La Ley Malvinas que Javier Milei mandó al Congreso no se ocupa solo de las islas. Entre sus 154 artículos hay uno que define cómo trabajan y qué tienen prohibido los espías de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).
El proyecto ya tiene dictamen en la Cámara de Diputados: La Libertad Avanza (LLA) lo firmó el 27 de octubre con el PRO, la UCR y otros aliados, y este viernes quedó impreso como Orden del Día Nº 514. El oficialismo quiere votarlo el jueves 12 de noviembre, aunque la sesión todavía no está convocada.
La discusión pública se concentró en las petroleras de Malvinas y en el delito de injerencia extranjera. Pero el artículo sobre la SIDE tiene una consecuencia que va a durar más que este gobierno.
El 15 de septiembre, Milei firmó el Decreto 1021/2026, que fija las nuevas reglas para los agentes de la SIDE desde el 1° de enero de 2027. Dos días después, mandó la Ley Malvinas con un artículo que convierte esas reglas en ley.
Hoy, cualquier presidente puede cambiar esas reglas con una firma. Si la ley se aprueba, para tocarlas va a hacer falta que lo voten las dos cámaras del Congreso.
“Si queda como decreto, se deroga con otro decreto en 5 minutos. Si queda como ley dentro de la Ley de Soberanía, para cambiarlo necesitás otra ley. Es un blindaje”, explicó a NewsDigitales Marcelo Seghini, asesor en Defensa y Seguridad.
Dicho de otro modo, la ley dejaría congelado el modelo de SIDE que armó el gobierno de Milei, con el asesor presidencial Santiago Caputo como impulsor del proyecto. Las reglas de los espías que hoy dependen de una firma del Presidente quedarían fijas aunque cambie el gobierno.
El proyecto lo resuelve en una sola frase: “Adóptase el Estatuto para el Personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado”. Las reglas no figuran en el proyecto ni en el dictamen: están en un anexo de 32 páginas del decreto. Y el mensaje con el que el Gobierno presentó la ley ni siquiera lo menciona.
Estas son algunas de las obligaciones y prohibiciones que quedarían atadas por ley:

El blindaje no alcanza a todo. El propio estatuto deja varios temas sensibles en manos del secretario de Inteligencia, hoy Cristian Auguadra, que puede regularlos con normas internas.
Entre ellos están los componentes del sueldo de los agentes, las faltas y las sanciones disciplinarias, y la paga de los militares y policías retirados que se sumen al organismo. Es decir: las prohibiciones quedarían fijas por ley, pero cómo se arma el sueldo y cómo se castiga seguiría dependiendo del jefe de turno.

El diputado Esteban Paulón, que firmó uno de los dictámenes de minoría, coincide en el diagnóstico. “Básicamente lo que hacen es blindar el estatuto”, dijo a NewsDigitales.
Su crítica apunta al rol del Congreso. “Le pasa la pelota al Congreso de la Nación, pero el Congreso no interviene, porque le da la intervención al Congreso e incorporan automáticamente el anexo que ya está en el decreto”, explicó.
Unión por la Patria lo señaló en su dictamen de minoría, firmado, entre otros, por Germán Martínez, Agustín Rossi y Juan Grabois. Allí habla de “un blanqueo legislativo” de un estatuto “que el Congreso Nacional nunca debatió”.
El debate llega en una semana difícil para el organismo. El 27 de octubre, el senador brasileño Flávio Bolsonaro entró a la Argentina por el puente Tancredo Neves y despegó en un avión privado desde Puerto Iguazú, según confirmó el Gobierno.
Rossi, Rodolfo Tailhade y Ramiro Gutiérrez presentaron en la Comisión Bicameral de Inteligencia un pedido de informes con 14 preguntas para saber si la SIDE participó del operativo.
El oficialismo consiguió 60 firmas, pero no todas sin condiciones. Varios aliados firmaron con disidencias, reclaman cambios en la redacción de los artículos 127, 128 y 129, y algunos anticipan que, si no los hay, votarían en contra en el recinto. Esos tres artículos no son los de la SIDE: crean nuevos delitos en el Código Penal, entre ellos el de injerencia extranjera, y los aliados piden precisar cómo alcanzarían a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El plazo para presentar observaciones al dictamen vence el 12 de noviembre, la misma fecha que busca LLA para la sesión. Para aprobar el proyecto, necesita quórum de 129 diputados y la mayoría de los votos presentes. Si consigue la media sanción, pasará al Senado.