Subsidios al transporte: la Corte se mete en la disputa millonaria entre Kicillof y Milei

La Corte Suprema de Justicia decidió intervenir en uno de los conflictos económicos que enfrenta a la administración de Axel Kicillof con el gobierno de Javier Milei: la eliminación de los subsidios nacionales destinados al transporte público del interior del país.

El máximo tribunal aceptó tratar la demanda presentada por la provincia de Buenos Aires y le otorgó al Poder Ejecutivo Nacional un plazo de 60 días para responder. La decisión reabre una discusión que comenzó en febrero de 2024 y que involucra recursos millonarios, aumentos en los boletos de colectivos y las responsabilidades de cada jurisdicción en el financiamiento del transporte.

Sin embargo, el pronunciamiento judicial tiene un alcance específico: la Corte todavía no resolvió si la eliminación de los subsidios fue constitucional ni ordenó al Gobierno nacional devolver el dinero reclamado.

¿Qué subsidios eliminó el Gobierno y por qué comenzó el conflicto?

El origen de la disputa se remonta al 8 de febrero de 2024, cuando el Ministerio de Economía anunció que dejaría de transferir los recursos correspondientes al Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País.

Este mecanismo había sido creado en 2018 mediante el artículo 125 de la Ley 27.467, con una asignación inicial de $6.500 millones para compensar desequilibrios financieros de los sistemas de transporte fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Su funcionamiento permitía que el Estado nacional aportara recursos para sostener parte de los costos operativos de los servicios de colectivos en distintas ciudades.

En términos sencillos, los subsidios contribuían a cubrir la diferencia entre lo que cuesta prestar el servicio y los ingresos obtenidos mediante la venta de pasajes.

La eliminación de esos aportes formó parte de la política de reducción del gasto público y de las transferencias nacionales a las provincias impulsada por la administración libertaria.

La decisión fue formalizada posteriormente mediante el artículo 18 del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, publicado en marzo de ese año.

A partir de entonces, los gobiernos provinciales y municipales debieron afrontar un escenario de mayores exigencias presupuestarias para sostener los servicios de transporte.

¿Qué reclama Kicillof y cuánto dinero está en discusión?

La administración bonaerense cuestiona tanto la eliminación del fondo como la falta de transferencias correspondientes a períodos anteriores. Según documentación oficial presentada por la Provincia, el reclamo comprende dos conceptos principales:

-$2.178.353.531 correspondientes al saldo pendiente del Fondo de Compensación durante 2023.

-$2.955.000.000 por recursos que, según el Gobierno bonaerense, debieron transferirse durante el primer trimestre de 2024.

La suma de ambos conceptos supera los $5.133 millones, sin contemplar los intereses reclamados.

Estos importes constituyen parte de la pretensión económica provincial y todavía no fueron reconocidos como deuda exigible por la Corte Suprema.

La presentación judicial también solicita que se declare la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU 280/2024 y que se ordene al Estado nacional transferir los fondos correspondientes.

El argumento central de Buenos Aires es que el mecanismo de financiamiento tenía respaldo legislativo y que su continuidad había sido contemplada en distintas disposiciones presupuestarias. En particular, la Provincia sostiene que la Ley 27.701 y el Decreto 88/2023 respaldaban la vigencia del esquema durante los períodos discutidos.

Por ese motivo, cuestiona que el Poder Ejecutivo nacional haya decidido interrumpir las transferencias mediante una disposición unilateral.

¿Cómo impactó la eliminación de los subsidios en el precio del boleto?

Una de las principales consecuencias del conflicto está relacionada con el costo del transporte público. Cuando el Estado deja de aportar recursos para financiar parte del funcionamiento de los colectivos, esa diferencia debe cubrirse mediante otras fuentes.

En términos generales, existen tres posibilidades: que los gobiernos provinciales o municipales incrementen sus propios subsidios, que las empresas absorban parte de los mayores costos o que se trasladen aumentos a las tarifas pagadas por los pasajeros.

