El Gobierno se apura a cerrar el escándalo de ANDIS, pero la Justicia dice otra cosa

El Gobierno difundió ayer una supuesta conclusión pericial que, según su interpretación, desacredita los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad. La noticia fue presentada como un avance para desarmar las sospechas que alcanzaron a funcionarios cercanos a Javier Milei.

Sin embargo, desde Comodoro Py advirtieron que el informe de Gendarmería todavía no había sido incorporado formalmente al expediente y que no existía una conclusión definitiva firmada. La diferencia importa porque la causa avanzó durante meses con pruebas que exceden esas grabaciones.

Qué dicen los audios y qué se sabe del peritaje

Las grabaciones difundidas en 2025 contenían una voz atribuida a Spagnuolo que describía un sistema de retornos en las compras de medicamentos y mencionaba a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem. Las defensas cuestionaron la autenticidad del material y el oficialismo denunció una operación política.

La información difundida este jueves atribuyó a especialistas de Gendarmería la identificación de cortes, discontinuidades, posibles regrabaciones y problemas en la cadena de custodia. Según esas versiones, no se pudo certificar la autenticidad de los archivos ni atribuir las voces, y tampoco descartar manipulación mediante inteligencia artificial. No poder autenticar una grabación es diferente de demostrar que su contenido fue inventado. Para lo segundo harían falta otras pruebas.

El problema se agrava por la forma en que se conocieron esos resultados. Mientras desde la Casa Rosada circulaba una lectura terminante, fuentes judiciales señalaban que la pericia seguía en curso y que faltaba un documento final firmado. El Gobierno puede cuestionar esos audios, pero debería distinguir las hipótesis de las conclusiones.

Eran truchos, como afirmé ni bien tomé la defensa. Los protocolos de DATIP y GENDARMERIA son técnicamente perfectos. Si permitimos que cualquier video que anda dando vueltas de lugar a la promoción de una causa penal sin ningún examen previo ni rigor pericial, dejamos la justicia en la mano de los servicios de inteligencia de cualquier portencia y/o de empresarios inescrupulosos y/o de operadores mediáticos y/o de opositores políticos no importa su signo Causa Andis: el peritaje técnico determinó que los audios de Spagnuolo no son auténticos - Infobae https://t.co/qqM57HWoj2

— Mauricio Dalessandro (@dalessamauricio) October 29, 2026

Una causa que ya avanzó mucho más allá de las grabaciones

La causa de Ariel Lijo y Franco Picardi avanzó desde la aparición de los audios. En septiembre, la Cámara Federal confirmó los procesamientos de Spagnuolo y otras dieciocho personas por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos. En octubre, la investigación se extendió a insumos vinculados con traumatología, cardiología, implantes y otras prestaciones. El juez amplió procesamientos y avanzó sobre nuevos implicados, a partir de documentación, contrataciones y comunicaciones incorporadas a la causa.

La fiscalía sostiene que existieron mecanismos para direccionar compras, simular competencia y pagar sobreprecios. Según la reconstrucción judicial, las diferencias de precios identificadas hasta ahora en medicamentos e insumos suman unos 7.833 millones de pesos. Es una estimación parcial, que exige mirar el manejo de los recursos públicos más allá de las grabaciones.

La semana pasada hubo otro avance: los fiscales pidieron la indagatoria de 36 personas, incluidos directivos de la droguería Suizo Argentina, a la que atribuyen un papel central en las contrataciones cuestionadas. En su presentación sostienen que la firma recibió adjudicaciones por más de 137.000 millones de pesos entre mayo de 2024 y agosto de 2025, alrededor del 29,5% de lo adjudicado por la agencia durante ese período. Las imputaciones deben ser examinadas por el juez, pero la investigación tiene una base documental propia.

La discusión política que el Gobierno quiere dar

La defensa política del oficialismo parece concentrarse en la credibilidad de los audios. Esas grabaciones hicieron público el caso y mencionaron a la hermana del Presidente. Karina Milei, por su parte, no está imputada en esta causa. Sería incorrecto convertir la mención que aparece en un archivo cuestionado en una responsabilidad penal acreditada.

Pero la discusión pública tampoco puede reducirse al destino de los audios. Si se demuestra que fueron editados, habrá que establecer qué se modificó, quién lo hizo y con qué propósito. Y si finalmente no es posible autentificarlos, corresponderá evaluar su valor dentro del expediente. Ninguno de esos escenarios borra por sí mismo la evidencia reunida sobre compras, proveedores y funcionarios. Los procesamientos existentes no se apoyaron en las grabaciones como prueba de cargo. Lo que discuten los tribunales es el funcionamiento de un sistema de contrataciones: cómo se seleccionaban proveedores, quién fijaba precios y si existieron pagos indebidos. Esa reconstrucción debe sostenerse o caerse con sus propias pruebas.

Hay algo especialmente delicado en esta disputa. El organismo investigado debía garantizar medicamentos y prestaciones para personas con discapacidad, muchas de ellas sin otra cobertura. Cada peso que pudiera haberse pagado de más y cada contratación irregular merecen una respuesta que vaya más allá de una victoria comunicacional. El Poder Ejecutivo puede discutir la legitimidad del material que originó el escándalo; también debe explicar qué controles fallaron durante la gestión de una agencia que dependía de su administración.

La reacción del jueves deja esa diferencia a la vista. Mientras el Gobierno buscó presentar los audios como desacreditados, la Justicia continuaba con una investigación por posibles irregularidades de miles de millones de pesos. Las responsabilidades aún deben probarse. También corresponde exigir explicaciones sobre las contrataciones. La noticia que intentó instalar la Casa Rosada habló de unas grabaciones. El expediente, a esta altura, habla de bastante más.