolsonaro. El proyecto incluye preguntas sobre el papel de Santiago Caputo, la intervención de los organismos de seguridad y el momento en que el presidente Javier Milei fue informado.

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano impulsó una iniciativa para interpelar al canciller Pablo Quirno, mientras otros legisladores anunciaron pedidos de informes y posibles denuncias judiciales.

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