En su demanda, la administración bonaerense sostiene que la eliminación del Fondo de Compensación provocó un deterioro de la previsibilidad presupuestaria y contribuyó al encarecimiento del transporte.

El impacto no fue necesariamente uniforme, porque cada jurisdicción cuenta con sus propios esquemas tarifarios, aportes públicos y mecanismos de financiamiento.

También resulta importante distinguir los servicios del interior bonaerense de aquellos que funcionan dentro del AMBA, donde existen otros regímenes de compensaciones y distribución de responsabilidades.

Por eso, una eventual restitución de los recursos no implicaría automáticamente una reducción generalizada del boleto. Para que eso ocurriera, deberían adoptarse decisiones adicionales sobre la utilización de los fondos y la estructura tarifaria.

¿Qué decidió realmente la Corte Suprema?

La resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti establece que el máximo tribunal tiene competencia para intervenir directamente en el conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el Estado nacional. Esto significa que la controversia será examinada por la Corte sin necesidad de recorrer previamente otras instancias judiciales.

Los magistrados dispusieron que el Gobierno nacional sea notificado y cuente con 60 días para presentar su contestación. Una vez recibida esa respuesta, o cuando venza el plazo establecido, el tribunal podrá analizar el pedido de medida cautelar presentado por Buenos Aires. Esa solicitud busca que la Nación transfiera los recursos reclamados mientras se desarrolla el proceso judicial.

La diferencia es fundamental: aceptar la competencia para estudiar una demanda no equivale a considerar válidos los argumentos de quien la presenta.

La Corte deberá evaluar tanto las facultades del Poder Ejecutivo para modificar el esquema de financiamiento como los derechos que la Provincia considera afectados.

Un conflicto que también involucra a La Rioja y La Pampa

La disputa por los subsidios al transporte no se limita a Buenos Aires. La Corte Suprema también aceptó intervenir en planteos similares impulsados por las provincias de La Rioja y La Pampa.

En el caso pampeano, el tribunal dispuso que la controversia avance mediante un juicio ordinario, mientras que La Rioja deberá reformular su presentación para adecuarla a esa vía procesal.

La coincidencia de los reclamos evidencia que la eliminación del Fondo de Compensación abrió una discusión más amplia sobre el financiamiento federal del transporte público.

Detrás de las demandas aparece una cuestión estructural: hasta dónde llegan las responsabilidades económicas de la Nación y qué obligaciones deben asumir las provincias para sostener servicios esenciales.

La discusión también plantea interrogantes sobre los límites constitucionales de las decisiones presupuestarias del Poder Ejecutivo.

¿Qué puede pasar ahora con los subsidios?

El próximo movimiento procesal corresponde al Gobierno nacional, que deberá responder los cuestionamientos formulados por Buenos Aires.

A partir de esa presentación, la Corte tendrá que evaluar si existen fundamentos suficientes para conceder una medida cautelar que ordene transferencias mientras continúa el juicio.

Una resolución favorable a la Provincia podría representar un avance importante en su reclamo económico, aunque no necesariamente implicaría una sentencia definitiva sobre la constitucionalidad del decreto. Por el contrario, si el tribunal rechaza la cautelar, la discusión de fondo podría continuar sin que se produzca una restitución inmediata de recursos.

El expediente adquiere además relevancia por la existencia de planteos similares de otras provincias, que podrían verse alcanzadas por los criterios jurídicos que establezca el máximo tribunal.

De esta manera, lo que comenzó como una decisión administrativa para reducir el gasto público se transformó en una controversia judicial sobre el reparto de recursos entre la Nación y las provincias.

Y aunque todavía no existe una definición sobre quién tiene razón, la decisión de la Corte introduce una nueva instancia en una disputa que lleva más de dos años y que tiene consecuencias directas sobre el financiamiento del transporte público.