Inundaciones, alimentos y AUH: a qué zonas de Santa Fe, Chaco y Corrientes buscan ayudar

Un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados propone declarar la zona de desastre y emergencia hídrica, social, sanitaria, alimentaria y productiva en sectores de Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos, afectados por las crecidas extraordinarias de los ríos y las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

La iniciativa plantea una respuesta nacional durante 365 días, con asistencia alimentaria y sanitaria, refuerzos para beneficiarios de prestaciones sociales, alivio fiscal y medidas para los productores agropecuarios.

La propuesta fue impulsada por los diputados nacionales Julieta Campo, Aldo Leiva, Raúl Hadad, Sergio Dolce y Florencia Carignano.

Uno de sus puntos centrales es la creación de un fondo de emergencia con un monto mínimo establecido por ley y un mecanismo de distribución automática entre las provincias, en función de la cantidad de personas damnificadas.

También contempla la reconstrucción de infraestructura dañada y la posibilidad de suspender facturas y prohibir cortes de servicios públicos en las zonas afectadas, mediante la adhesión de las jurisdicciones provinciales.

Qué provincias y localidades quedarían comprendidas

El artículo 1 establece una declaración de emergencia por 365 días para los departamentos, municipios y localidades ribereñas de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay e Iguazú, además de sus afluentes, en Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos.

La medida alcanzaría a las zonas afectadas por las crecidas extraordinarias y los eventos hidrometeorológicos extremos registrados desde el 1 de octubre de 2026. La delimitación precisa quedaría a cargo de la autoridad de aplicación, que tendría 15 días desde la entrada en vigencia de la ley para definir las áreas comprendidas, a partir de las propuestas provinciales y de informes técnicos de organismos nacionales y locales.

Entre las fuentes previstas figuran el Instituto Nacional del Agua (INA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Prefectura Naval Argentina y las autoridades provinciales de recursos hídricos y protección civil.

Hasta que se complete esa delimitación, se considerarían incluidas las localidades que registren personas evacuadas o autoevacuadas en los partes oficiales.

El proyecto también habilita al Poder Ejecutivo nacional a extender la emergencia a otras jurisdicciones que acrediten daños de igual naturaleza y origen, previa solicitud de la provincia interesada e informes técnicos.

El fondo para alimentos, agua potable y atención sanitaria

Uno de los principales instrumentos de la iniciativa es la creación del Fondo de Asistencia Alimentaria y Sanitaria para la Emergencia Hídrica (FAASEH), destinado a financiar la atención de las necesidades básicas de la población damnificada.

Entre sus objetivos figuran la entrega de módulos alimentarios y refuerzos nutricionales, con prioridad para niños, niñas, embarazadas, personas mayores y personas con discapacidad. También contempla la provisión de agua segura, medicamentos, insumos sanitarios y vacunas, además de acciones de vigilancia epidemiológica para prevenir enfermedades transmitidas por el agua y vectores.

El fondo podría financiar, además, la atención materno-infantil, los servicios de salud mental, los traslados sanitarios y el equipamiento de los centros de evacuación.

La iniciativa establece un piso presupuestario mensual vinculado a la cantidad de personas damnificadas registradas. Para calcularlo, se tomaría el número de inscriptos al cierre del mes anterior y se lo multiplicaría por el valor de la Canasta Básica Total para un adulto equivalente en la región Noreste, según la última publicación disponible del INDEC.

A ese componente alimentario se sumaría otro sanitario por un monto no inferior. Cada persona se contabilizaría durante un máximo de seis meses desde su inscripción o hasta el final de la emergencia, si esta concluyera antes.

Mientras el registro no esté operativo, se computaría a las personas evacuadas y autoevacuadas incluidas en los informes oficiales provinciales o municipales.

Refuerzos de ANSES y alivio para los contribuyentes

La propuesta incluye medidas de asistencia social para quienes ya reciben determinadas prestaciones nacionales. La ANSES debería otorgar a los titulares damnificados de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo y prestaciones alimentarias nacionales un suplemento extraordinario equivalente a una prestación mensual durante tres meses.

Además, se suspenderían durante la emergencia los descuentos correspondientes a créditos otorgados por el propio organismo.

En materia tributaria, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debería disponer para los damnificados la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la aplicación de medidas cautelares. También tendría que prorrogar vencimientos impositivos y de la seguridad social, y establecer planes especiales de pago sin intereses.

Reconstrucción de defensas y suspensión de servicios

La iniciativa ordena priorizar, mediante convenios con provincias y municipios, la reparación y finalización de defensas costeras, terraplenes, estaciones de bombeo y desagües. También contempla la reconstrucción de viviendas y de infraestructura urbana y rural dañada.

Otro punto aborda las facturas de electricidad y agua potable. El proyecto invita a las provincias a adherir y a disponer, dentro de sus competencias, la suspensión de la facturación y la prohibición de cortes por falta de pago para usuarios residenciales, rurales y pequeños comercios de las zonas afectadas mientras dure la emergencia.

Para los municipios, propone adoptar medidas equivalentes respecto de tasas y servicios. Como se trata de servicios y competencias que también dependen de autoridades provinciales y locales, estas disposiciones requerirían la adhesión correspondiente y no se aplicarían automáticamente por la sola aprobación de la ley nacional.