por Redacción NewsDigitales
La controversia por el futuro del histórico Balneario Atlántico de San Clemente del Tuyú escaló a un conflicto político que pone bajo cuestionamiento el accionar de la Municipalidad del Partido de La Costa, conducida por el intendente Juan de Jesús. Los responsables del establecimiento denuncian una persecución y apuntan contra una contradicción administrativa: la concesión venció en 2010, pero durante los 16 años posteriores el municipio continuó percibiendo obligaciones económicas vinculadas con la explotación del predio, hasta que en 2026 dispuso su restitución.
La denuncia adquirió especial repercusión por las publicaciones difundidas en redes sociales, donde se cuestionó la decisión de exigir el retiro del establecimiento cuando se aproxima una nueva temporada de verano.
“No le renovaron la concesión y durante 16 años le siguieron cobrando canon y tasas municipales. De repente, de un día para el otro, le piden que se vaya a un mes de la temporada. ¡Es una persecución política!”, sostuvieron en una de las publicaciones los titulares del lugar, en defensa del balneario.
La acusación expone el eje central de una disputa que excede la continuidad de un emprendimiento privado: ¿por qué el Estado municipal permitió que el establecimiento siguiera funcionando durante más de una década y media sin resolver formalmente su situación contractual y decidió exigir ahora la devolución del espacio?
El Balneario Atlántico funciona en la intersección de la calle 18 y la playa de San Clemente del Tuyú. Su historia supera las tres décadas y constituye uno de los establecimientos tradicionales de la localidad.
Según la documentación administrativa difundida públicamente, la concesión original venció el 30 de abril de 2010 y no consta una renovación formal posterior. Sin embargo, el establecimiento continuó operando y abonando obligaciones municipales vinculadas con su actividad.
Los expedientes indican que los cánones correspondientes a distintos períodos entre 2012 y 2021 fueron regularizados mediante un plan de pagos formalizado en enero de 2022. También figuran pagos posteriores correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025.
Esta situación constituye uno de los principales argumentos de quienes cuestionan al municipio. Aunque el cobro de un canon no implica necesariamente la renovación automática de una concesión, la continuidad de la explotación durante 16 años abre interrogantes sobre la responsabilidad administrativa del Estado y los criterios utilizados para exigir ahora la restitución del predio.
La Municipalidad sostiene que esos pagos correspondían a la utilización efectiva del espacio público y que no modificaron el vencimiento contractual.
Lucas Cosentino, responsable del Balneario Atlántico, cuestionó públicamente el procedimiento municipal y atribuyó responsabilidades políticas al intendente Juan de Jesús y a su hijo, Juan Pablo de Jesús.

En declaraciones difundidas por NdR Radio, Cosentino calificó lo sucedido como una persecución y también cuestionó la actuación de dirigentes locales que, según su versión, habían comprometido gestiones para encontrar una solución.
Los responsables del establecimiento sostienen que durante los últimos meses enfrentaron inspecciones, clausuras e intimaciones que interpretan como mecanismos de presión para abandonar el lugar.
El conflicto también involucra el futuro de más de 30 puestos de trabajo vinculados con el emprendimiento, de acuerdo con las cifras difundidas por sus responsables, y las reservas que ya habían comenzado a recibir para la próxima temporada.
Cosentino planteó que no pretende permanecer indefinidamente en el predio y propuso continuar durante un último verano para organizar el cierre de la actividad y evitar una salida abrupta.

La controversia también presenta antecedentes administrativos que forman parte de la posición oficial.
El municipio inició cinco acciones judiciales vinculadas con deudas y sanciones. Cuatro de ellas, promovidas en mayo de 2026, acumulan multas por $8.214.840, sin intereses ni costas.
Las actuaciones incluyen infracciones atribuidas al establecimiento por intervenciones sobre médanos, modificaciones no autorizadas, deficiencias eléctricas y actividades fuera del rubro habilitado, entre otras observaciones.
El intendente Juan de Jesús rechazó las acusaciones de arbitrariedad y defendió la recuperación del predio como parte de una política de ordenamiento costero.
“No es nada personal, esto es una cuestión de servicio”, sostuvo el jefe comunal al explicar la decisión.

También aseguró que el lugar no será entregado a otro empresario privado, sino destinado a un balneario público, con actividades recreativas, colonias de vacaciones y servicios para vecinos y turistas.
La administración municipal argumenta que la recuperación de espacios costeros permitirá ampliar el acceso público a las playas y proteger el sistema de médanos.
La disputa por el Balneario Atlántico derivó en presentaciones judiciales destinadas a cuestionar la restitución del establecimiento.
El propio intendente informó que una instancia judicial en Dolores resultó favorable a la posición municipal y que los responsables del balneario recurrieron también a la Justicia con sede en Mar del Plata.
En paralelo, el proceso general de renovación de concesiones turísticas del Partido de La Costa provocó denuncias de dirigentes opositores, entre ellos el concejal Martín Fernández y la exconcejal Evangelina Cordone, quienes cuestionaron la transparencia de las licitaciones y el acceso a la documentación administrativa.
Aunque se trata de actuaciones distintas, ambos conflictos colocaron bajo discusión el manejo municipal de los espacios públicos del frente costero.
Más allá de las infracciones atribuidas al establecimiento y del derecho del municipio a recuperar un espacio público cuya concesión se encuentra vencida, el caso deja planteado un interrogante político y administrativo.
Si el contrato terminó en 2010, ¿por qué la Municipalidad permitió que el Balneario Atlántico continuara explotando el predio durante 16 años y regularizó el cobro de cánones correspondientes a ese período?
La explicación oficial diferencia el pago de obligaciones económicas de la vigencia legal de la concesión. Sin embargo, esa interpretación no elimina el debate sobre la oportunidad de la medida, el tratamiento recibido por el concesionario y las consecuencias laborales de una restitución exigida en vísperas del verano.
Mientras los responsables del balneario denuncian persecución política y reclaman una última temporada de actividad, el gobierno de Juan de Jesús sostiene que actúa dentro de sus atribuciones y en defensa del patrimonio público.
El conflicto permanece atravesado por una contradicción que exige explicaciones: durante años el municipio administró y cobró obligaciones por la explotación de un balneario sin concesión renovada; ahora pretende recuperar ese mismo espacio antes de una de las etapas comerciales más importantes del año.