Las apuestas online dejaron de ser una actividad limitada a los adultos y se convirtieron en una preocupación creciente para familias, docentes y especialistas. La facilidad de acceso desde teléfonos celulares, la publicidad en redes sociales y la circulación de dinero mediante billeteras virtuales ampliaron la exposición de los adolescentes a las plataformas de juego. En ese contexto, el economista Hernán Lacunza publicó un mensaje en X en el que cuestionó la falta de controles y reclamó una respuesta frente al avance del fenómeno.
"Las apuestas en línea están en auge. Niños pobres, ricos, de clase media. Pierden sus estudios y sus trabajos. Algunos roban para pagar sus deudas. Fingimos prohibir las apuestas de menores de edad. Pero no se aplica la ley. ¿Vamos a seguir haciéndonos los tontos?", expresó el exministro de Economía bonaerense.
La apuesta on line avanza. Chicos pobres, ricos, clase media. Pierden estudio y trabajo. Algunos roban para pagar deudas. Simulamos prohibir juego de menores. No se cumple. Vamos a seguir haciéndonos los distraídos? @maruduffard @fedemayol @infobaenvivo https://t.co/C80A76pQAt https://t.co/jBKPYyYexA
— Hernán Lacunza (@hernanlacunza) October 30, 2026
El planteo pone el foco en una problemática que no reconoce fronteras económicas y que plantea interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para hacer cumplir las restricciones vigentes. La preocupación no se limita al dinero perdido: también alcanza los vínculos familiares, el desempeño educativo y la salud mental de quienes desarrollan conductas compulsivas.
La advertencia del exministro de Economía encuentra respaldo en distintos relevamientos sobre los hábitos digitales de las adolescencias. Según el estudio Kids Online Argentina, realizado por UNICEF y UNESCO, el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años afirmó haber realizado apuestas online alguna vez.
El dato revela la dimensión de un fenómeno que se extiende más allá de los sectores tradicionalmente asociados al juego. La posibilidad de apostar desde un teléfono celular, sin necesidad de concurrir a un establecimiento físico, modificó las condiciones de acceso y acercó estas prácticas a espacios cotidianos como las escuelas y los hogares.

En enero de 2026, UNICEF también advirtió que las apuestas digitales generan preocupación entre docentes y familias por su presencia creciente en la vida de los adolescentes. La organización señaló que el acceso a estas plataformas puede afectar el bienestar psicosocial y comprometer actividades fundamentales para el desarrollo de niños y jóvenes.
En la Argentina, las apuestas de dinero están prohibidas para menores de 18 años. Sin embargo, esa restricción legal no impide que adolescentes ingresen a plataformas mediante perfiles falsos, datos de adultos o sitios que carecen de mecanismos efectivos de verificación de identidad.
El problema tiene, además, una dimensión regulatoria. El sistema de autorización y fiscalización del juego online se encuentra descentralizado en las jurisdicciones provinciales y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según información oficial actualizada en octubre de 2026, veinte de las veinticuatro jurisdicciones cuentan con regulación operativa de esta actividad.
A esa fragmentación se suma la presencia de operadores ilegales que funcionan al margen de los controles estatales. Estas plataformas pueden facilitar el ingreso de menores, dificultar la trazabilidad de las operaciones y dejar a los usuarios sin mecanismos adecuados de protección.
La diferencia entre los operadores autorizados y los clandestinos resulta central: mientras los primeros deben cumplir requisitos de identificación y control, los segundos pueden operar sin las garantías exigidas por las autoridades.
La discusión también llegó al Congreso. El 26 de mayo de 2026, el Gobierno nacional presentó el Proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea, con el objetivo de ordenar el mercado, limitar la publicidad y fortalecer la protección de niños y adolescentes.
La iniciativa busca establecer herramientas de prevención y articular políticas sanitarias entre la Nación y las distintas jurisdicciones. Sin embargo, su presentación no equivale a una ley vigente: el debate legislativo continúa siendo parte de una discusión más amplia sobre las responsabilidades del Estado, las empresas operadoras y las plataformas digitales.
El mensaje de Lacunza vuelve a colocar esa discusión en la agenda pública. Su pregunta apunta a una contradicción difícil de ignorar: existe una prohibición expresa para que los menores apuesten, pero miles de adolescentes encuentran caminos para ingresar a un mercado que funciona permanentemente desde sus dispositivos.